El riesgo de subestimar la trata

Editorial

Un informe realizado por el gobierno de EE. UU. volvió a poner el foco sobre un problema que Argentina y nuestra región no terminan de dimensionar: la creciente incidencia de mafias relacionadas con la trata de personas.

El reporte del Departamento de Estado de ese país actualiza anualmente información sobre este delito transnacional y pretende alertar a los países donde se considera que el problema alcanza niveles alarmantes. El documento califica a 190 naciones en total sobre qué tan efectivamente están combatiendo el tráfico humano con fines de explotación. La escala va desde los casos más preocupantes, situados en el nivel tres, hasta los que mejor han evolucionado, en el nivel uno.

En el caso argentino, los datos sobre el 2015 colocan al país en un intermedio nivel dos, arriba de países como Haití, Siria, Libia, Rusia y Venezuela entre 20 naciones con niveles preocupantes de trata; junto como Brasil, Uruguay, Perú, Guatemala y República Dominicana; y por debajo de Colombia y Chile, que a juicio de Washington han realizado mayores esfuerzos contra el delito.

Más allá de las consideraciones sobre la autoridad moral de EE. UU. para evaluar a sus pares sobre derechos humanos cuando enfrenta en sus propias fronteras enormes flujos de personas realizados por organizaciones criminales y las sospechas de intencionalidad política para cuestionar a gobiernos que no comparten sus políticas (como denunciaron Ecuador y Venezuela), el documento es valioso porque recopila denuncias de individuos, fiscales, entidades oficiales y ONG de cada país.

Allí se destaca que Argentina “no cumple estándares mínimos para eliminar la trata de personas y que “es un país de tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso” dentro del territorio nacional, tanto argentinos como “mujeres y niños provenientes de otros países de Latinoamérica”, especialmente de Bolivia, Paraguay y Perú. Aquí “son sometidos a trabajo forzado en una diversidad de sectores que abarcan talleres clandestinos, agricultura, venta ambulante, producción de carbón vegetal y ladrillos, tareas doméstica y pequeños emprendimientos”, dice el reporte.

Entre las deficiencias, el informe remarca la falta de estadísticas centralizadas sobre el delito, la “complicidad” de funcionarios policiales y judiciales de Nación y provincias con traficantes, el incumplimiento en crear un consejo federal para la lucha contra el tráfico y la explotación de personas y asistencia a las víctimas (como marca la ley) y la falta de cooperación entre autoridades federales, provinciales y comunales para investigar y perseguir la explotación laboral o sexual.

Río Negro y Neuquén no son ajenas a estos fenómenos. En estos días informaciones dieron cuenta de investigaciones y procedimientos sobre presuntos casos de trata en Zapala, Valle Medio y la primera condena por explotación laboral en Neuquén capital. Aunque no se ha detectado presencia de organizaciones criminales complejas detrás de estos casos, no significa que las autoridades deban bajar la guardia. Especialistas en el crimen organizado coinciden en que el boom petrolero liderado por Vaca Muerta conllevó un aumento de ciertos delitos, también presentes en zonas de actividad minera y pesquera. Trabajadores desarraigados y lejos de sus familias, en ambientes laborales hostiles y con elevado poder adquisitivo, son mercado fértil para el narcotráfico y el comercio sexual. Si a eso se le suma espacios amplios con vías de comunicación estratégicas y fronteras permeables, las condiciones para el desarrollo del delito están más que presentes. Y ni hablar de agentes policiales, judiciales y del poder político con una cultura machista en favor de la “tolerancia” del comercio sexual. Como se ha señalado en este diario, hay indicios de la presencia de cárteles colombianos ligados al tráfico de drogas y de lavado de activos en el comercio de tierras y en actividades ligadas al turismo. A menudo estos delitos están correlacionados al de trata, ya que el crimen organizado no opera en compartimientos estancos y se ramifica.

Es tarea de las autoridades de todo nivel sancionar de manera más enérgica las complicidades institucionales, agilizar los procesos y coordinar acciones para evitar que el tráfico de personas se expanda a niveles incontrolables.