El recorte tendrá que definirlo el STJ

VIEDMA (AV).- El Superior Tribunal de Justicia llamó a concurso para ocupar dos cargos superiores, que representarán un nuevo costo salarial cercano a 200.000 pesos anuales. Esa decisión se contradice con la disminución de la partida de personal que plantea el presupuesto en estudio en la Legislatura y que afectará exclusivamente a los agentes judiciales.

El bloque oficialista determinará la semana próxima la estrategia en la quita de fondos de personal al Poder Judicial. Existen dudas de la constitucionalidad del artículo que establece directamente esa reducción salarial a los agentes judiciales y entonces se limitaría al achique de la partida y dejar que el STJ aplique su propia política de haberes a partir de aquella disminución.

Esa reducción del presupuesto judicial no sólo generó silencio del Superior Tribunal de Justicia. Es llamativo el bajo perfil mantenido por los jueces del máximo cuerpo judicial. Pero más sorpresivo aún ha sido el llamado a concurso al que convocaron para designar un administrador general y un auditor judicial que percibirán un sueldo de juez de cámara cercano a los siete mil pesos mensuales, lo que implica un desembolso anual cercano a los 200 mil pesos. Este ahorro en algo compensaría la reducción impuesta que alcanza los cuatro millones de pesos.

El plazo para la presentación de inscripción vence el 21 de junio. Entre los nombres que se mencionan está el del ex ministro Oscar Machado.

El administrador general se ocupará de asuntos institucionales, presupuestarios y administrativos mientras el auditor de las inspecciones, del control del cumplimiento de horario del personal y hasta del trabajo de los fiscales.

Al parecer la intención es liberar de estas ocupaciones a los jueces del STJ para que tengan mayor dedicación a las causas que llegan a esa instancia, a pesar que ya disponen de un reforzado equipo de asesores encargados de estudiar y proponer la resolución de los expedientes. Para ello este cuerpo cuenta con cinco secretarios en las áreas civil, comercial, de minería y contencioso administrativo; penal; laboral y contencioso administrativo laboral; asuntos originarios y constitucionalidad, indultos y conmutaciones de pena y el de superintendencia. Estos secretarios -que tienen empleados- cuentan también con la colaboración de cinco relatores y cuatro referencistas.

Por su parte, en relación al presupuesto, la bancada justicialista -que conduce Eduardo Rosso- reclamó mayores datos técnicos a Economía porque «sería un acto de irresponsabilidad institucional» tratarlo con la información suministrada por el gobierno. Los diputados opositores pretenden que se aporte un desagregado de los gastos de partidas menores, «discriminadas por jurisdicción y fuente de financiamiento».

El tratamiento en la Cámara se anuncia para los primeros días de junio -se prevé para el miércoles 7- aunque Economía insiste en aprobarlo durante mayo.