¿Cómo impactará el aborto legal en los servicios de salud de la región?

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*Laura Loncopan Berti

Soledad Soberón, jefa del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva de Neuquén, consideró que el desafío que impone la ley que regula el acceso al aborto, recientemente sancionada, está en la atención primaria de la salud, donde se practican los abortos voluntarios hasta la semana catorce de gestación.

“El punto va a ser fortalecer los equipos de salud en el primer nivel de atención”, remarcó. Planteó que existen hoy algunas zonas sanitarias de la provincia en las que el acceso a los abortos durante el segundo trimestre “es un poco más desigual en comparación al resto”.

Soberón aseguró que quienes objetan la práctica deben inscribirse en un registro. “Cada zona sanitaria tiene un comité de bioética de referencia que evalúa la solicitud de objeción de conciencia. Aquellas que se aprueban pasan a un registro provincial que es anónimo, lo único que está discriminado es por especialidad: medicina general, clínica médica y tocoginecología. Podemos saber qué cantidad son, cada dirección de hospital y zona sabe sus nombres, nosotros no”, explicó.

La nueva ley establece que el personal de salud puede negarse a la práctica, pero no obstruirla, sino que debe derivar de buena fe.

La profesional dijo que quienes garantizan este derecho en la provincia “tienen un seguimiento muy amoroso de todas las situaciones” y están “muy consolidados”. Este camino trazado a partir de los abortos por causales -cuando corre riesgo la vida o la salud de la persona gestante y cuando el embarazo es producto de una violación- es “una fortaleza”. También las articulaciones con las socorristas, que son las activistas que brindan información sobre el uso seguro de la medicación para abortar de manera ambulatoria.

Justamente en cuanto a la provisión del misoprostol en el sistema público de salud, Soberón indicó que ingresa “por el programa nacional” y se han realizado “compras desde la provincia.” “Nosotros estamos siempre abastecidos”, subrayó.

En cuanto a las interrupciones legales de embarazo (ILE) realizadas en el contexto de la pandemia por covid-19 señaló que las estadísticas revelaron “que se hicieron dos veces más que el año 2019 y esto está fuertemente asociado a la violencia en los embarazos no intencionales, que fueron a punto de partida de la cuarentena.”

“Lo que nos cuentan las usuarias del sistema, en líneas generales, es que el aumento de casos (de ILE) dentro del sistema de salud está sobre todo asociado a la violencia de género”, agregó. Por eso manifestó su “reconocimiento a los equipos de salud que se reinventaron en el modo de atención. Muchos efectores activaron las redes sociales, no solo para lo que es el abordaje y el seguimiento de ILE, sino para el acceso a anticonceptivos, entrega de preservativos”.

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Una ley “esperada” que traerá avances

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*Florencia Bark y Natalia López

Apenas pasadas unas horas de la aprobación del aborto legal en el Senado, desde el Hospital Francisco López Lima de Roca la directora, Ana Senesi, aseguró que la puesta en marcha de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) significa un avance en materia de salud y derechos públicos. “La verdad es que era una ley esperada, por lo menos para nosotros que estamos día a día y vemos lo que pasa y cuánto se sufre. Las cosas suceden igual y la Ley nos da herramientas para poder resolver desde otro lugar”, expresó.

Si bien no es algo nuevo en los pasillos de ginecología del hospital, para Senesi esta norma permite profundizar en la resolución de un problema cotidiano, que es el de la clandestinidad del aborto. “La ley no obliga, permite que cada una decida. El aborto existió, existe y existirá. Muchas mujeres murieron o quedaron con problemas de salud por abortar en lugares clandestinos, esas vidas hoy se salvarán”, sintetizó.

Por su parte, el ministro de Salud de la provincia Fabián Zgaib destacó que Río Negro ya venía dando pasos importantes desde que se reglamentó la Ley Provincial 4.796, la que permitió avanzar con los abortos no punibles.

“Desde que se reglamentó la ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en 2016 trabajamos en Salud Pública en este tema, por lo que no creemos que cambie demasiado la situación”, opinó Zgaib.

No escondió su alegría, Sileny Welke, quien fue coordinadora del área de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de Río Negro de 2010 a 2020. “Estoy feliz porque es una conquista histórica de cuya lucha formé parte institucionalmente durante 10 años”, manifestó.

“Quienes lo entendieron y no se amparan en ‘la objeción de conciencia’, avanzan, desde el 2012 en el cumplimiento de derechos”, aseguró la exfuncionaria en referencia a la ley de ILE, con la cual ya se realizaron unos 1.350 abortos de 2018 a 2020, en el sistema público rionegrino.

