Imputarían estafa y extorsión a dueños de los casinos

BUENOS AIRES (DyN) – Los investigadores judiciales del caso de los tres casinos clandestinos descubiertos el jueves por la Prefectura Naval Argentina en la zona de Puerto Madero podrían imputar a sus responsables los delitos de estafa y extorsión, dijeron fuentes tribunalicias.

Las imputaciones, que obligarían al pase de la causa a un juez en lo Criminal -actualmente está en manos de un juez en lo Correccional-, podrían surgir de las pruebas reunidas en la casa del principal acusado en la causa, José Barmaimon.

El hombre fue detenido y ya liberado junto con su esposa y dos de sus hijos, uno de los cuales, de nombre Ariel, sería quien alquiló uno de los lujosos departamentos de Puerto Madero allanados por la Prefectura.

Barmaimon recuperó la libertad a las cuatro de ayer al comprobarse que no tiene antecedentes y que únicamente tuvo un pedido de captura anulado por el juzgado en lo Criminal número 29 y un sobreseimiento en otra causa dictado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Versiones periodísticas habían señalado que el hombre habría perdido otros salones similares hace tres años en el barrio de Palermo y que habría manejado otro casino clandestino en el barrio de Villa Crespo.

Las 170 personas detenidas la madrugada del jueves en los tres casinos recuperaron su libertad, ya que sólo están acusadas de haber infringido un decreto ley de 1957 que reprime el juego ilegal, penado con multas y sólo dos años de prisión para quien promueva esa actividad ilícita.

La aplicación del decreto-ley se constituye en una polémica tribunalicia, ya que mientras la jueza y los fiscales actuantes -Ana María Bulacio Núñez de Rúa y Marcelo Martínez Burgos y Gabriel Nardiello, respectivamente- sostienen que fue inclui-do en el Código Penal, los acusados creen que es inaplicable al ser facultad aún no legislada por el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires.

Los casinos funcionaban en tres lofts de la reciclada zona de Puerto Madero, a 300 metros de la Casa de Gobierno, y en terrenos cuya jurisdicción corresponde a la Prefectura.

El ministro del Interior, Carlos Corach, y el superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, el comisario Miguel Ciancio, admitieron que se realizará un sumario administrativo para determinar si los casinos funcionaban con el amparo de la comisaría 22 o la PNA.

La Prefectura terminó de retirar ayer a la madrugada el material usado en los tres casinos, entre los que se cuentan mesas de ruleta, black-jack y punto y banca y máquinas de carreras de caballos, poker y ruleta electrónica.

Uno de los casinos funcionaba en la planta baja misma de uno de los dockes de Puerto Madero, tan sólo separado de la vereda -y de los prefectos que por allí pasan a diario- por un vidrio polarizado.

Vinculan a Kohan

La diputada nacional de la Alianza Mary Sánchez dijo que dos unidades funcionales situadas en la calle Alicia Moreau de Justo 750, en Puerto Madero, donde estaba ubicado uno de los casinos clandestinos, pertenecerían al secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan. Sin embargo, Kohan restó trascendencia a la denuncia y dijo a DyN que recordaba «remotamente haber comprado algo en ese lugar cuando era un páramo» pero que lo vendió «a los tres meses».

Sánchez difundió anoche fotocopias de una escritura -a las cuales tuvo acceso DyN- en la que se menciona que el inmueble fue comprado en 1994 a la empresa IRSA, que maneja en la Argentina las inversiones del magnate húngaro George Soros, por la sociedad anónima Sabores, que según los papeles está constituida por «Juan Domingo Protto, argentino, casado, de 46 años de edad, libreta de enrolamiento 7.590.130, empresario, y Alberto Antonio Kohan, argentino, casado, 47 años, DNI 7.987.967».

En la copia de la escritura se dice que esa sociedad compró a IRSA las unidades funcionales números 58 y 59 de la planta sótano y planta baja y la unidad funcional 60 de la planta baja del edificio ubicado «con frente a calle sin nombre oficial 750, entre avenida Belgrano y prolongación calle teniente general Juan Domingo Perón». Más tarde a esa calle se le colocó el nombre de Alicia Moreau de Justo.

La legisladora dijo que «voy a llevar esta documentación a la jueza» que tie-ne el caso de los casinos clandestinos, Ana María Mulacio Rúa de Núñez.