El pacto más polémico

No tuvo que hacer mucho el flamante gobierno del presidente Mauricio Macri para sacarse de encima el acuerdo con Irán que su predecesora había defendido con tanta vehemencia ante sus propios militantes y en los foros internacionales. Le resultó suficiente que el ministro de Justicia Germán Garavano confirmara que desistiría de apelar contra el fallo de la Cámara Federal porteña que lo había declarado inconstitucional, para que el asunto cayera en una especie de limbo judicial, donde quedará a menos que las vicisitudes del caso planteado por la muerte aún no aclarada del fiscal Alberto Nisman hagan necesaria una investigación exhaustiva. De todos modos, puesto que los iraníes mismos no han mostrado mucho interés en el tema, ya que se han negado a perder el tiempo debatiéndolo en su parlamento y ni siquiera se dieron el trabajo de ratificar formalmente el célebre memorándum firmado en Etiopía por el canciller Héctor Timerman y su homólogo persa, Akbar Salehi, para crear una “comisión de la verdad”, las repercusiones en el exterior de la anulación del pacto se limitarán al alivio que sienten los gobiernos occidentales por la decisión oficial de poner fin a una aventura diplomática que les motivaba cierta inquietud. Temían que la Argentina ayudara a los revolucionarios islámicos de Irán a conseguir bases operativas en América Latina. Si bien algunos siguen calificando de “incomprensible” aquel acuerdo con la teocracia iraní que, para asombro de muchos, el gobierno kirchnerista anunció en enero de 2013, parecería que fue fruto de la voluntad de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de acercarse aún más a su amigo y aliado geopolítico, el caudillo venezolano Hugo Chávez. Como otros enemigos jurados del “imperio” norteamericano, tanto los chavistas como los kirchneristas más belicosos están dispuestos a solidarizarse con cualquier régimen, por reaccionario y brutal que fuera, que comparte su odio hacia Estados Unidos. Para Cristina, su canciller Héctor Timerman y “militantes” afines como Luis D’Elia y Fernando Esteche de la banda Quebracho, el que según la Justicia nacional el régimen islamista iraní estuviera detrás del atentado terrorista contra la sede de la AMIA en el que murieron 85 personas y quedaron heridos tres centenares carecía de importancia. Desde su punto de vista, tales detalles deberían subordinarse a la restauración de los vínculos con un país “antiimperialista”. Sea como fuere, el gobierno kirchnerista nunca logró convencer al grueso de la ciudadanía de que sería del interés nacional aliarse con uno de los regímenes más fanatizados de la Tierra. Aunque los abnegados diputados oficialistas cohonestaron la sorprendente iniciativa, muchos simpatizantes del gobierno manifestaron su malestar frente a lo que tomaron por un error atribuible a la falta de experiencia internacional de Cristina, ya que siempre fue absurdo suponer que los iraníes aceptarían colaborar con la Justicia argentina en un esfuerzo auténtico por identificar a los autores intelectuales del atentado. Sin embargo, a partir de la muerte violenta de Nisman, es imposible tratar el pacto como si fuera consecuencia de nada más que la excentricidad de una mandataria caprichosa que habría tomado en serio argumentos esgrimidos por algunos extremistas marginales capaces de aprovechar su afición notoria a las teorías conspirativas. Para justificar el acuerdo con Irán, Cristina, Timerman y los demás tuvieron forzosamente que encubrir, desechando evidencia, a los imputados en el atentado más sanguinario de la historia del país, de ahí el intento fallido del fiscal que, hace casi un año, fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza, por obligar a la presidenta y al canciller a rendir cuentas ante la Justicia por lo que habían hecho. Es de prever que el nuevo gobierno impulse una investigación más vigorosa del caso Nisman, que podría verse acompañada por otra del pacto de Irán, ya que es de suponer que en la Cancillería y otras reparticiones gubernamentales aún quedan documentos que ayudarían a los interesados en saber si fuera por cuestiones económico-personales que los kirchneristas optaron por pactar con el régimen iraní de Mahmoud Ahmadinejad o si sólo querían hacer un aporte mayor a la lucha contra el imperio norteamericano.