El Gobierno pidió suspender el fallo por YPF y advirtió que no aceptará negociar con los demandantes
La Casa Rosada solicitó ante la justicia de Nueva York una medida cautelar para frenar la ejecución de la sentencia y prepara la apelación.
En caso de una negativa por parte de la magistrada, es posible que Argentina avance en una apelación de la medida.
El Gobierno nacional solicitó esta tarde a la jueza Loretta Preska la suspensión del fallo que ordena el pago por el juicio relacionado con la expropiación de YPF, con el objetivo de extender los plazos judiciales durante varios meses y evitar la ejecución inmediata de la sentencia. En los próximos días, además, presentará formalmente la apelación contra la resolución.
Desde la Casa Rosada afirmaron que no se sentarán a negociar con el fondo Burford Capital hasta que exista una resolución definitiva del litigio. Señalan que «sería un daño irreparable» ceder la mayoría accionaria de YPF en manos del Estado nacional, y que apuestan a disputar el monto final, calculado inicialmente en USD 16.000 millones, ya que “hay razones legales para reducirla incluso a ‘algunos cientos de millones’”, explicaron fuentes oficiales con conocimiento del proceso, informó el medio Infobae.
La Procuración del Tesoro, responsable de la defensa del Estado en este caso, pidió la medida cautelar –conocida como stay en la legislación estadounidense– para ganar tiempo en el juicio. En caso de que la jueza Preska no conceda esta suspensión, la defensa recurrirá directamente a la corte de apelaciones, es decir, la segunda instancia.
Desde el Gobierno aseguran que la sentencia de primera instancia es de “cumplimiento imposible” y que no está contemplado acatarla mientras siga pendiente la revisión en instancias superiores, que incluyen la cámara revisora y eventualmente la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Por ello, descartan cualquier negociación de pago con el fondo Burford antes de la resolución final, una posibilidad que había comenzado a trascender desde la parte litigante.
El Gobierno busca suspender la entrega de acciones de YPF hasta que finalice la apelación en segunda instancia
La estrategia oficial apunta a que la ejecución de la sentencia, que implica la entrega de las acciones estatales en YPF, se suspenda hasta concluir el proceso de apelación en segunda instancia. Este plazo permitiría a la Casa Rosada evitar un incumplimiento abierto del fallo durante varios meses. En un escenario menos favorable, esperan que al menos se otorguen los 90 días reglamentarios para presentar la documentación de apelación.
El peor escenario para el Gobierno sería que ni la jueza ni la cámara de apelaciones concedan la suspensión, lo que activaría a mediados de este mes el pago ordenado. Según explican fuentes oficiales, más allá de las cuestiones jurídicas, la forma de pago que implica la transferencia de acciones es inviable operativamente y, en caso de una reversión posterior del fallo, sería muy difícil para el Estado recuperar la tenencia accionaria.
El proceso judicial seguirá por dos vías. Por un lado, se debatirá la cuestión de fondo: si la expropiación de YPF en 2012 estuvo bien realizada. La jueza Preska resolvió en primera instancia que la oferta hecha a Repsol no fue extendida al resto de los socios, entre ellos el Grupo Petersen, y consideró que ello violó el estatuto de la compañía.
La apelación debería comenzar “en cualquier momento”, según informaron en la Casa Rosada. La defensa alegará que la jueza se excedió en su jurisdicción y que la sentencia implica una “cuestión de gravedad” para el Estado nacional.
El Gobierno buscará reducir el monto de USD 16.000 millones apelando la fecha y el tipo de cambio usados en el cálculo
Otra cuestión central para la apelación será el monto fijado por Preska. Los USD 16.000 millones no son considerados una cifra definitiva por el Gobierno, que cree posible disputarla en los tribunales.
El argumento clave estará en la fecha de referencia para calcular el valor de la acción y, por ende, la compensación a Burford. También se pondrá en debate el tipo de cambio aplicado, dado que el estatuto de YPF establecía una fórmula en pesos.
Según las fuentes oficiales, “la justicia norteamericana no puede determinar indemnizaciones en monedas extranjeras” y la dolarización del monto establecida por la jueza tiene “hendijas jurídicas para ser litigada”. En el mejor de los casos, estiman que el valor del juicio podría reducirse a “solo unos cientos de millones de dólares”.
Esta reducción implicaría un cambio sustancial en la perspectiva del caso, aunque admiten que es la versión más extrema, pero con “posibilidades razonables” de que la justicia norteamericana la valide.
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