El sistema de salud de Neuquén comenzó a practicar abortos voluntarios
Son los que están alcanzados por la nueva ley. Hay dos aspectos que generan preocupación: los servicios en los que el plantel completo es objetor y los obstáculos de las obras sociales.
La norma fue aprobada por 38 votos positivos, 29 negativos y 1 abstención. Foto Florencia Salto.
El 24 de enero entró en vigencia la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en todo el país. El lunes 25, en el hospital Heller de Neuquén, ya había consultas. Desde ese día y hasta el 31 de enero se hicieron diez abortos legales en el establecimiento, ubicado en el oeste de la ciudad capital.
La IVE es un derecho al que se puede acceder en el sistema de salud -público y privado- y alcanza hasta la semana catorce de gestación inclusive. No es requisito expresar los motivos que fundamentan esa decisión. A partir de la semana 15 el aborto está permitido por causales. El plazo máximo para que se garantice la práctica es de diez días corridos desde el momento del requerimiento. Cada dilación implica un avance en ese embarazo y pone en riesgo a quien la solicita.
Daiana Brelaz, ginecóloga del Heller, contó que hasta el momento las personas que han llegado al servicio sabían de la existencia de la ley y estaban en una etapa prematura: entre la semana 5 y 8 de gestación. Previa conserjería, se indica la ecografía y el laboratorio, se le explica el procedimiento y las pautas de alarma por si ocurre algún imprevisto. Debe firmar un consentimiento informado. El tratamiento es ambulatorio, es decir lo hacen en su casa o donde se sientan cómodas, con el suministro de pastillas de misoprostol. A la semana se efectúa el control post-aborto.
Hasta que el ministerio actualice los formularios para requerir la medicación, el plantel del sistema público usa los de las interrupciones que existían antes de la sanción de la ley 27.610. Allí se tildan, entre otros, las semanas y el método anticonceptivo elegido. Las profesionales escriben que se trata de una IVE para tener registro.
Este mecanismo aceitado en uno de los hospitales más importantes de la capital, no se replica de igual modo en toda la provincia. El viernes pasado se realizó una reunión de la Red Provincial de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Abarca no solo a médicos y médicas, sino a personal de enfermería, agentes sanitarios, trabajadores sociales, psicólogas, psicólogos. Desde Andacollo, pasando por Caviahue, Loncopué, Junín de los Andes.
“Vemos con preocupación las desigualdades en el acceso en los distintos lugares. Zapala, por ejemplo, tiene un servicio de ginecología objetor, Zapala es un hospital de referencia, Cutral Co lo mismo, tiene un servicio objetor de “gineco”. Con esto no quiero decir que no se garantice, al contrario esta posibilidad de estar articulados como red permite que estemos todo el tiempo pensando en cómo facilitar el acceso de esas personas”, explicó Mariana Aguirres, integrante de la red que nació a nivel nacional en 2014, al calor de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y en 2017 se amplificó a cada rincón de Neuquén. En su página web encontrás el listado completo.
En general en estos sitios son los médicos y médicas generalistas quienes hacen la interrupción e incluso se han llegado a hacer derivaciones a la capital. Estas formas de hacer itinerar a las mujeres y personas gestantes, en este nuevo contexto en el que el aborto voluntario está regulado, se convierten en un obstáculo.
“Hay que completar los equipos, donde hay un solo médico, médica que garantiza implica una sobrecarga para esa persona”, agregó Aguirres.
Esta semana quienes forman la red se reunirán con la jefa del departamento de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia, Soledad Soberón, que las convocó. Se suman dos aspectos sobre los que profundizar: las capacitaciones y la divulgación con folletería. La organización feminista Mumalá le pidió por nota a la ministra de Salud, Andrea Peve, que informe cómo será la aplicación de la norma.
¿Cuál es el panorama en los sanatorios de la ciudad? Juan Peláez, director de la clínica Pasteur, dijo que allí son “todos objetores” y que cuando se produzca algún caso realizarán la derivación. El artículo 11 de la ley establece esta obligación para el subsector privado y de la seguridad social y ordena que se facture, de acuerdo con la cobertura, a favor del efector que la realice.
La negación a la práctica está prevista en la ley, así como la sanciones (civiles, penales) a quienes produzcan demoras injustificadas.
En el caso de la clínica Cmic se garantizarán los abortos legales. De hecho están en pleno proceso de concretar la primera interrupción, que está siendo frenada por la obra social. “El primer caso que vamos a tener bajo esta nueva ley ya empezamos con el típico problema de que hay que presionar para que la paciente pueda tener lo que le corresponde por ley”, aseguró la jefa del servicio, Gisela Rodríguez Riesco (ver aparte).
“Estamos con una consulta con respecto a un IVE que está en proceso de realizarse eventualmente en esta semana”, contó Gisela Rodríguez Riesco, jefa del servicio de ginecología y obstetricia de Cmic. La clínica tiene una trayectoria en garantizar derechos, ya que practicaba los abortos por causales que estaban regulados hasta 2020. “Nosotros hemos tenido, tanto antes de la aprobación de esta ley como después, consultas. La cuestión de la terminación legal del embarazo es un proceso que ha tenido una continuidad en todo este tiempo y a nivel institución nosotros hemos contemplado la cobertura que cubre la ley”.
Para la profesional “no es una cuestión extraña para el servicio de salud del Cmic” que ya contaba con un registro de objetores. En caso de recibir a una paciente quien se niega a la práctica debe derivarla para no obstaculizar.
“Tenemos la suerte de que es un servicio que está balanceado, tenemos obviamente objetores de conciencia, como también no tenemos objetores así que con respecto a eso creo que se trabaja en un ámbito de respeto e inclusive mucho más cómodo. Un ámbito en donde uno puede apoyar y acompañar a esos proveedores de salud que quieren objetar y que sus pacientes también acompañados por otros colegas, de los cuales ellos también tienen confianza como para que esas pacientes puedan completar todo el proceso de acompañamiento”, afirmó Rodríguez Riesco.
Mariana González, abogada de la clínica, explicó: “hay un compromiso, tanto de objetores como de no objetores, con la realización de la práctica en tiempo oportuno, y ahora con la ley 27.610 lo que estamos trabajando es en adaptar nuestros procesos internos para que no existan demoras”. Manifestó que la norma “le saca la carga de delito, de prohibido, el reconocimiento legal lo que brinda es la tranquilidad de que lo se está haciendo está permitido.”
Ambas coincidieron en que el principal problema radica en las obras sociales y prepagas. “Hemos tenido luchas descarnadas cuando no reconocían las ILE”, aseguró la abogada.
“El embarazo no planeado, no deseado, atraviesa todos los filtros, todas las edades, todas las situaciones económicas, todos los colores, todas las mujeres en todos sus aspectos, porque es un tema que le pasa a todas, no es error de nadie. Desde mi entrenamiento hasta ahora uno escucha historias, acompaña a pacientes en las situaciones clínicas más complicadas, desesperadas que te puedas imaginar, yo diría que son todas las mujeres, a todo el mundo le pasa alguna vez y uno no quiere estar en esos zapatos, pero sí intentar ayudarlas en ese proceso como pacientes y como se merecen”, sostuvo la jefa del servicio de la clínica.
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