Estado de corrupción

Editorial

Aquel gran profesor que fue José Vidal-Beneyto, filósofo, sociólogo y politólogo español, hoy ya no entre nosotros, afirmaba en uno de sus escritos: “La práctica de contar historias es una nueva modalidad de comunicación política que actualiza las estrategias de persuasión y desarrolla y profundiza las técnicas de la propaganda, utilizando los recursos del universo narrativo para crear una estructura receptiva y un clima emocional favorables al logro de los objetivos de quien los utiliza”.

Todo un concepto que resume la lógica de un gobierno como fue el del matrimonio Kirchner. Pero la mística del relato K está siendo destrozada. Los millones de dólares de Báez contándose en La Rosadita, los bolsos de López llegando al convento y las filmaciones de un Néstor Kirchner extasiado al ver una enorme caja de seguridad con dinero en su interior generan consternación en toda la sociedad, inclusive dentro del mismo círculo íntimo de lo que queda del kirchnerismo. La realidad golpea con mucha dureza sobre lo que fue el modelo nacional y popular que pretendía en su discurso defender a los más necesitados.

No es algo nuevo en el país. Hace años que se vienen haciendo denuncias sobre bolsos con dólares, millonarios giros ilegales al exterior o plata sucia que llegó de la mano de los sobrecostos de la obra pública. Sin ir más lejos, la primera denuncia al exsecretario de Obras Públicas de la Nación fue en el 2008. Tuvimos que esperar ocho años para darnos cuenta de esta realidad. No hay que dejar de recordar que López fue durante doce años la mano derecha del exministro Julio de Vido y fue quien concentró el manejo de toda la obra pública del país todo en ese tiempo.

Conceptualmente se puede decir que la corrupción no es propia de un segmento de la población o partido político. Puede presentarse tanto en regímenes autoritarios como en democráticos y no es exclusiva del sector público, ya que afecta reglas, empresas privadas, instituciones y costumbres.

Hace décadas que la corrupción cruza fuertemente a gran parte de la sociedad argentina. Pero fue en esta última década donde se observó, por primera vez, una organización estatal involucrada para sostener este perverso esquema.

El gobierno de la familia Kirchner necesitó de innumerables cómplices que, consciente o inconscientemente, participaron de este latrocinio. Si no fuese así, cómo se justifica, por ejemplo, el enriquecimiento que tuvo en todos estos años siendo ambos simples empleados públicos. La declaración jurada de bienes del 2003 mostraba un patrimonio cercano a los 7 millones de pesos (menos de dos millones de dólares de aquel entonces). La última lo ubica en más de 160 millones (cerca de 12 millones de dólares) en la que se incluye a sus dos hijos que, hasta fines del año pasado, no tenían trabajo alguno reconocido.

Históricamente en la Argentina ha prevalecido un reduccionismo analítico para explicar los orígenes de la corrupción, simplificándolo a una sola variable política, como propia de un régimen o partido, o –peor aun– a una sola variable social, como lo es la cultural. El problema, sin dudas, va mucho más allá. Es mucho más complejo.

Dentro del relato kirchnerista el común denominador al freno de las denuncias de corrupción era, por lo general, la descalificación, más allá que encontrar absurdas explicaciones en casos contados. La cínica defensa de la presunción de inocencia era otra de las alternativas que se planteaban ante las pruebas presentadas. Pero la perspectiva oficial de algunos funcionarios militantes llegó a justificar la corrupción como un componente intrínseco del sistema político que cumplía un papel primordial en su estabilidad. Insólito pero verídico.

Conociendo el nivel de tolerancia de la sociedad, así como la incapacidad de la Justicia para investigar y definir responsabilidades concretas, el gobierno se dedicó sólo a negar los hechos para sacarse de encima las acusaciones. La mecánica fue tratar de aguantar unos cuantos días para que surja un nuevo escándalo que le quitará al señalado el reflector mediático. La frustración de gran parte de la sociedad en todos estos años ha sido (y es) enorme, pero se diluía cuando el escándalo se convertía en un proceso legal lento, engorroso, largo y casi siempre ineficaz. Así la impunidad se terminó por convertir en regla general y la tolerancia a la impunidad pasó a formar parte de nuestra cultura, de nuestro día a día.

Parte del problema se da aquí, cuando una sociedad acepta la impunidad, que es la forma no traumática de avalar la corrupción. Terminamos siendo cómplices cuando creemos que ese es nuestro destino y no hay forma de modificarlo.