El problema no son las tarifas

Las facturas de gas y luz con las nuevas tarifas han caído como bombas en todos los ámbitos, sin distinción: familias, industrias, hoteles, clubes, comercios, clínicas, etc. En casos de actividades intensivas en el uso de energía eléctrica y/o gas, hoy está en juego la viabilidad de las mismas.

En mi pueblo, centro de una de las cuencas lecheras más importantes del país, la factura promedio de gas de una empresa dedicada a la producción de derivados de la leche (quesos, dulce, etc.) pasó de unos $ 30.000 a 140.000 mensuales. Estamos hablando de una pyme de treinta empleados donde, a un costo mensual promedio por empleado de $ 35.000, la suba en la factura es equivalente a un aumento del 10% en la planta de personal. Muy difícil de aguantar, sobre todo en un contexto de ventas recesivo.

Ahora bien, ante este terremoto me surgen los siguientes comentarios:

1) Era por todos sabido que las tarifas estaban escandalosamente atrasadas. Según estudios económicos, desde el 2001 hasta el 2015 dicho atraso llegó al 600%.

2) También era por todos sabido que el Estado nacional tuvo que ir poniendo crecientes subsidios a las empresas, sólo para mantener los servicios medianamente en funcionamiento (ni hablar de nuevas inversiones).

3) También era por todos sabido que por la falta de inversión eran crecientes los cortes de suministro de gas en invierno y luz en verano.

4) También era por todos sabido que esos crecientes subsidios fueron una de las causas que llevaron el déficit fiscal hasta alcanzar el 7% del PBI.

5) También era por todos sabido (o al menos debería ser sabido, dada nuestra repetida historia) que los déficits financiados con emisión de dinero son las causales primarias de la inflación.

6) Finalmente entonces, por todo lo anterior, seguramente era por todos sabido que tarde o temprano había que corregir esas distorsiones.

Porque era claro que lo que no pagábamos directamente cuando cancelábamos la factura, por algún otro lado se pagaba. Lo pagaba la sociedad en su conjunto vía impuestos e inflación. Lo cual no es justo ni razonable. Cada uno debe pagar de acuerdo a su consumo. Las tarifas políticas, artificialmente más bajas, no son herramientas eficientes para asistir a personas carenciadas, ya que: a) terminan beneficiando a personas de medios y altos ingresos; b) elevan el consumo a niveles irracionales (despilfarro), y c) desfinancian a las empresas proveedoras de los servicios.

De todas maneras, y ante la lógica tentación de cargar hoy toda la bronca sobre el gas y la luz, es necesario profundizar un poco más el tema, porque las culpas están más en otro lado.

Mirando una de estas facturas desde abajo hacia arriba, vemos que: 1) las facturas incluyen impuestos como el IVA e Ingresos Brutos; 2) también vemos que, según el tipo de servicio, pueden llevar encima, una lista de impuestos nacionales y provinciales, con destinos específicos, que poco y nada tienen que ver con el consumo del servicio; 3) ahora sí ya llegamos a la tarifa que se aplica al consumo realizado. Y aunque no tengamos una discriminación de sus componentes, sabemos que al igual que todas las actividades económicas en Argentina el costo salarial está fuertemente determinado por: a) la fuerza del sindicato respectivo y b) las contribuciones patronales sobre los salarios (cargas sociales). Estas últimas varían según la actividad, pero difícilmente hay alguna por debajo del 30% del sueldo bruto.

Podríamos suponer, con razón, que los servicios de gas y luz no son mano de obra intensivos y que el costo salarial no sería tan relevante en el precio. Pero sí lo son cuando analizamos la propia empresa que paga el servicio. Y ahí nos volvemos a encontrar con los mismos problemas: IVA, más Ingresos Brutos, costos sindicales, cargas sociales, débitos y créditos bancarios, Ganancias, Seguridad e Higiene… La frutilla es la “ruleta rusa” del costo indemnizatorio que rige en el país.

Todo esto es el “costo argentino”, que no es otra cosa que impuestos, gastos sindicales y costos por despidos. Juntos tienen una dimensión que hoy hace inviables muchas actividades económicas. Sobre todo aquellas que están ligadas a la exportación y tienen que competir con productores de países donde ese costo es notablemente más bajo.

Argentina, con un 40% del PBI, es uno de los países de mayor presión fiscal. Y van dos parámetros de comparación: 1) las contribuciones patronales obligatorias sobre los salarios, en nuestro país (33%), triplican el porcentaje de Estados Unidos (11%); y 2) el gobierno de Japón ha decidido retrasar a octubre del 2019 la subida en la alícuota del IVA… del 8 al 10%. En Argentina es del 21%. ¿Qué más se puede decir?

*Economista

Lo que no pagábamos cuando cancelábamos la factura, por algún otro lado se pagaba.

Lo pagaba la sociedad en su conjunto vía impuestos e inflación.