El Estado rionegrino tardó 22 años para liquidar Sapse

La historia de la burocracia rionegrina escribió un capítulo más. Con un millonario gasto en el medio, recién este año logró concretar el proceso de liquidación de Servicios Aéreos Patagónicos (Sapse), que operó entre 1991 y 1997, año en que se dispuso su cierre.

En más de dos décadas se gastaron ingentes recursos obteniendo una mísera suma en los remates de material de vuelo, lo que seguramente el contribuyente rionegrino podría tachar de impericia o negligencia.

Un reciente edicto publicado en el Boletín Oficial dio cuenta de la terminación del que pareció un inagotable procedimiento administrativo iniciado en el marco de una serie de medidas de ajuste de la entonces administración Verani, que luego derivó en la creación de una sociedad anónima cuyas rutas quedaron para Vía Bariloche a través de Sapsa.

El último envión para cerrar el ciclo en forma definitiva lo pudo dar la síndica Natalia Rueda. En 2013 fue designada por el secretario de Empresas Públicas, Roberto Meschini, en ese cargo dentro del grupo liquidador de SAPSE, liquidación que había comenzado en el año 1997, y no había concluido por diversas dificultades.

Un año más tarde, la liquidadora oficial, en conjunto con la subsecretaria de Gobierno, Suyay Urrutia, la escribana de Gobierno Gabriela Benito, el abogado de Fiscalía de Estado Federico Rosbaco, y el director de Aeronáutica José Scheverin, realizaron una toma de inventario de los bienes con la idea de protegerlos así como el hangar existente en el aeropuerto de Viedma.

En distintas reuniones se decidió realizar el traspaso de los bienes de la sociedad a un fondo fiduciario para su posterior subasta, y el remanente utilizarlo para los gastos que demande la liquidación y disolución de la firma, ya que no se asignó presupuesto alguno para esta tarea.

Rueda aclaró a “Río Negro” que en los últimos tiempos trabajó sin recursos y se buscó optimizar así la gestión, en comparación con otras liquidaciones que contaban con presupuesto para concluirla.

Una vez cancelados los activos, se procedió a realizar una asamblea en diciembre de 2018 para  aprobar los Estados Contables Finales de liquidación y concluir con todos los trámites administrativos hasta lograr en julio de este año, la cancelación registral de la personería jurídica en la IGPJ.

Por otro lado, la síndica explicó que “la dificultad de la liquidación derivó de la especialidad del objeto de la empresa, la longevidad de la liquidación que se extendió durante años”, aunque “con gran esfuerzo se logró el objetivo, y concluyó así la historia”.

En estas dos décadas, Rueda fue la cuarta en hacerse cargo de la anulación de la empresa estatal terminando el largo proceso luego de que pasaron por allí Guillermo Fasano, Roberto Rapazzo Cesio y Ana Araya.

Desde que dejó de operar por falta de mantenimiento y dinero para afrontar los compromisos en 1996, cayeron en desuso los Metro III y un Turbocomander. Con los primeros aviones -de 19 plazas- llegó a cubrir vuelos desde Buenos Aires a Bariloche, y el interior de la provincia.

A 2008 todavía tenía demandas pendientes pues en ese momento, la Fiscalía de Estado registraba una docena de profesionales privados reclamando honorarios, que superaron los 2,5 millones de pesos.

Solamente ese año gastó casi 250.000 pesos, en especial por “servicios profesionales y técnicos”. Antes, esa estructura de la empresa “en liquidación” era superior pero sólo considerando aquel presupuesto, Río Negro desembolsó 2,5 millones en la primera década para “gestionar” el proceso de eliminación.

En medio de su vida útil tuvo dos juicios históricos. Aquellos siempre constituyeron la mayor razón de la demora para concluir con la liquidación. Esas demandas centrales concluyeron en 2008.

En 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la nulidad de acciones de la Aduana por exigencias de la importación de los aviones ingresados por San Antonio y ratificó la existencia de inmunidad aduanera para las provincias. Un año después, la Comisión de Transacciones Judiciales de la Provincia ratificó un acuerdo extrajudicial por una demanda de la firma australiana RCT, que reclamó la cancelación de una operación por dos Metro III de febrero de 1993 por un contrato de leasing de 5,2 millones de dólares. La provincia suspendió el pago ante la demora en la entrega de la segunda aeronave. El juicio concluyó con el compromiso de pago de Río Negro por casi 6,5 millones de pesos, cancelados en bonos, pero con los honorarios de abogados, al Estado provincial le costó casi nueve millones de pesos.

Tormentas en el aire como para desarmar una flota

Otro costo adicional: a fines de 1995, SAPSE denunció un robo en el hangar de repuestos y herramientas, que fue valuado en medio millón de pesos o dólares. Para el anecdotario, el piloto Luis Grande tuvo una condena de dos años y dos meses de prisión en suspenso por el delito de “peculado de servicios”, dictada por la Cámara del Crimen de Viedma en marzo de 2001, en la que también se le impuso la inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñar cargos públicos.

En esa causa se lo condenó por haber trasladado en mayo de 1.993 en un avión de la ex Sapse, desde Bolívar a Paraná, a ocho personas no identificadas sin que por ello la empresa percibiera suma alguna. En su momento, se creyó que trasladó a cazadores. “Lo hizo utilizando bienes del Estado provincial y servicios pagados por la Administración, con lo que ocasionó un perjuicio a la provincia”, sostuvo aquella condena.

