El oficialismo logró cambiar la ley de Abastecimiento
Se impuso por 130 votos a 105 en la madrugada de ayer. Rechazo empresario por la intervención del Estado.
EL PAÍS
BUENOS AIRES.- El Frente para la Victoria logró esta madrugada imponer su mayoría y, con la ayuda de algunos aliados, consiguió convertir en ley esta madrugada la polémica norma sobre Abastecimiento con 130 votos a favor, 105 en contra y 5 abstenciones.
En una sesión de 14 horas, que comenzó en el mediodía del miércoles y culminó a las 2.30 de hoy, también se aprobó la creación de un Observatorio de Precios (136 votos afirmativos a 104 negativos) y de un fuero especial para “el sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo” (202 votos a favor y 36 en contra).
El kirchnerismo consiguió los 130 votos gracias a sus tradicionales aliados, al voto positivo de Martín Insaurralde y al apoyo de la ex piquetera del MIJD de Raúl Castells, Ramona Puchetta (Frente por la Inclusión Social), y del moyanista Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo).
La votación también puso al descubierto las diferencias en el Movimiento Popular Neuquino (MPN), ya que María Inés Villar Molina se manifestó por la negativa, mientras que sus compañeros de bancada Alicia Comelli y Adrián San Martín decidieron abstenerse junto a los diputados Víctor De Gennaro, Claudio Lozano y Antonio Riestra, todos de Unidad Popular.
Por la negativa también se manifestó la mayoría de la bancada radical, el Pro, Frente Renovador, Partido Socialista, Coalición Cívica ARI, GEN, Frente Cívico de Córdoba, Compromiso Federal, Unión por Córdoba y Facundo Moyano (Cultura, Educación y Trabajo), entre otros.
El jefe del bloque de diputados de Unión-Pro, Federico Pinedo, tras señalar que “nos quieren llevar a una oscura noche”, consideró que la nueva Ley de Abastecimiento es para “darle poder a algunos funcionarios” para ejercer “una forma de control político y con absoluta arbitrariedad”.
“Esta ley no es para defender al consumidor, porque existe una ley de defensa del consumidor. Tampoco son para defender la competencia, porque ya existe una ley de defensa de la competencia. Esta ley es para darle poder a algunos funcionarios del Poder Ejecutivo para que se ejerza una forma de control político y con absoluta arbitrariedad”, afirmó Pinedo.
El cierre y defensa de los proyectos, antes del voto en general, estuvo a cargo de la jefa del bloque kirchnerista, Juliana Di Tullio, que afirmó que con estos proyectos el gobierno “ha tomado una decisión para fortalecer el Estado con herramientas para que pueda regular esa relación entre la producción y el consumo”, al tiempo que rechazó que sea una ley “chavista” al sostener que “estas normas están en todo el mundo”.
Entre otros puntos, la iniciativa prevé superpoderes para el gobierno ya que permitirá al Ejecutivo establecer márgenes de utilidad y precios de referencia para cualquier etapa del proceso económico. Además, podrá aplicar sanciones a quienes remarquen “artificial o injustificadamente” los precios; a quienes acaparen mercadería, se nieguen a la venta de productos o no entreguen facturas.
Los infractores podrán percibir multas de hasta 10 millones de pesos, así como sufrir la clausura de su empresa por 90 días o la inhabilitación por dos años; sin embargo, se necesitará una autorización judicial para aplicar la sanción. (DyN)
