Fallo YPF: Argentina acuerda con los beneficiarios entregar datos sobre privatizaciones estatales
La República Argentina firmó un acuerdo en el marco del "discovery" para informar sobre la venta de empresas públicas, como parte del proceso por la sentencia de 16.100 millones de dólares. La jueza Loretta Preska convocó a una audiencia este martes para avanzar en temas pendientes del caso.
En el contexto del juicio por la expropiación de YPF, Argentina se comprometió a entregar a los beneficiarios del fallo información sobre todas las privatizaciones de empresas estatales. “Este acuerdo y otros forman parte del proceso de discovery de activos del Estado que puedan ser embargados como forma de pago de la sentencia”, explicó el analista Sebastián Maril, especializado en el caso. La medida se inscribe dentro del litigio en el que el país fue condenado a pagar 16.100 millones de dólares, y este martes 29 de julio está prevista una audiencia clave ante la jueza Loretta Preska.
La decisión judicial busca avanzar en la identificación de activos embargables, mientras se mantienen abiertas las apelaciones cruzadas. Argentina intenta revertir la sentencia o, en su defecto, reducir el monto fijado. Por su parte, Burford Capital, principal beneficiario del fallo, también apeló para que YPF sea incluida como responsable solidaria del pago.
Además, Argentina presentó argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para frenar la transferencia del 51% de las acciones de YPF. Según informó la Procuración del Tesoro, “la orden de entrega vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero” y contradice la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos. En caso de un fallo adverso, el Gobierno anticipó que recurrirá a la Corte Suprema de ese país.
Otro eje del caso es la posible revisión por corrupción en la adquisición de acciones de YPF entre 2008 y 2011. La Corte de Apelaciones deberá resolver el 5 de agosto si acepta, suspende o rechaza el pedido de la ONG RA4ARG, que busca anular la sentencia original y abrir una investigación en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El proceso de discovery y la búsqueda de activos embargables
Sebastián Maril explicó que el acuerdo para entregar información sobre privatizaciones estatales responde a una etapa del juicio en la que los demandantes buscan identificar activos argentinos que podrían ser ejecutados en caso de que la sentencia quede firme. Este proceso, conocido como discovery, es común en la justicia estadounidense y permite a los beneficiarios del fallo solicitar datos financieros y patrimoniales del Estado condenado.
Según la publicación del especialista, la audiencia con la jueza Preska prevista para este martes busca “destrabar ciertos temas pendientes” en relación con este procedimiento, lo que podría derivar en nuevas exigencias para Argentina. La medida no implica aún la ejecución de bienes, pero podría orientar los próximos pasos de los demandantes en ese sentido.
Qué puede pasar con el fallo YPF en los próximos meses
De acuerdo con lo publicado por BAE Negocios, la audiencia de apelación fue programada para la semana del 27 de octubre. Allí se evaluarán los planteos de ambas partes: la defensa argentina, que alega que no correspondía pagar a los accionistas minoritarios bajo los términos del estatuto de YPF, y el fondo Burford, que cuestiona la eximición de responsabilidad a la empresa.
La Corte podría mantener la suspensión de la ejecución de la sentencia, pedir garantías a la Argentina o permitir que la orden de entrega de acciones quede firme. La Procuración del Tesoro advirtió que la transferencia del 51% de YPF afectaría el interés público y la soberanía energética, y que “negociar no es una opción”.
En el contexto del juicio por la expropiación de YPF, Argentina se comprometió a entregar a los beneficiarios del fallo información sobre todas las privatizaciones de empresas estatales. “Este acuerdo y otros forman parte del proceso de discovery de activos del Estado que puedan ser embargados como forma de pago de la sentencia”, explicó el analista Sebastián Maril, especializado en el caso. La medida se inscribe dentro del litigio en el que el país fue condenado a pagar 16.100 millones de dólares, y este martes 29 de julio está prevista una audiencia clave ante la jueza Loretta Preska.
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