Fuerte gasto en alquileres del gobierno neuquino

Desde comienzos de 2004 asignó gastos por 2,6 millones de pesos.

NEUQUEN (AN).- En los últimos quince meses el Estado neuquino asignó 2,6 millones de pesos al pago de alquileres de inmuebles para que ministros, jefes policiales y funcionarios políticos tuvieran un lugar donde instalar sus despachos o implementar diferentes programas de asistencia social y producción.

A través de 37 decretos firmados por el gobernador Jorge Sobisch y el vice Federico Brollo en el transcurso de 2004 y lo que va de 2005, luego de que reasumiera la actual gestión a fines de 2003, el gobierno destinó 2.584.094 pesos a los pagos de contratos de alquileres de 41 inmuebles ubicados en su mayoría en la capital y entre los que figuran edificios completos, casas, locales, predios y hasta chacras.

Estas locaciones se realizaron mediante contrataciones directas a particulares por períodos que oscilan principalmente entre los 24 y 36 meses y que culminarán en 2006 y 2007. El argumento con el cual se las justificó en los textos de los decretos fue similar en todos los casos: el Estado carece de inmuebles adecuados para el funcionamiento de algunas de las dependencias con las que cuenta, y las inmuebles rentados «cumplen con los requisitos necesarios».

El ministerio de Seguridad y Trabajo, a cargo de Luis Manganaro, es el que más gastos realizó en alquileres: 1.040.200 pesos en total. De esta cifra, la mayor parte corresponde al edificio de dos pisos alquilado en en pleno centro de la capital -Roca 73-

para el funcionamiento del nivel central del ministerio, que demandó 768.000 pesos por tres años de renta.

Además hay tres inmuebles en la capital, Cutral Co y Junín de los Andes para las Oficinas de Política Criminal por 64.800, 19.200 y 12.000 pesos respectivamente. El primero de éstos fue rentado por un plazo de tres años mientras que en los restantes los contratos se hicieron por dos años.

También alquiló un inmueble en esta capital en 55 mil pesos y por un lapso de 24 meses para la Dirección Provincial de Atención a las Adicciones. Lo mismo en San Martín de los Andes con la seccional sur de la Dirección Provincial de Trabajo, la cual demandó 72 mil pesos por tres años de contrato.

El listado de locaciones de este ministerio incluye las oficinas de dos registros civiles en la capital y Plottier, por 31.200 pesos en el primero de los casos y 18.000 pesos en el segundo. Ambos por un plazo de 24 meses.

El segundo lugar de las dependencias más gastadoras por rentas lo ocupa la Jefatura de Policía, que conduce Wálter Cofré, con dos inmuebles por un valor de 657.800 pesos.

Por el predio de una manzana donde funciona la Jefatura en esta capital, el Estado desembolsó 540.000 pesos por un lapso de tres años al Ejército Argentino, titular del predio. Aunque existe la posibilidad de que la suma se reduzca si consigue que el Ejército le ceda las instalaciones. La fuerza provincial también abonó otros 117.800 pesos por tres años de alquiler del inmueble donde funciona la dirección de Tránsito, en la capital.

El ministerio de Acción Social, a cargo de María Oscos, fue el que el mayor número de inmuebles rentó -17 en total-, pero uno de los que menos gastó porque abonó valores bajos en comparación con otras dependencias: 203.144 en total.

En general alquiló vi

viendas en barrios de esta ciudad que funcionan como centros para distintos programas de asistencia social (comedores comunitarios, guarderías y talleres). Lo mismo hizo en Picún Leufú, Cutral Co y Plaza Huincul, entre otras.

Las oficinas de las subsecretarías demandaron otros 399 mil pesos en locaciones. De este monto, 126 mil gastó la de Salud para el funcionamiento en la capital de la Dirección de Sumarios Administrativos (90 mil pesos por tres años de contrato) y el Programa de Prevención y Tratamiento Ambulatorio para Adolescentes (36 mil pesos por dos años).

La de Seguridad Ciudadana marcó una excepción respecto al resto, porque le alquiló a un organismo del Estado: el ISSN. Pagó por tres años 264.000 pesos, de los cuales una parte correspondió a alquileres adeudados.

En tanto la de Producción y Turismo rentó dos chacras en la zona Confluencia para la implementación del programa «Proda como Huerta Comunitaria». Abonó 5.000 pesos por 10 meses de renta en uno de los casos y 4.000 en el otro por ocho meses.

Hubo además direcciones, como la de Minería y Energía, de Rentas, de Gestión Económica y Financiera y de Estadísticas y Censos, que en conjunto pagaron 210.950 pesos por alquileres de oficinas su mayoría por tres años. Y hay situaciones como la del Tribunal de Cuentas, que destinó 70 mil pesos a la cancelación de rentas atrasadas.

En todos los casos, los alquileres se aprobaron dejando de lado el decreto 059 que años atrás les restringió a las dependencias estatales la posibilidad de rentar inmuebles.

Nota asociada: Cambio de criterios respecto de 1999  

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