Entre el calor y el frío

Además de rezar para que no se produzcan más episodios esperpénticos como el protagonizado por la aviadora aficionada Vicky Xipolitakis, que obligó al jefe de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, a suspender por un rato su campaña proselitista en la capital federal, los estrategas oficialistas esperan que el invierno que hace poco comenzó sea insólitamente benigno. La preocupación que sienten toda vez que prestan atención a los pronósticos meteorológicos puede comprenderse. Si bien fue breve y, en comparación con las de otros tiempos, poco intensa, la primera ola de frío de la temporada desbordó enseguida el precario sistema energético de la Capital y el conurbano bonaerense, dejando sin luz a casi medio millón de usuarios, lo que, como pudo preverse, motivó docenas de protestas callejeras. Es que tanto en Buenos Aires como en el resto del país el sistema no está en condiciones de funcionar adecuadamente a menos que la temperatura se mantenga dentro de ciertos límites pero, huelga decirlo, todos los veranos hay algunos días muy calurosos, mientras que en el invierno es normal que nos visite esporádicamente el frío. Como es natural, en tales momentos aumenta abruptamente la demanda y, con ella, los apagones, preventivos o atribuibles a desperfectos técnicos, que a veces se prolongan durante días. No se trata de problemas imprevistos. Desde hace más de diez años especialistas advierten que, tarde o temprano, la política energética del gobierno kirchnerista de privilegiar el consumo y desalentar las inversiones tendría consecuencias desafortunadas. Para reducir los costos políticos, el gobierno nacional se ha acostumbrado a culpar a empresas distribuidoras privadas como Edenor y Edesur por todas las deficiencias, pero es reacio a estatizarlas por entender que no sería de su interés asumir responsabilidad por otro servicio esencial. Nadie supone que las empresas eléctricas sean dechados de eficiencia administrativa pero, aun cuando lo fueran, para mejorar su desempeño necesitarían invertir mucho dinero que, de un modo u otro, tendría que salir de los bolsillos de los usuarios. Puesto que por razones evidentes el gobierno es reacio a permitirles aumentar mucho las tarifas, no tienen más alternativa que la de tratar de arreglarse con lo que tienen. La situación se ha visto agravada últimamente por la voluntad del gobierno de derogar la ley de la oferta y la demanda mediante subsidios. Mientras el gas era extraordinariamente barato, para la calefacción lo lógico era emplear estufas, pero el año pasado se eliminaron los subsidios al gas. Muchos consumidores, enfrentados con aumentos draconianos, en algunos casos superiores al 500% del costo de gas, reaccionaron optando por depender de aparatos eléctricos, razón por la que tuvo un impacto tan fuerte la llegada del frío. Asimismo, por estar el país pasando por otro año electoral, el gobierno quiere que la gente compre más electrodomésticos, incluyendo, desde luego, aquellos que consumen mucha energía, recargando todavía más una red que ya opera al límite. Como los precios cuidados, los controles de alquileres y otras medidas parecidas, los subsidios pueden justificarse durante una emergencia, pero de mantenerse por mucho tiempo siempre resultarán contraproducentes, ya que una consecuencia inevitable de tales intentos de subordinar lo económico a lo político o social es la escasez. Para generar más energía y que la distribuyan mejor, las empresas –sean privadas o estatales– tendrían que invertir muchísimo más dinero pero, claro está, ningún gobierno quiere verse acusado de sacrificar el bienestar del pueblo en beneficio de algunos empresarios o de un grupo de militantes políticos como aquellos que están a cargo de Aerolíneas. Si bien, le guste o no, por razones bien concretas el gobierno que surja de las elecciones venideras tendrá forzosamente que modificar radicalmente la política energética, corregir las distorsiones dejadas por más de una década de principismo cortoplacista no será del todo fácil. Por el contrario, requerirá de un esfuerzo sostenido y sumamente costoso que tendrán que financiar millones de personas que creían que tanto el gas como la electricidad seguirían siendo mucho más baratos aquí que en cualquier otro país de la región, con la excepción parcial de Venezuela.

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