El día de los gremialistas rionegrinos procesados

Al secretario general de UPCN se le imputa administración fraudulenta. Para el juez Igoldi se quedó con 1,1 millones de pesos del sindicato. El titular de ATE, acusado por cortar rutas.



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Scalesi cuestionó a Igoldi porque lo procesó “a menos de 24 horas” de sus indagatorias.

Dos de los sindicalistas más importantes de Río Negro fueron procesados ayer, en causas distintas y por diferentes delitos.

Por la mañana, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue a declarar a la sede de la Justicia Federal en Roca, por tres cortes de ruta, y fue notificado que había quedado un paso más cerca del juicio oral y público por bloqueos anteriores ocurridos en Cipolletti y Río Colorado.

Por la tarde la misma medida fue anunciada por la Justicia Provincial, contra el titular de UPCN, Juan Carlos Scalesi.

La acusación en este caso es por un delito más grave.

El juez Favio Igoldi lo procesó por la utilización de un 1,1 millones de pesos del gremio.

El dirigente argumentó que esos desembolsos fueron por obras de los complejos turísticos, pero el magistrado concluyó que ese dinero “tuvo como destino el lucro indebido” de Scalesi y del tesorero, Rubén Pereyra, el otro procesado.

A ambos se les imputa el delito de “administración fraudulenta” y también incluyó un embargo de bienes por 1,1 millones de pesos.

La denuncia original de la agrupación interna EPUC apuntó a la utilización en marzo del 2013 de 1,1 millones de pesos del gremio, imputados a “juicios por el Fondo Compensador” y cobrados en dos cheques por ventanilla.

Los procesados argumentaron que esos desembolsos fueron a pagar de obras en los complejos de Las Grutas y El Cóndor.

Igoldi no creyó esas defensas, pero dispuso pericias para precisar materiales, “la antigüedad y particularidades de esas construcciones”.

En su conclusión, el magistrado entendió que Scalesi y Pereyra “tomaron el dinero de UPCN, cuya administración tenían, y no le dieron el uso al que aludían, beneficiándose ellos y no descartando a terceras personas, de manera indebida. La maniobra es clara: tomar el dinero, dándole un viso de legalidad administrativa (refacciones en bienes de UPCN), pero no justificar esto –mejor dicho intentar– hasta la existencia de la denuncia que dio origen al presente proceso (año 2014)”, señaló.

Entendió “llamativo que todas las facturas de adquisición de materiales y pago de mano de obra fueran emitidas más de un año después de la realización de la obra (para ser concretos, casi una año y medio después), cuando se tomó semejante suma de dinero ($ 1.100.000). No caben dudas –agregó– de la responsabilidad de ambos imputados, conforme punto 5 del informe pericial contable ambos tenían en manejo de los fondos de UPCN”, afirmó Igoldi.

Ayer, antes de conocerse la información oficial, la conducción de UPCN cuestionó la resolución “por exprés” y considerando que Igoldi “ni leyó los documentos, que son muy claros; no escuchó las declaraciones, ni siquiera cuenta con todas las pruebas, ya que junto al procesamiento ordena pericias para buscar pruebas”.

(AV)

Scalesi y Aguiar, complicados


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