El periodismo bajo sitio

james neilson

Tanto aquí como en otras partes del mundo son muchos los autodenominados progresistas que quisieran silenciar, o por lo menos domesticar, la maldita prensa capitalista que, además de no manifestar el debido respeto por sus pretensiones, suele ser llamativamente más exitosa cuando de seducir al público se trata que los medios estatales. Que éste sea el caso les parece muy injusto; a diferencia de los magnates periodísticos, políticos de ideas progresistas aman al pueblo con pasión, pero a la hora de comprar un diario, escuchar radio o mirar un programa televisivo, la mayoría siempre prefiere los productos amarillentos de quienes, pensándolo bien, son sus enemigos. ¿Cómo explicar esta aberración? Culpar a los periodistas mismos no serviría; con escasas excepciones, comulgan con la versión local del progresismo. No, todo se debe a un sistema que, dicen, privilegia a los empresarios a costa de los demás. Por lo tanto, la solución consistiría en “democratizar” los medios para que reflejaran con fidelidad las preferencias ideológicas que tendría la ciudadanía si no fuera por la prédica escandalosa de los resueltos a engañarla. ¿Cómo es posible –se preguntaron los kirchneristas cuando la presidenta arrasaba en las urnas– que más de la mitad del electorado nos quiere pero, así y todo, la mayoría siga dejándose envenenar por los medios de la Corpo reaccionaria? Una razón consiste en que el grueso de los habituados a votar por el caudillo peronista reinante no lee diarios, revistas o, de más está decirlo, libros, y cuando mira televisión espera ser entretenido, no adoctrinado, pero los ideólogos K atribuyen lo que a su juicio es –o fue– una anomalía inaceptable a la astucia satánica de Héctor Magnetto y compañía. Aunque el blanco principal de la ley de Medios que acaba de cohonestar la Corte Suprema es el “monopolio” Clarín, un pulpo cuyos tentáculos, para indignación de Cristina, tocan de un modo u otro a casi todos los habitantes del país, el texto debió mucho a las lucubraciones de académicos progres más interesados en las teorías aventuradas por sus congéneres más prestigiosos que en realidades económicas. Convencidos de que los medios capitalistas son por su naturaleza excluyentes, los contrarios al esquema existente proponen abrirlos para que “el pueblo” –mejor dicho: quienes se creen sus representantes– pueda expresarse sin que se lo impidan los comprometidos con el statu quo. A los que piensan así les gustaría que hubiera decenas de miles de medios pequeños y no, como en la actualidad, algunos muy grandes y otros, pero no tantos, medianos o chicos. Juran que sería mucho más democrático. Es una ilusión peligrosa. Lejos de permitir un estallido de creatividad popular repartiendo canales de televisión entre agrupaciones lideradas por “luchadores sociales”, como imaginan ciertos ideólogos académicos, la ley de Medios bien podría provocar la muerte del periodismo independiente y el despido masivo de profesionales al reducirse el tamaño de todas las redacciones salvo, es de suponer, de las subsidiadas, directa o indirectamente, por los poderosos de turno. Para sobrevivir, una organización periodística necesita tener espaldas anchas, contar con recursos suficientes como para defenderse en circunstancias adversas y, a veces, darse el lujo de adoptar posturas que molestan a los gobernantes. De lo contrario, dependerá por completo de la benevolencia de políticos que están más preocupados por su propio destino personal que por abstracciones como el pluralismo o la libertad de expresión. De aplicarse la ley de Medios como querían los kirchneristas más combativos, se pondrá pronto en marcha el desguace del Grupo Clarín y algunos otros multimedios. El año pasado, en vísperas del pasajeramente ominoso 7D, Román Lejtman vaticinó “un futuro que ubica al borde el precipicio a la industria mediática y a los periodistas” al producirse “un cierre catastrófico de medios frente a la imposibilidad de su financiación a través de sus usuarios y la publicidad pública y privada”. ¿Exageraba? Pronto sabremos la respuesta a dicho interrogante. Lo que harán Clarín y, de aplicarse la ley, los amigos del poder que, para congraciarse con Cristina y conseguir muchísimo dinero de la caja gubernamental, han armado medios oficialistas nada competitivos es sacrificar las partes de su negocio que nunca serán rentables y conservar, mientras les convenga, aquellas que a su juicio podrían seguir siéndoles útiles. Si, como es legítimo prever, un futuro gobierno se negara a continuar entregándoles millones de dólares blue, los cortesanos que han fantaseado con erigirse en magnates periodísticos no vacilarían un solo minuto en abandonar a su suerte a quienes trabajan en los pequeños imperios que han sabido construir. Además del impacto destructivo que es de temer tenga una ley que, según el constitucionalista Gregorio Badeni, atenta contra la libertad de expresión y pone la Argentina en la misma pendiente por la que están rodando cuesta abajo Venezuela, Ecuador y Bolivia, el periodismo tradicional se enfrenta al desafío planteado por la proliferación de medios de comunicación novedosos. En Estados Unidos, medios que hace apenas un lustro prosperaban han caído en bancarrota o, en el caso del Washington Post, se han vendido a plutócratas. Si bien hasta ahora los medios argentinos principales se han visto perjudicados menos por el avance arrollador de la informática que por la malignidad de funcionarios como Guillermo Moreno que se han propuesto estrangular a los diarios porteños no oficialistas, apretando a los supermercadistas y otros para que los boicoteen, privándolos así de ingresos publicitarios, tarde o temprano serán golpeados por las mismas fuerzas que en otras latitudes están causando estragos en un sinnúmero de redacciones. ¿Estarían los medios independientes argentinos, debilitados adrede por ideólogos populistas y políticos vanidosos, en mejores condiciones de resistir la competencia procedente de la internet que sus equivalentes de Estados Unidos y Europa? Sería poco probable. Con todo, la muerte de los medios actualmente “monopólicos” no necesariamente beneficiaría a un gobierno “nacional y popular”. Siempre y cuando el de Cristina o un sucesor de mentalidad parecida desistan de obrar como la dictadura china, bloqueando las comunicaciones informáticas, la internet seguirá siendo una inmensa zona sin fronteras en que una empresa amenazada podría reubicarse en un lugar a miles de kilómetros de los decididos a aplastarla. Otra alternativa sería que los aún interesados en recibir noticias y opiniones distintas de las oficialmente aprobadas dependieran por completo de medios extranjeros. De cualquier modo, se depauperaría mucho la cultura nacional que se vería devuelta a comienzos del siglo XIX, cuando se importaban virtualmente todas las ideas y también, desde luego, los “relatos”.

SEGÚN LO VEO