El laberinto impositivo

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Toda vez que un gobierno anuncia una medida económica, en especial una vinculada con los impuestos, quiere aparecer a un tiempo generoso –como si fuera cuestión de su propio dinero, no del aportado por los contribuyentes– y realista, ya que de lo contrario se expondría al riesgo de alarmar a los mercados. Reconciliar los dos objetivos nunca es fácil, puesto que los beneficios recibidos por algunos suelen molestar a quienes en última instancia tendrán que costearlos. La semana pasada el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner procuró, sin mucho éxito, conformar a tirios y troyanos, o sea a los sindicalistas encabezados por su aliado, el camionero Hugo Moyano, por un lado y los empresarios –detrás de los cuales están los mercados– por el otro, al decidir aumentar en un 20% el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, pero se negó a hacerlo retroactivo a pesar de que según las pautas vigentes se trata de un gravamen de liquidación anual. Es probable, pues, que la explícita voluntad oficial de soslayar dichas normas abra la puerta a una multitud de demandas legales por parte de sindicalistas que, a diferencia de Moyano, no tienen por qué considerarse amigos de la pareja gobernante. En tal caso el camionero se encontraría en una situación difícil, puesto que su propio poder, y por lo tanto la relación privilegiada con el gobierno que le ha resultado tan provechosa, depende casi por completo de su presunta capacidad para conseguir aumentos salariales para sus seguidores. El que, como insistió el ministro de Economía, Amado Boudou, la medida no sea retroactiva habrá motivado cierto alivio entre los empresarios, ya que de otro modo les correspondería devolver el dinero que han retenido a partir del comienzo del año en concepto de ganancias, pero Moyano y otros sindicalistas no vacilaron en manifestar su disconformidad, calificándola de “insuficiente”, lo que puede entenderse ya que en los dos años que transcurrieron a partir de la modificación anterior del esquema impositivo el costo de vida subió el 40%, con el resultado de que una proporción decididamente mayor de los empleados en blanco se ha visto obligada a pagar el impuesto a las Ganancias. Puede argüirse que sería socialmente positivo que absolutamente todos, incluyendo a quienes ganan muy poco, tuvieran que abonar algo, aunque sólo se tratara de un monto simbólico, porque serviría para que se preocuparan más por la forma en que los gobernantes lo gastaran, pero ni los sindicalistas ni los políticos opositores comparten dicho punto de vista. Aunque todos, desde los más ricos hasta los más pobres, ya tienen que pagar un IVA del 21%, el aporte así supuesto es menos directo y menos personal que Ganancias y por lo tanto su incidencia psicológica es menor. Se prevé que sea muy escaso el impacto en la economía de la medida que acaba de anunciarse. Es posible que ocasione un leve aumento del consumo, pero sucede que a juicio de muchos especialistas es tan grave el peligro planteado por la inflación que sería mejor tratar de enfriar la economía que continuar calentándola. De todos modos, a esta altura es evidente que la resistencia del gobierno kirchnerista a reducir la presión impositiva sobre los asalariados que, la inflación real mediante, sigue creciendo se ha debido a las exigencias del “modelo” sui géneris que ha improvisado. Precisa cada vez más dinero para financiar un gasto público que ha aumentado tanto en los años últimos que, por su volumen con relación al producto bruto nacional, se ha acercado a los niveles propios de países desarrollados pero que, como es notorio, no ha llevado a ningún mejoramiento de los servicios públicos básicos porque el gobierno lo usa para repartir subsidios conforme a criterios electoralistas. Para los Kirchner, la política tributaria debería subordinarse a las necesidades de “la caja”, razón por la que no les interesa intentar la reforma integral reclamada por quienes entienden que el esquema existente, además de ser demasiado arbitrario, se presta a maniobras emprendidas con el propósito de castigar a sectores determinados, como el supuesto por el campo, y premiar a otros, como los deseosos de ver por televisión abierta “los goles del domingo” liberados por la presidenta.