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La enfermedad inhabilitante del presidente podría desencadenar una convulsión de desenlace incierto.





Todos los hombres son mortales.  El presidente Fernando de la Rúa es un hombre. Por lo tanto, es mortal, tal como nos recordó nuevamente aquella pequeña operación para destapar una arteria coronaria obstruida, pero aparecería que el silogismo archiconocido con el cual se inició la tradición de pensamiento lógico occidental aún no ha merecido la atención de nuestros dirigentes. Desde que el frepasista Carlos «Chacho» Alvarez decidió renunciar al cargo para el cual fue elegido, si por algún motivo De la Rúa resultara incapaz de continuar cumpliendo sus funciones, se vería reemplazado por el senador misionero Mario Losada, con los lugares siguientes en la línea sucesoria ocupados por el diputado Rafael Pascual y el presidente «menemista» de la Corte Suprema, el riojano Julio Nazareno. Puede que todos sean personajes sumamente respetables, pero ninguno posee ni siquiera una fracción de la autoridad que por razones evidentes necesitaría tener el encargado de gobernar al país en una hora tan crítica como la actual en la que, para colmo, entre las causas principales de sus dificultades está la debilidad notoria del Poder Ejecutivo.

Si bien no se trata de una situación insólita, la ausencia no sólo de un vicepresidente de peso sino también de mecanismos legales muy claros destinados a asegurar que la acefalía que podría producirse durara poco, constituye otro ingrediente del «riesgo país». En vista de la naturaleza del sistema presidencial vigente, la eventual incapacidad del jefe del Estado o, en una de aquellas etapas muy breves en las que contamos con un vicepresidente debidamente elegido, de su reemplazante formal también, debería significar la celebración casi inmediata de nuevas elecciones. Sin embargo, el apego poco sensato de la clase política a un calendario institucional rígido, más los temores de algunos y las ambiciones de otros, supondrían que el país tendría que experimentar un período acaso prolongado de luchas e intrigas de todo tipo encaminados a demorar al máximo la consolidación de un Poder Ejecutivo nuevo.

La reforma constitucional más reciente fue emprendida sin otra finalidad que la de permitir la reelección de Carlos Menem, dirigente que había decidido que su primer vicepresidente, Eduardo Duhalde, le sería más útil como gobernador de la provincia de Buenos Aires, de modo que era previsible que los dignatarios que se reunieron en Paraná no mostrarían demasiada preocupación por un agujero que, en circunstancias determinadas, podría resultar muy pero muy peligroso. Asimismo, es notoria la resistencia de muchas personas a pensar en eventualidades desagradables, de modo que muchos habrían considerado de pésimo gusto insistir en la importancia de obligar al presidente de turno a soportar la compañía de un político con el prestigio y el respaldo suficientes como para sustituirlo en cualquier momento. Aunque es tan «humano» el escaso interés de los caudillos en arriesgarse permitiendo que un rival en potencia quede a un latido de la presidencia de la República, como lo es la aversión hacia tales temas que sienten muchos políticos, al país le hubiera convenido que superaran sus inhibiciones para dotarlo de un sistema un tanto más flexible que el imperante.

Por fortuna, la salud de De la Rúa parece razonable y sus íntimos nos aseguran que la posibilidad de que un día tire la toalla, como querrían el gobernador Carlos Ruckauf, el sindicalista Hugo Moyano y otros, es escasa, pero la vida está llena de azares y una sociedad se debe a sí misma prepararse para enfrentar lo imprevisto. En algunos países, los problemas que plantearía la muerte simultánea de casi todos los dirigentes conocidos serían por lo menos manejables. En el nuestro, la enfermedad inhabilitante de una sola persona, el presidente de turno, podría desencadenar una serie de acontecimientos que culminara con una convulsión de desenlace incierto.  En vista de que sería fácil redactar legislación que serviría para reducir al mínimo los riesgos supuestos por una «ley de acefalía» que es llamativamente inadecuada, corresponde a los interesados en el futuro del país emprender esta tarea, aunque descubrirían muy pronto que un esfuerzo genuino por ser precavidos tendría implicaciones que resultarían ser mucho más profundas de lo que la mayoría supone.


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