G20 dividido
Si la breve reunión del Grupo de los 20 que acaba de celebrarse en Toronto sirvió para algo, fue para recordarnos que no hay ningún acuerdo sobre lo que podría hacer “la comunidad internacional” para garantizar la estabilidad económica combinada con crecimiento que a juicio de casi todos debería ser normal. Que éste sea el caso no constituye una sorpresa. Al fin y al cabo, los presuntos expertos en temas económicos discrepan de los orígenes de la crisis actual, sobre los riesgos planteados por los “paquetes de estímulo” gigantescos que se repartieron después del colapso en septiembre del 2008 del banco de inversión Lehman Brothers y, desde luego, sobre la importancia de la deuda pública y sobre la mejor forma de asegurar un futuro signado por el crecimiento sostenible. Los debates en torno a tales asuntos siguen dándose sin que haya ninguna posibilidad de que como resultado se consolide un consenso firme, puesto que quienes participan de ellos, incluyendo a los que se suponen objetivos, son partidarios de valores culturales distintos y no comparten las mismas preferencias ideológicas. Por lo demás, como siempre sucede en “cumbres” del tipo que organizaron los canadienses, los distintos representantes nacionales estaban más interesados en impresionar positivamente a sus propios compatriotas que en hacer las concesiones, que serían tomadas por derrotas, que serían precisas para que todos se comprometieran a sincronizar sus respectivas políticas económicas. Así, pues, mientras que algunos asistentes, entre ellos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su homólogo norteamericano Barack Obama, aprovecharon la ocasión para manifestarse en contra de los ajustes fiscales, bien por oponérseles en principio a medidas destinadas a reducir el gasto público como en el caso de Cristina, o bien, en el de Obama, por creer que sería prematuro preocuparse demasiado por los déficits antes de que la economía local se haya recuperado por completo de la recesión del año pasado, otros, encabezados por los europeos, insistieron en que es necesario ajustar sin demora. Según parece, Cristina se sintió tan entusiasmada por la causa antiajuste que tuvo un pequeño entredicho con el mandatario galo, Nicolas Sarkozy, que la había criticado por no entender “el hostigamiento que estaba sufriendo el euro”, brindando así a la presidenta una oportunidad para lamentar los malos modales del francés antes de subrayar su oposición decidida a las políticas de ajuste, pero su opinión no impidió que en el documento final del G20 se informara que “las economías avanzadas se comprometieron a instrumentar planes fiscales que reducirán los déficits en un 50% de aquí al 2013 y a estabilizar y reducir la relación entre deuda y PBI al 2016”. Puede que algunos países logren alcanzar dichas metas, pero la mayoría será reacia a intentarlo por miedo a las consecuencias políticas. Conscientes de esta realidad, los responsables del comunicado final agregaron que hay que tomar en cuenta las circunstancias de cada país y, claro está, que siempre es menester privilegiar el crecimiento. Dicho de otro modo, no hubo acuerdo alguno. Como dio a entender Sarkozy, la pasión paneuropea reciente por los ajustes puede atribuirse al temor a que los mercados financieros castiguen sin piedad a aquellos gobiernos que se nieguen a emprenderlos, con consecuencias acaso catastróficas para las víctimas de su ira. Puesto que la Argentina se alejó hace casi diez años del sistema crediticio internacional, no es tan vulnerable en este sentido como Francia y otros países que preferirían seguir integrando las listas de deudores confiables que confeccionan las agencias de calificación de riesgos cuya mera existencia enfurece no sólo a Cristina sino también a dirigentes europeos como el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo demás, puede decirse que a través de los años la Argentina ya se ha sometido, a veces sin proponérselo, al equivalente de medio centenar de ajustes aún más brutales que el propuesto por el gobierno griego y que, la inflación no reconocida mediante, está en marcha uno más, pero que a diferencia de lo que sucede en los países europeos la ciudadanía está tan acostumbrada a los trastornos resultantes que los consideran naturales.
