El grave alerta ecológico de la planta Alpat

Uno de los serios conflictos que enfrentó Alpat fue el ecológico. El impacto ambiental que causaría la planta no había sido evaluado, en profundidad, hasta los «90.

Es que esta obra destinada a la producción de solvay, produce también, al final del proceso, grandes cantidades de desechos. Si no son tratados, pueden ocasionar graves trastornos ecológicos tanto si son depositados en el mar como en la tierra que se sacrifique a tal fin.

El tratamiento de los desechos industriales o efluentes, la localización del lugar de sacrificio para los desechos y el dragado del golfo, fueron algunos de los puntos que, hasta el presente, enfrentan a la empresa con asociaciones ecologistas y Estado.

No es un tema menor. La planta se sitúa en un espacio conflictivo. El Golfo de San Matías fue declarado «Area Natural Protegida» y, a pocos kilómetros de allí, la Unesco declaró Patrimonio Natural de la Humanidad a la Península Valdéz.

Ecologistas y biólogos marinos comenzaron a exigir el cumplimiento de las leyes protectivas existentes y dieron el alerta, ante el primer anuncio de inauguración: la baja tasa de renovación del agua de Golfo haría que los desechos formaran un sedimento y elevaran la temperatura del líquido. En consecuencia, los recursos pesqueros y turísticos se pondrían en riesgo. Entre los posibles daños que se producirían se destacan la desaparición de las 19 especies de peces y un importante número de moluscos y bivalvos que habitan allí, así como la pérdida de las reservas de aves migratorias.

El Estado respondió intimando en varias oportunidades a Alpat a que entregue un estudio de impacto ambiental y propuesta técnica sobre las alternativas para eliminar la contaminación de sus desechos industriales.

El primer estudio de contaminación data de 1975 y fue encargado por la Secretaría de Planeamiento a un experto de Naciones Unidas (INUDI). En este informe se establecen soluciones técnicas par evitar la contaminación y se establece la necesidad de prohibir la descarga de desechos al océano. Veinte años después, el Estado conmina a la empresa a efectuar un estudio de impacto ambiental, que encarga a la empresa Krebs (Francia). El informe fue rechazado por el Consejo de Ecología y Medio Ambiente que nuclea a 53 organizaciones intermedias de ecología de San Antonio Oeste y por el Departamento Provincial de Agua que se niega a abastecer de agua a la planta.

El DPA contrata un nuevo estudio a la consultora PIDCOP (Bahía Blanca) como respuesta la informa Krebs. El mismo fue absolutamente desfavorable a la empresa concluye (1996) que nada indica que se trata de un análisis de impacto ambiental: «Respecto al informe Krebs… podemos concluir que no contiene información completa sobre la disposición de los efluentes… De la lectura del informe, podría interpretarse que el destino final de la solución concentrada de CACI2 es el mar…».

El Frepaso pido la paralización de las obras hasta tanto se garantice el desarrollo sustentable del emprendimiento y advierte al Estado, en un informe, las consecuencias de no difundir la crítica al informe Krebs y de desoír al catedrático José Catoggio, director del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de la Universidad de la Plata, quien sostiene que «es más barato el abandono de la idea, antes de crear un problema ecológico gravísimo…».

Cerrado el mar para los desechos, el DPA sugiere la alternativa de sacrificar terreno para los desechos industriales. Propone a «Cinco Chañares», una vieja estación de trenes a 30 km. de la planta. Dagnino, disconforme con la distancia, sugiere «El Riñon», que reduce en 10 km. el ducto a construir para los efluentes. Las autoridades sanantonienses se oponen pues la legislación existente exige la deposición de efluentes a más de 20 km. del pueblo. Este requisito no se cumple en esta última localización.

En enero de 1998 el gobierno había intimado por tercera vez a Alpat para que defina un plan de manejo ambiental. En 1999 se le solicitan nuevos estudios a causa del dragado que iniciara en el mar para permitir el ingreso de lanchones provenientes de Chubut con piedra caliza. En agosto del «99 técnicos de a Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable son requeridos en el lugar por el Consejo Provincial de Ecología. El informe no agrega nada, sólo señala la existencia de un desacuerdo entre las partes y la necesidad de dar asesoramiento para la resolución del conflicto.

Todo demuestra que la empresa, ante la magnitud del emprendimiento, no podía desconocer la legislación medioambiental existente y la realidad de la región. Pero actuó, durante años, como si los desconociera.

Susana Yapert