Escucha telefónica revelaría ilícito

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Una escucha telefónica ordenada por el juez Martín Losada en el marco de la investigación de irregularidades en la Oficina de Mandamientos desnudó operaciones presuntamente ilegales, que podrían dar lugar a una denuncia penal.

El responsable de esa dependencia fue separado preventivamente de su cargo a principio de julio -mientras se encontraba de vacaciones- por supuestas irregularidades en el desempeño de sus funciones, que se investigan en un sumario administrativo. «Río Negro» se comunicó el lunes con el funcionario para conocer su versión de lo ocurrido pero éste aseguró en tono sereno «no voy a hacer declaraciones».

En la Oficina de Mandamientos se tramitan embargos y ejecuciones judiciales sobre propiedades muebles o inmuebles, haberes afectados por distintas causas y terrenos con deudas fiscales, entre otros.

El funcionario judicial está sospechado de manejar discrecionalmente el diligenciamiento de las cédulas de notificación de otras jurisdicciones a cambio de la percepción ilegal de honorarios. La mayoría de estas irregularidades se habría cometido con embargos de automotores sujetos a créditos prendarios.

En su ausencia se encontraron sobres dirigidos a él por una gestoría de Buenos Aires -sumados como prueba a la investigación administrativa- que contenían valores al cobro identificados en una nota adjunta como «honorarios» por gestiones solicitadas.

Un llamado que habría realizado el primer día del mes la misma gestoría permitió desentrañar gran parte del mecanismo utilizado en las maniobras de agilización o retardo de diligenciamientos que habría realizado el titular del área, según el requerimiento de cada caso.

Inducida por sus interlocutores la gestora porteña detalló que el funcionario cobraba «dos ius» (80 pesos) de «honorarios» por cada intimación y que tenía una «parva» de diligencias para enviarle.

La grabación se encuadró en una causa penal vinculada en forma periférica a la investigación administrativa, tras lo cual el juez Losada la remitió al responsable del sumario, el fiscal Eduardo Fernández, sin promover denuncia penal.

En diálogo con este diario el magistrado sostuvo que «la llamada por sí sola carece de autonomía incriminante», por entender que no arroja indicios contundentes de posibles delitos, pero consideró que será de suma utilidad cuando se encadene con el resto de l investigación en curso.

Tras la separación del funcionario, los pasillos de tribunales se convirtieron en un hervidero que se reavivó esta semana al conocerse el secreto a voces de la escucha telefónica.

El Sitrajur Bariloche dijo que «existen todos los mecanismos necesarios legales y administrativos para establecer responsabilidades y aplicar castigos» y reclamó «rapidez y transparencia en el juzgamiento de los hechos».