Si la breve reunión del Grupo de los 20 que acaba de celebrarse en Toronto sirvió para algo, fue para recordarnos que no hay ningún acuerdo sobre lo que podría hacer “la comunidad internacional” para garantizar la estabilidad económica combinada con crecimiento que a juicio de casi todos debería ser normal. Que éste sea el caso no constituye una sorpresa. Al fin y al cabo, los presuntos expertos en temas económicos discrepan de los orígenes de la crisis actual, sobre los riesgos planteados por los “paquetes de estímulo” gigantescos que se repartieron después del colapso en septiembre del 2008 del banco de inversión Lehman Brothers y, desde luego, sobre la importancia de la deuda pública y sobre la mejor forma de asegurar un futuro signado por el crecimiento sostenible. Los debates en torno a tales asuntos siguen dándose sin que haya ninguna posibilidad de que como resultado se consolide un consenso firme, puesto que quienes participan de ellos, incluyendo a los que se suponen objetivos, son partidarios de valores culturales distintos y no comparten las mismas preferencias ideológicas. Por lo demás, como siempre sucede en “cumbres” del tipo que organizaron los canadienses, los distintos representantes nacionales estaban más interesados en impresionar positivamente a sus propios compatriotas que en hacer las concesiones, que serían tomadas por derrotas, que serían precisas para que todos se comprometieran a sincronizar sus respectivas políticas económicas. Así, pues, mientras que algunos asistentes, entre ellos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su homólogo norteamericano Barack Obama, aprovecharon la ocasión para manifestarse en contra de los ajustes fiscales, bien por oponérseles en principio a medidas destinadas a reducir el gasto público como en el caso de Cristina, o bien, en el de Obama, por creer que sería prematuro preocuparse demasiado por los déficits antes de que la economía local se haya recuperado por completo de la recesión del año pasado, otros, encabezados por los europeos, insistieron en que es necesario ajustar sin demora. Según parece, Cristina se sintió tan entusiasmada por la causa antiajuste que tuvo un pequeño entredicho con el mandatario galo, Nicolas Sarkozy, que la había criticado por no entender “el hostigamiento que estaba sufriendo el euro”, brindando así a la presidenta una oportunidad para lamentar los malos modales del francés antes de subrayar su oposición decidida a las políticas de ajuste, pero su opinión no impidió que en el documento final del G20 se informara que “las economías avanzadas se comprometieron a instrumentar planes fiscales que reducirán los déficits en un 50% de aquí al 2013 y a estabilizar y reducir la relación entre deuda y PBI al 2016”. Puede que algunos países logren alcanzar dichas metas, pero la mayoría será reacia a intentarlo por miedo a las consecuencias políticas. Conscientes de esta realidad, los responsables del comunicado final agregaron que hay que tomar en cuenta las circunstancias de cada país y, claro está, que siempre es menester privilegiar el crecimiento. Dicho de otro modo, no hubo acuerdo alguno. Como dio a entender Sarkozy, la pasión paneuropea reciente por los ajustes puede atribuirse al temor a que los mercados financieros castiguen sin piedad a aquellos gobiernos que se nieguen a emprenderlos, con consecuencias acaso catastróficas para las víctimas de su ira. Puesto que la Argentina se alejó hace casi diez años del sistema crediticio internacional, no es tan vulnerable en este sentido como Francia y otros países que preferirían seguir integrando las listas de deudores confiables que confeccionan las agencias de calificación de riesgos cuya mera existencia enfurece no sólo a Cristina sino también a dirigentes europeos como el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo demás, puede decirse que a través de los años la Argentina ya se ha sometido, a veces sin proponérselo, al equivalente de medio centenar de ajustes aún más brutales que el propuesto por el gobierno griego y que, la inflación no reconocida mediante, está en marcha uno más, pero que a diferencia de lo que sucede en los países europeos la ciudadanía está tan acostumbrada a los trastornos resultantes que los consideran naturales.
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