Gennuso allana el camino para aplicar el régimen de plusvalía
El municipio podrá obtener dinero, tierras u obras de infraestructura a cambio de modificaciones de parámetros urbanísticos. No se incluirá a las obras públicas.
Gennuso allana el camino para aplicar el régimen de plusvalía
El Ejecutivo municipal dio un paso clave para poner en marcha el régimen de plusvalía urbana de la tierra al reglamentar la ordenanza respectiva y fijar el valor de referencia de la construcción, que será de 12.230 pesos por metro cuadrado.
La plusvalía o “renta diferencial urbana” es el beneficio patrimonial que le reporta a los propietarios cualquier decisión municipal que cambie parámetros urbanísticos o habilite mayor superficie a construir en una fracción de tierra.
La normativa vigente le asegura al municipio una participación en esa renta diferencial, que el particular puede abonar en dinero, en parcelas de tierra o en obras de infraestructura.
La primera ordenanza que reguló ese resarcimiento data de 2010, y fue modificada el año pasado, debido a que hasta entonces había sido aplicado sólo “dos o tres veces” debido a la complejidad del procedimiento, según reconoció el subsecretario de Planeamiento Urbano, Pablo Bullaude.
El intendente Gustavo Gennuso emitió ayer la resolución reglamentaria que faltaba para hacer “efectivo y eficaz el cumplimiento” de lo establecido en la ordenanza.
El gravamen especial definido como “derecho de participación en la renta diferencial urbana” tiene ya plena vigencia en muchos municipios, pero Bariloche no había avanzado en esa línea, a pesar de la fuerte valorización de los terrenos y los altos niveles de especulación inmobiliaria.
El articulado de la resolución dispone que el m2 de construcción para el cobro de la renta diferencial tendrá un valor base de 12.230 pesos. Establece que ese monto se actualizará periódicamente en base al índice de precios que publica la Cámara Argentina de la Construcción.
La resolución también define los pasos a seguir para las “equivalencias” entre pesos y metros cuadrados en cada caso para fijar las formas de pago.
La ordenanza original establecía el índice de participación municipal en el 30% del plusvalor que se derive de la decisión administrativa del Estado. La modificación aprobada en 2016 la redujo al 20%, pero incluyó los emprendimientos hoteleros (estaban exceptuados) y habilitó también el pago en dinero, que también estaba excluido.
Ninguna de las dos ordenanzas previó que las obras públicas de gran envergadura -no sólo los cambios de parámetros- también permitan la participación del municipio en el plusvalor. En su momento Bullaude admitió que allí existía una contradicción, al punto de que las mejoras en la calle Mitre (pagadas con fondos públicos) no tienen recupero ni generen ningún cargo a los propietarios beneficiados.
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