Exigen bajar en 60 millones los gastos en la región

El gobierno nacional pretende que sólo el 3% de los presupuestos provinciales sea destinado al gasto del Poder Legislativo y Judicial. Río Negro, desfasado en 40 millones de pesos.

Para quedar bien con el presidente De la Rúa, que inició una cruzada para reducir gastos en las legislaturas provinciales y en la Justicia, la región tendría que achicar partidas por más de 60 millones de pesos.

Por el momento eso es algo que aquí nadie está dispuesto a hacer. El gobierno nacional pretende que la suma de gastos en ambos poderes no supere el 3% de los presupuestos provinciales.

El desfasaje respecto de este porcentaje es en Río Negro de 40 millones (ver aparte), mientras que en Neuquén llega a los 20 millones.

Por su parte, el ministro del Interior, Federico Storani, lanzará hoy una “dura ofensiva” para que estos poderes provinciales hagan el ajuste pendiente, de acuerdo con el compromiso firmado entre el presidente De la Rúa y los gobernadores. Para avanzar en ese camino, el gobierno nacional envió el mes pasado al Senado un proyecto de ley que les impide a las provincias destinar más del 3% de sus presupuestos a los poderes mencionados. La idea es que se reduzca el gasto político que en lugares como Formosa o Tucumán son inadmisibles.

Durante la reunión cumbre, Storani subrayará que se trata de una iniciativa “sustancial” en la reforma política que puede contribuir a recuperar la credibilidad en las instituciones lesionada -sobre todo- por el asunto de los presuntos sobornos en la cámara alta. En dicho proyecto de reforma colaboraron hombres muy cercanos a “Chacho” Alvarez como Franco Castiglione: “La idea es presentar la medida como producto de las convicciones que mantienen unida a la Alianza, en un momento en que se agitan numerosas versiones sobre su crisis interna”, deslizó la fuente.

Neuquén con bajos costos

La Legislatura neuquina está bien posicionada, pero unidos sus gastos a los del Poder Judicial, Neuquén sobrepasa en más de dos puntos las pretensiones de Nación, lo que equivale a 20 millones de pesos.

Representantes de ambos poderes opinan que tanto el Legislativo como la Justicia neuquina se encuentran dentro de los organismos más austeros en comparación con los de otras provincias, y por esa razón consideran que Neuquén debería quedar fuera de la vara de ajuste político que quiere imponer el gobierno nacional en estas áreas.

Con un presupuesto neuquino cercano a los 1.100 millones de pesos, entre ambos poderes la cifra pretendida por Nación no debería superar los 32 millones. El presupuesto para la Legislatura alcanzó los 13 millones de pesos, en tanto que la Justicia planteó para el 2000 un gasto de 42 millones. El porcentaje de gasto de la Legislatura neuquina se encuentra dentro de las pretensiones de Nación (1,2%). No ocurre lo mismo con el Poder Judicial, cuya incidencia en el presupuesto provincial es del 4,2%.

Los diputados oficialistas y de la oposición coincidieron en que no es posible la reducción del presupuesto de la Justicia neuquina sin que esto implique atentar contra el servicio judicial que requiere la población de la provincia. (AN/ABA/AR)

Mucho gasto en Río Negro

VIEDMA (AV).- La Justicia y la Legislatura de Río Negro duplican el porcentaje de gastos pretendidos por Nación. Ambos poderes participan con un 7% en el presupuesto, mientras el índice ideal para esas estructuras es del 3%, según la última escala planteada por el gobierno de Fernando de la Rúa.

Es decir que existe un desfasaje de 40 millones de pesos, un ajuste que difícilmente pueda ser cumplido por las autoridades provinciales.

El presupuesto provincial -que la Legislatura aprobó en la última sesión del año pasado- asignó 1.064 millones en egresos para el 2001. La deuda prevé un costo por vencimiento de capital e intereses, como también amortización de bonos que superará los 407 millones. Así, el gasto neto del Estado provincial constituye casi 657 millones.

A partir de cualquiera de esas partidas pueden establecer la participación de los poderes en el presupuesto. Pero el análisis nacional ahora está centrado en el monto total, es decir, los 1.064 millones. La asignación al Poder Judicial representa 50,3 millones de pesos. Esa partida equivale al 4,7% del presupuesto total. La participación llega al 6,9% sí sólo se consideran los 657 millones previstos como egresos, excluidos los pagos de la deuda.

En cambio, la Legislatura tiene una partida este año de 24,7 millones de pesos. Las erogaciones de este Poder equivalen al 2,3% del presupuesto total. La participación aumenta al 3% cuando se evalúan las partidas excluyendo sus pasivos.

Nación pretende que la Justicia participe del 1,5% y en Río Negro llega al 4,7%.

Igual porcentaje prevé para la Legislatura y en el Estado rionegrino se le asigna el 2,3%.

Según las últimas estadísticas, el Poder Judicial registró en setiembre pasado una planta de 1.033 empleados públicos, incluyendo funcionarios y jueces. En setiembre de 1997, ese Poder registraba 1.014 estatales.

Por su parte, el Poder Legislativo consignó 699 asalariados, entre agentes, funcionarios y diputados.

Alternativas que se evalúan

Ante el fracaso que en la práctica tuvo la iniciativa del gobierno nacional de ajustar el presupuesto de las legislaturas y los poderes judiciales provinciales, un sector del gobierno prevé poner en marcha un mecanismo que premie a aquellas provincias que realicen el recorte.

En un reciente diálogo con esta agencia, el Secretario de Provincias, Wálter Ceballos, reconoció que se trata de un tema muy delicado porque nuestro sistema federal no permite avasallar las autonomías provinciales: “Se puede sugerir, pero no obligar”, admitió.

No obstante, atentos a tales antecedentes y frente a un año signado por el cronograma electoral, desde el Ministerio de Economía se intentaría incluir el “ajuste político” en la negociación de la ley de coparticipación federal.

En tal sentido se intentaría vincular los ingresos coparticipables a que las provincias reduzcan el dinero destinado a los poderes Legislativo y Judicial.

La otra idea que se maneja es introducir la necesidad del ajuste político en el marco de la reforma tributaria. Como las provincias reclaman una “compensación” por los impuestos distorsivos a ser eliminados (Sellos e Ingresos Brutos), el oficialismo “presionaría” con acceder a cambio de que las provincias accedan a reducir sus erogaciones. (ABA)


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