Clandestinidad, nunca más

El 9 de agosto de 2018 el Senado rechazó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina por 38 votos negativos, 31 positivos y 2 abstenciones. Dos años y cuatro meses después el resultado se dio vuelta y se amplió la diferencia. La ley que regula el acceso al aborto cosechó 38 votos positivos, 29 negativos y 1 abstención.

También creció la distancia en la Cámara de Diputados: de 129 a 125 se transformó en 131 a 117. ¿Qué condiciones se modificaron?

En 2018 hubo una derrota política, pero se consolidó un cambio de paradigma. El debate de entonces reveló que el aborto existió desde siempre, en mejores o en peores condiciones, bajo la amenaza de la penalidad. Claro que quienes disponían de recursos económicos no ponían en riesgo su vida, y jamás ingresarían a una cárcel.

La disputa más importante que se ganó fue justamente la del sentido. Dejó de ser percibido como un acto repugnante, por el que se debe sentir arrepentimiento y vergüenza, y guardar ominoso silencio. Se legitimó: un embarazo acontece por múltiples motivos y puede ser incompatible para la persona en ese momento de su vida.

El aborto no es un «drama social» ni una «tragedia». La ley sancionada establece que es una práctica de salud protocolizada, que hasta las catorce semanas es voluntaria, no obligatoria, eso significa que quien la solicita no tiene que brindar las razones que la llevaron a tomar esa determinación.

Mientras los sectores que se opusieron históricamente a la ley alzan una y otra vez un feto gigante como símbolo de sus fundamentos, las activistas feministas brindan argumentos públicos. Soportan, soportamos, que nos traten de asesinas, nos comparen con perras y marsupiales, desconfíen del modo en que tomamos decisiones, y hasta exijan la adopción prenatal negando lisa y llanamente nuestra autonomía. Desde hace 37 años nos obligaron a parir, aún siendo niñas. Ya no más tutelaje. Nosotras vamos a ser las ingenieras.

Esa cadena se rompió para las mujeres, cuya sexualidad y reproducción quedó definitivamente divorciada, y para todas las identidades de género con capacidad de gestar. Otra victoria.

En 2020 se plasmó la voluntad política del poder Ejecutivo nacional que por primera vez envió un proyecto. Pero sin transversalidad, acuerdo entre las fuerzas, jamás hubiera habido aborto legal en Argentina.

Lo que nos trajó hasta acá no fue el financiamiento internacional, sino la tozudez de miles por años. Una potencia intergeneracional. Algunas que no alcanzaron a verlo como Graciela Alonso, que murió el 1 de marzo cuando el presidente Alberto Fernández anunció que enviaba la iniciativa, o Susana Yappert que falleció ese mismo mes. Para ellas, nuestra gratitud.

Es hora de hacer vivir la ley. Para que no haya obstrucciones ni malos tratos. No, los feminismos no terminaron hoy, están floreciendo.