Consultada sobre el porqué esta vez pudo ser ley, Welke analizó: “Este no es un tema de ‘verdes y celestes’ es evitar muertes innecesarias y entender que con ley o sin ley, el aborto existió y existirá”.

Además, sobre lo que falta, dijo que es preciso ahondar en fortalecer la educación sexual integral, la cual está “pendiente” y es la única forma de mejorar la calidad de vida. “Tener conocimiento sobre métodos anticonceptivos, el cuidado del propio cuerpo, el uso responsable de doble método (preservativo). Ahora hay que fortalecer cada uno de los pasos dados”, concluyó Welke.

Patricia Baeza es jefa del servicio de Trabajo Social del hospital Francisco López Lima e integra la Red de Acceso ILE (Interrupción Legal del Embarazo) que garantiza el acceso a la salud sexual y reproductiva. «Estamos muy contentos», declaró, «pero sabemos que el trabajo va a ser inmenso para que se cumpla y se garantice. La experiencia con la ley provincial ILE nos marca eso y ya llevamos unos cuantos años desde su sanción».

El 73% de los profesionales de Río Negro son objetores de conciencia. Sobre este aspecto, el ministro Zgaib dijo que “el sistema de Salud da respuesta con los profesionales de la red de salud y si tenemos que movilizar (recursos) lo hacemos”.

Por último, sobre la fabricación del misoprostol, la droga que se utiliza en los abortos del primer trimestre, señaló que el laboratorio provincial Profarse está actualmente desarrollándola y que en cuando este proceso culmine iniciarán la producción para distribuirlo en los hospitales de la provincia.

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*Lorena Roncarolo

Tras la aprobación del proyecto del aborto legal en Argentina, un grupo de profesionales de Bariloche celebró la ley y destacó con orgullo que este procedimiento siempre estuvo garantizando en el hospital Ramón Carrillo.

“Este año, todas las intervenciones pasaron por los centros de salud que tomaron más protagonismo que el hospital debido a la pandemia. Bariloche garantiza estas cuestiones como no sucede en ningún otro lugar de la provincia”, recalcó Romina Berazategui, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.

En 2015, se conformó el comité ILE (Interrupción Legal del Embarazo) en el hospital público de Bariloche a partir de la ley rionegrina. La cifra en el año de pandemia no se modificó en gran medida con años anteriores, con unos 13 procedimientos por mes. En 2019, se realizaron 163 prácticas, de las cuales 25 correspondieron a menores de 19 años y 117, a mujeres de entre 20 a 34 años.

“Lo que cambia esta ley es que se legaliza y eso destina presupuesto específico para todo el aspecto que abarca la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo). La reglamentación va a ser algo complicada porque tiene que pasar algunas instancias burocráticas, pero es una batalla social que se ganó ampliamente”, indicó Berazategui.

Resaltó que la ley genera “un beneficio fundamental” en el caso de Bariloche y la zona andina. Hasta ahora, los integrantes del comité ILE cuestionaban que el sector privado no solía dar respuestas ante la inquietud de una mujer para interrumpir su embarazo. De manera el hospital terminaba haciéndose cargo de esa demanda.

“Al estar en el Plan Médico Obligatorio, pasa a ser una práctica nomenclada, entonces la van a poder hacer en el sector privado y facturarla. Eso era un escollo. Ahora las obras sociales están obligadas a pagarlo”, señaló Berazategui.

También se refirió a la objeción de conciencia: “Si bien la pueden tener las instituciones, el sector público, sí o sí, debe garantizar que haya profesionales que la realicen y, más aún, los hospitales que sean cabeceras de zonas”.

Berazategui destacó que “diez años después, hay una nueva generación de médicos, enfermeros y obstetras que nos deja más tranquilos. En muchas escuelas de medicina hubo cátedras de aborto. La Universidad del Comahue fue pionera y tenés una generación de pibes que ya vienen con otro chip”.

Subrayó que esta ley, a diferencia del proyecto de Uruguay, “establece que quien la práctica no debe ser personal idóneo, como ginecólogos, sino cualquier personal de salud. Los médicos generales son quienes más lo garantizan. Además, no hay plazos como en Uruguay donde las mujeres deben esperar cinco días para pensar su decisión”.

Sobre la aprobación en el Senador, Berazategui consideró que “esta ley abre un montón de puertas al movimiento feminista. Va más allá de la práctica. Tiene que ver con la autonomía, con decisiones, con libertades. Salió del closet en 2018 y hoy ya tenemos la ley”.