En Neuquén, la Justicia en deuda con la verdad

Cuando este diario publicó, al cabo de una exhaustiva investigación, que Luis Manganaro, el número dos del gobierno neuquino que encabezaba Jorge Sobisch, había pagado un millón y medio de dólares por unos campos en La Pampa, el así aludido apenas musitó una desmentida. Quien figuró en los papeles como comprador fue un contador uruguayo especializado en este tipo de negocios. Y en la causa por enriquecimiento ilícito contra Manganaro el entonces juez de instrucción penal Daniel Varesio, hoy camarista, despachó el caso en 2003 con un sobreseimiento definitivo. Dijo Varesio en la ocasión que la investigación de quien era fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Pedro Telleriarte, fue “oculta para los sospechados y pública para ciertos terceros” y constituyó “una maraña persecutoria instalada desde el propio seno del Poder Judicial” (contra Manganaro, se supone).

Ahora, cuando uno de esos campos, el coto de caza hoy llamado CazaPampa, entonces conocido como La Mota, es mencionado en medios cinegéticos de los Estados Unidos como de propiedad del ex delfín de Jorge Sobisch, es tarde para denunciar, porque el caso ha perdido entidad penal. Como decía el gran Olmedo “eso prescribió”. Manganaro, por lo tanto, salió indemne y actualmente es un exitoso empresario. Varesio, en un escalón superior de su carrera judicial, es vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal.

El MPN presente, la Justicia ausente

Desde Junín de los Andes, en marzo de 2007, Sobisch hizo, desde su cátedra gubernamental, un medular aporte al debate sobre la corrupción cuando dijo que “hay momentos en que es mejor un corrupto que un pelotudo, porque un pelotudo ni siquiera sabe qué hacer con las necesidades del pueblo”. Se refirió a los funcionarios públicos, dejando la duda de que pudieran existir los que fueran nada más que capaces y honestos y, lo más importante, ratificando implícitamente que en la administración pública de la que era jefe había corruptos que no estaban en ningún expediente judicial, útiles porque sabían “qué hacer con las necesidades del pueblo”, aunque se quedaran con una parte de los fondos destinados a satisfacerlas.

¿Se acuerdan de los ATN?

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) fueron discrecionalmente distribuidos durante el gobierno de Carlos Menem entre los gobernadores de provincias por el ministro del Interior, Carlos Corach. A Neuquén, le tocaron dos, por un total de 30 millones de dólares, para los municipios de Plottier y Centenario. La “Justicia” de entonces desoyó las denuncias del concejal de Plottier, Carlos Britos, opositor, y, peor aún, ignoró la declaración del emepenista Manuel Da Fonseca, quien aseguró que el ATN llegaba con la condición de que la obra –de tratamiento de líquidos cloacales- fuera adjudicada directamente, sin licitación, a una empresa cordobesa identificada con la sigla “SIC”. De no ser así, el subsidio no llegaría. Finalmente llegó porque la exigencia de Corach fue cumplida.

Un secretísimo plan de seguridad

Otro escandaloso episodio, ya no de 30 sino de 50 millones de dólares, fue el protagonizado por Sobisch en el papel estelar, con la colaboración especial de Mauricio Macri.

El tres de abril de 2004 el diario La Nación informó que Sobisch y Mauricio Macri se habían reunido en Villa La Angostura para analizar la posibilidad de llegar a las elecciones de 2007 con “un proyecto político conjunto”.

El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires había llegado a la localidad turística neuquina para, aparentemente, asistir a un seminario de tres días sobre “gobiernos locales y nuevas políticas”.

En la nota que dedicó al encuentro el diario La Nación dijo que Sobisch y Macri eran entonces “dos de los pocos dirigentes que se animan a oponerse al presidente Néstor Kirchner”, y que los, contactos continuarían: “El gobierno provincial prevé firmar dos convenios de cooperación, de seguridad y de salud, con los equipos técnicos de la fundación Creer y Crecer”, que conducía Macri.

Unos meses después, en octubre de 2004, el ministro de Seguridad y Trabajo (¿quién, si no Manganaro?) anunció la puesta en marcha del Plan Integral de Seguridad (PIS), sin otra información debido a a que el plan de seguridad fue puesto bajo un riguroso secreto, por razones de… seguridad. Dos de los principales contratos se firmaran, sin licitación, con Damovo S.A., empresa presidida por Manuel Requejo García, y Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Argentina y representante de la marca de helicópteros Bell. (ambos amigos de Macri) Durante su campaña electoral como candidato a presidente de la Nación, Sobisch dijo al programa televisivo de Mariano Grondona –que costó 72.000 pesos pagados por el erario neuquino (Luis Majul, más barato, hizo precio en 50.000), que la inversión en el PIS había sido de 50 millones de dólares.

Logró levantar el secreto un recurso de amparo de este diario. Se pudo informar entonces sobre lo más relevante de los treinta cuerpos del expediente administrativo. Manganaro, el operador principal del plan, había gastado unos 200 millones de pesos en una multitud de contratos. La fiscal Sandra Ruixo decidió emprender una investigación preliminar. Concluyó con 30 cuerpos en el archivo judicial.

Fueron 60 millones

En el año 2007 el gasto en publicidad del gobierno provincial rozó los 60 millones de pesos. Como una desconocida agencia llamada Praxis se llevó once de esos 60, brotó la sospecha de que, si no toda, una gruesa porción de esa masa de dinero hubiera tenido un destino indebido. La sospecha se robusteció al saber que, en 2008, con Jorge Sapag en el gobierno, ese gasto había descendido a 23 millones.

La investigación, una más, de este diario, unió el “destino indebido” con el gasto de Sobisch en su campaña electoral hacia la presidencia de la República. Y la Justicia, una vez más distante de los acontecimientos que envuelven a los mortales en mezquinas cuestiones, dejó hacer, dejó pasar.

No hubo más remedio entonces que ir al ministerio público para despertarlo. Se abrió una investigación preliminar en julio del año pasado, a cargo del fiscal Ignacio Di Maggio.

Hasta hoy el expediente no registra más que un intercambio de correspondencia entre el fiscal y el ministro coordinador de gabinete, Gabriel Gastaminza, que culminó en el envío de un montón de expedientes.

Ahora la investigación descansa. Di Maggio se había inhibido porque se sintió “moralmente afectado” por una noticia relativa al caso que publicó este diario. Elevado el asunto al fiscal de cámara Pablo Vignaroli, éste se pronunció considerando que “los hechos aludidos por el señor fiscal de primera instancia no constituyen la causal de excusación invocada, debiendo continuar con la presente investigación preliminar“.

No obstante, el fiscal no podrá cumplir con esa orden porque, con genuinos problemas de salud, pidió y obtuvo una licencia por enfermedad hasta el mes que viene. Mientras tanto, el caso que investiga suma 60 millones de pesos a los 30 millones de dólares de los ATN, los 50 millones de dólares del PIS y los incontables, por falta de información, millones que repartió el Iadep. Es mucha plata, tanta como para que la cuestión no sea solamente de moral administrativa, porque también compromete, como está a la vista, la posibilidad de mantener el gasto en salud.

Jorge Gadano

jagadano@yahoo.com.ar