Inestabilidad social en Latinoamérica, ¿y Argentina?



Patricio Vallone *


La dirigencia política, gobernando o siendo oposición, debe actuar con responsabilidad, apostando al diálogo y respetando las múltiples opiniones.


Cómo se explica este contexto de inestabilidad social en la región? ¿Por qué también países con tasas de crecimiento en sus respectivos PBI, de economías más estables y en desarrollo, registraron protestas sociales en estos últimos meses? ¿Tienen factores en común más allá de sus diferencias locales?

La respuesta es sí, y estos factores en común son: la desconexión social entre las clases dirigentes y la sociedades, el reclamo por la defensa y/o ampliación de derechos sociales y el rol de las fuerzas armadas. Tanto en Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia y Venezuela, estos tres componentes conviven.

Ecuador: implementación de ajuste fiscal, programa de estabilización avalado por el FMI y aumento de precios internos provocaron protestas sociales que se tornaron violentas con la intervención de las fuerzas militares.

Chile: el país modelo para muchos de la región, que basa su crecimiento en una estructura económica liberal, pero que a su vez mantiene índices de desigualdad social elevados. Por más que todas las clases se hayan beneficiado con este desarrollo, existieron diferencias en la distribución de la riqueza, pero sobre todo las expectativas de crecimiento de las bases no coincidió con la realidad.

Una vez más, costo de vida más elevado y políticas estatales desconectadas de la realidad popular ocasionaron explosión social en todo el país, reclamando ampliación de más derechos e igualdad de condiciones. Una población que parecía sumisa avanzó contra la gestión conservadora de Piñera.

Hoy se articulan y definen planes de contención social con reforma constitucional, que ni los gobiernos más socialistas como el de la expresidenta Bachelet imaginaban.

La primera respuesta del gobierno fue intervenir las protestas con las fuerzas armadas.

Colombia: movilizaciones pacíficas y cacerolazos en todo el país, con más presencia en las ciudades de Cali y Bogotá, con reclamos variados, desde mayores fondos para la educación pública, impuestos elevados, falta de trabajo, rechazo a la flexibilización del mercado laboral y a la reforma previsional, hasta más políticas que fortalezcan la igualdad de género.

Otra vez acumulación de demandas sociales no cumplidas, y una dirigencia indiferente a comprometerse de verdad. Como suele pasar, nunca faltan los grupos violentos que buscan más caos, y la posterior represión que la sufren todos.

Bolivia y Venezuela: en estos dos casos la incidencia militar es determinante. En el primer caso le soltaron la mano al presidente Evo Morales, provocando un golpe de Estado, en un marco electoral con un procedimiento que incluyó varias sospechas de fraude. Grieta social a favor o en contra del gobierno del MAS, enfrentamientos en la calles con la policía, asilo político de Evo Morales en México. Lo que hubiese significado su cuarto mandato en el ejecutivo Boliviano terminó siendo por el momento su frustración política.

Sin importar lo exitoso que pueda ser un líder político, la concentración sostenida en el poder no es conveniente para ninguna democracia. El mismísimo Lula Da Silva declaró en una entrevista al diario británico The Guardian: “Mi amigo Evo cometió un error cuando buscó un cuarto mandato como presidente”, en un contexto en el que a priori su candidatura era anticonstitucional, rechazada por referéndum popular, y finalmente autorizada gracias a un fallo del Tribunal Constitucional.

En Venezuela los militares prácticamente son parte del gobierno, con cargos en los ministerios. Gracias a Chávez y Maduro las fuerzas armadas fueron adquiriendo cada vez más poder, en un país donde históricamente no habían sido protagonistas. En un país quebrado, con faltante de insumos de cualquier tipo, una población cada vez más prisionera del propio sistema, y sin poder concretar una transición de coalición que permita superar la crisis económica e institucional que atraviesa.

¿Cuál es la situación Argentina? Cierra el 2019 con difíciles problemas socioeconómicos, que tendrá que resolver la futura gestión recientemente electa: con una estimación anual de inflación del 55%, pronósticos de recesión para 2020, un índice de pobreza que superó el 35% y una desocupación que según el Indec alcanzó a un poco más de 2 millones de personas. También reservas fiscales comprometidas, deuda externa que será renegociada pero se tendrá que pagar si se quiere seguir integrados al mundo, alimentos en aumento y sueldos atrasados, para una población de base y clase media que absorbió el primer impacto negativo de cualquier programa de estabilización económico, y que manifestó en las urnas que no lo podía tolerar más.

En toda esta coyuntura compleja hay un elemento que explica en parte porque no hemos tenido la misma explosión social regional y que gracias a la superación de procesos históricos con características heterogéneas hoy se sostiene en el tiempo, y es la institucionalidad.

Podemos pensar cómo, en cada gestión desde el presidente Alfonsín hasta Macri, se fortalecieron de algún modo la democracia y los canales institucionales para expresar las múltiples demandas de una sociedad que vive el día a día en un ecosistema muy particular.

Cada sector social, a su manera, ha sabido cómo ser escuchado, desde los grupos empresarios hasta los sindicatos, movimientos sociales y clase media. Es importante valorarlo: en un camino político con tanta grieta y económicamente inestable, tenemos un sistema institucional cada vez más sólido.

El último conflicto social, y para nada comparable a la escala de manifestaciones masivas de la región, fue en diciembre del 2017, en la Ciudad de Buenos Aires cuando en el Congreso de la Nación se intentaba tratar la reforma previsional.

¿Puede producirse un estallido social en Argentina? Imposible predecir el futuro, pero dependerá bastante, hoy más que nunca, de que la dirigencia política, gobernando o siendo oposición, lo haga con responsabilidad, cuidando los modos, apostando al diálogo, al consenso y respetando las múltiples opiniones. El camino democrático y la paz social residen en continuar fortaleciendo los canales institucionales.

*Consultor político


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