Empresarios al rescate

Para combatir la desnutrición que afectaba a muchas personas de ingresos muy bajos, el Departamento de Agricultura del gobierno de Estados Unidos puso en marcha hace tiempo un programa de cupones para alimentos, de tal modo encargándose de la situación, pero parecería que en nuestro país el Estado no es capaz de organizar algo tan complicado. Aunque nadie ignora que la Argentina, una potencia agropecuaria, puede producir bastante como para dar de comer a centenares de millones de personas, el hambre no le es ajena, sobre todo en etapas de alta inflación y desempleo creciente como la actual. Como tantos gobiernos anteriores, con la excepción de aquel del presidente Raúl Alfonsín que en circunstancias difíciles sí implementó el Plan Alimentario Nacional (PAN), el kirchnerista ha hecho muy poco para que el país cuente con un equivalente, por precario que fuera, del Estado benefactor que se formó en la Europa depauperada por la Segunda Guerra Mundial, cuando las condiciones eran peores que las imperantes actualmente aquí a causa no de un conflicto bélico sino de las deficiencias administrativas de una larga serie de gobiernos. Por entender que les sería inútil esperar que el gobierno nacional o los provinciales y municipales procuraran atenuar problemas sociales más graves con medidas concretas como las ensayadas por Alfonsín, al acercarse las Fiestas de fin de año los piqueteros y sus aliados izquierdistas se han acostumbrado a presionar a las cadenas de supermercados para que les den bolsones de alimentos y otros productos, insinuando que, a menos que los entreguen “voluntariamente”, los tomarán de todos modos. Si bien tales “luchadores sociales” coinciden en que el sector privado es malo y debería ser eliminado, comprenden que, frente a una emergencia ocasionada por el colapso del “modelo” económico de turno, es el único que está en condiciones de ayudarlos, puesto que, como saben muy bien, el público no sirve. Aunque el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus colaboradores más influyentes, partidarios ellos de la intervención estatal en todos los ámbitos económicos, no sienten demasiada simpatía por los supermercadistas por creerlos responsables, con otros empresarios, de la inflación desbocada que tantos estragos está provocando en los presupuestos familiares, ven en los reclamos de asistencia alimentaria un intento coordinado de desestabilización, razón por la que han puesto en alerta al Consejo de Seguridad Interior. Los kirchneristas temen que las agrupaciones contestatarias aprovechen el deterioro constante de la economía nacional para organizar saqueos como los de diciembre del año pasado, cuando a causa de las rebeliones policiales hubo “zonas liberadas” en Córdoba, Santa Fe, Chaco, Tucumán y otros distritos. Muchos comerciantes comparten el temor a que se produzcan estallidos sociales, razón por la que quieren que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, tome medidas para protegerlos contra los violentos. Si bien algunos son tan “solidarios” como el que más, a ninguno le gustaría ser víctima del chantaje de organizaciones politizadas. El gobierno nacional se ve frente a un dilema que le es muy ingrato. Si, fiel a su ideología supuestamente popular, procura brindar la impresión de simpatizar con los piqueteros, sobre todo con aquellos que incorporó al movimiento kirchnerista, éstos no vacilarían en redoblar su ofensiva contra los supermercados y otros comercios, lo que con toda probabilidad tendría consecuencias caóticas, pero si insiste en atribuir los reclamos a lo que, según el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, es “una acción de oposición sistemática” a su parecer instigada por el socialista santafesino Hermes Binner y el candidato presidencial Sergio Massa, será acusado de provocar lo que menos quiere, además de girar hacia la derecha represiva. Aunque el gobierno está a favor del asistencialismo, siempre y cuando pueda manejarlo a través de redes clientelistas como hacía con cierto éxito en la fase inicial de la “década ganada”, carece de los recursos necesarios para que funcionen adecuadamente los “planes” que durante años le permitían conservar cierta paz social. Mal que le pese, la inflación ya los ha desbaratado, dejándolo sin más alternativa que la de asumir una postura intransigente que, algunos años antes, hubiera calificado de ultraderechista.

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