El Estado prófugo

En otras circunstancias, el que Cristian Lanatta y Víctor Schillaci hayan logrado eludir a sus perseguidores durante más de dos semanas, y su compañero de fuga, Martín Lanatta, por casi dos, sólo interesaría a los apasionados por los dramas policiales, pero gracias a los presuntos vínculos de los tres escapados con dirigentes tan destacados como el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández el asunto no tardó en adquirir connotaciones políticas alarmantes. Asimismo, desde el momento en que los asesinos convictos salieron caminando de una cárcel de máxima seguridad, para entonces intentar huir a Paraguay a través de tres provincias, pareció evidente que los ayudaban miembros del servicio penitenciario bonaerense, algunos policías y distintos personajes de trayectoria dudosa que les habrían facilitado dinero, armas y medios de transporte. Que la mayoría haya llegado a tal conclusión no debería motivar sorpresa. Es notorio que el gobierno kirchnerista hizo muy poco para frenar lo que el papa Francisco calificó de la “mexicanización” del país, con el resultado de que en los años últimos la Argentina se ha visto convertida en un santuario para narcotraficantes procedentes de México, Colombia, Perú y otros países que se han aliado con delincuentes locales y sus mucho cómplices, mientras que en ciudades como Rosario y zonas del conurbano bonaerense cabecillas narcos están desempeñando papeles que antes eran propios de punteros políticos. Si bien los fugados no ocupaban lugares significantes en la jerarquía narco, a algunos sujetos les habrá parecido conveniente darles una mano aunque sólo fuera por suponer que les permitiría enviar a las autoridades nacionales un mensaje intimidatorio, advirtiéndoles que les sería más sensato pactar con el crimen organizado de lo que sería tomar en serio sus promesas electoralistas y tratar de aplastarlo. La cacería que se puso en marcha el 27 de diciembre del año pasado y que continuaría hasta la madrugada de lunes, se caracterizó por la confusión y la inoperancia. Los presuntamente resueltos a capturar cuanto antes a tres sicarios peligrosísimos carecían de los medios materiales que en circunstancias similares emplearían sus equivalentes en países más ricos, de suerte que a veces los intentos de ubicarlos, debidamente televisados, parecieron más apropiados para el siglo XIX que para el XXI. Para colmo, las diversas fuerzas policiales y la Gendarmería que intervinieron actuaron a veces como si estuvieran más preocupados por la defensa de su propio territorio que por la necesidad de poner fin al escape. Fue por tal razón que el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich celebraron prematuramente la presunta captura de los tres cuando sólo Martín Lanatta se había entregado. Si algo les habrá enseñado “el papelón” resultante, es que con escasas excepciones los organismos estatales, en especial los de seguridad, funcionan mal y por lo tanto les sería mejor desconfiar de virtualmente todos. Puede que no fueran víctimas de información falsa confeccionada por individuos deseosos de engañarlos, pero es comprensible que lo hayan sospechado. Puede que haya sido un tanto ingenuo el manejo por parte del gobierno nacional de la situación creada por la fuga de los condenados por el asesinato de farmacéuticos que participaban del negocio lucrativo de la efedrina, pero sucede que, cuando es cuestión de luchar contra “las mafias”, el realismo plantearía muchos riesgos. Los funcionarios del nuevo gobierno no tienen más alternativa que la de confiar, o fingir confiar, en la buena voluntad de sus interlocutores de otras fuerzas políticas y de los jefes policiales con la esperanza de que se pongan a la altura de sus responsabilidades. Dadas las circunstancias, tendrán que gobernar el país tal y como es con los instrumentos existentes, por defectuosos que muchos resulten ser. Aunque Macri y los integrantes de los equipos que ha formado se han propuesto mejorarlos poco a poco, para que por fin la Argentina tenga un Estado auténtico, durante mucho tiempo les será necesario trabajar con lo que el presidente llama “un sistema podrido”, un sistema que muchos procurarán defender porque están acostumbrados a aprovechar las muchas oportunidades para enriquecerse que les brinda.