Dos años atrás, una subasta pública realizada en Buenos Aires permitió a la Provincia comenzar a desprenderse de un vetusto patrimonio aeronáutico en desuso, como material de repuesto, y para ir concluyendo el largo proceso. Aunque se pagó más de lo esperado por la única nave vendida, no hubo forma de sacarse de encima un Turbocommander incorporado durante la administración de Mario Franco en la década del 70, y que junta óxido en el sector de estacionamiento de aeronaves en el aeropuerto Gobernador Castello.

Lograron subastar un Cessna 402, los repuestos que componen parte de ese avión, dos lotes de repuestos (25.000 pesos), y una turbina. La venta le reportó a la Provincia unos 700.000 pesos aproximadamente.

El avión vendido es de ocho plazas y operaba a principios de los ‘70 durante la administración del gobernador Roberto Requeijo. Al parecer, una vez puesto a nuevo podría volver a volar. El comprador Casella de Cipolletti pagó 530.000 pesos. En tanto, una turbina fue adquirida en 75.000 pesos, y pertenecería a uno de los Metro III de la flota. Algunos trascendidos adjudican la compra de los Metro III a allegados al ex piloto de la Gobernación, Luis Grande, de la empresa Baires Fly.

31 años de fuerte turbulencia

1. 08/12/88- Creación de Sapse.

2. 07/11/91 – Inicio de operaciones.

3. 24/10/92- Una investigación de “Río Negro” detectó que los primeros Metro III se pagaron 2,8 millones de dólares cada aeronave cuando podían conseguirse entre 1 y 1,3 USD.

4. 21/12/92-  El radicalismo bloquea en la Legislatura un dictamen de la oposición de sobrevaluación de precios.

5. 10/02/93 – El entonces gobernador Massaccesi autoriza a comprometer 5,7 millones de dólares (uno a uno) para avalar un leasing con RCS para incorporar otro Metro.

6. 10/06/93- El juez Eduardo Giménez sobresee al gerente Santos Massaccesi en la causa de sobreprecios ante la denuncia de los entonces legisladores Solaro, Gattás y Grosvald.

7. 06/04/94 -Un Metro con los motores encendidos decapitó a la pasajera Patricia Fabro en Jacobacci. El juez federal Leonidas Moldes sobreseyó la causa pero dos años después la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a Río Negro indemnizar con 2,4 millones de pesos a los familiares.

8. 06/04/95- Primer inconveniente. Un servicio dejó 11 pasajeros varados en Jacobacci.

9. 13/07/95- El PEN declaró la caducidad de varias rutas incluyendo Puerto Montt.

10. 17/10/95- Massaccesi ya no podía pagar sueldos. Jubilados frenaron en Roca un avión exigiendo el pago de haberes.

11. 01/11/95- Otra investigación de “Río Negro” detectó un déficit mensual de 100.000 pesos-dólares. Aparece el piloto Luis Grande que se reveló como intermediario de tráfico de un pool que atiende cargas en Aeroparque de Buenos Aires.

12. 19/12/95- Robo de repuestos por 500.000 pesos-dólares en el hangar de Viedma.

13. 06/07/96- Cancelación de un vuelo por desperfectos desde Buenos Aires al sur.

14. 03/08/96 -Verani, sucesor de Massaccesi, firma el decreto de transformación de Sapse en Sociedad Anónima.

15. 14/09/96- El interventor Berola decide vender el 90%, “estatizando” la deuda. El pasivo ascendía a cuatro millones de pesos-dólares.

16. 01/11/96- Suspensión de vuelos a Buenos Aires por falta de recursos para mantenimiento. Quedan los del interior de la Provincia.

17. 10/02/97- Llaman a privados para incorporar capital. Trainmet expresa su intención pero en menos de un año desaparece.

18. 11/09/97- Un informe oficial indica que desde su creación a la fecha, la empresa le costó al Estado 20 millones de pesos-dólares. Se suman 7,5 millones más. En seis años transportó 138.000 pasajeros acumulando un quebranto de 145 dólares por cada uno de ellos.

19. 19/09/97- Mandan de vacaciones a sus empleados y cierra sus puertas.

20. 25/09/97- Una turbina de un Metro fue a parar a un avión de Baires Fly ligada a Grande.

21. 04/11/97- El entonces ministro de Economía, José Luis Rodríguez, anuncia la liquidación. Despiden a 28 personas y las indemnizan con bonos Bocep.

22. 18/06/98 -Verani adjudica la privatización de Sapsa a Vía Bariloche. Por el 90% del capital paga 250.000 pesos-dólares.

23. 01/09/98- Sapsa hace su vuelo inaugural. Deja de volar dos años después por razones económicas, y definitivamente en 2002.

24. 28/03/01- La Cámara del Crimen de Viedma condena a Grande a dos años de prisión en suspenso por vuelos charter no facturados por Sapse.

25. 14/03/06- El entonces gobernador Saiz avala un pago de 7,3 millones de pesos para terminar el conflicto con la australiana BPT que entregó un solo avión y la Provincia dejó de pagar. El arreglo final costó casi nueve millones.

26. 27/06/06- Otra condena a Grande por 18 meses por contratar vuelos con el Estado.