Investigan a funcionarios y empresarios por el caso IPVU

Están bajo la lupa obras millonarias. Sospechan irregularidades en la contratación y ejecución de un centenar de trabajos, que incluyen planes de viviendas y pavimento.

Más de diez personas son investigadas por la fiscalía de Delitos Especiales a partir de la reapertura de la investigación sobre maniobras aparentemente fraudulentas con los millonarios fondos, que durante el último gobierno recibió el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) de Neuquén.

Si bien la causa trascendió a partir de un intento por imputar al extitular del órgano, Rodolfo Kaiser, la investigación es mucho más extensa al punto que se analiza incluso si algunos de los titulares de las empresas actuaron como “prestanombres”.

El martes el Tribunal de Impugnación resolvió en un fallo dividido reabrir la investigación que había sido cerrada a principios de junio por un tecnicismo, al entenderse que entre la denuncia que originó la investigación y la audiencia en la que se buscó imputar a Káiser pasaron ocho meses.

Fue el allanamiento realizado el 24 de mayo en la sede del IPVU – ADUS de esta ciudad el que permitió obtener los contratos y datos a partir de los cuales la causa cobró forma.

“En el tiempo que la causa estuvo cerrada lógicamente no se pudo avanzar en la investigación, por lo que ahora trataremos de conseguir el resto de la documentación, de los expedientes, que no encontramos en el allanamiento”, detalló el fiscal del caso, Andrés Azar.

Se investiga más de un centenar de contratos de obra pautados entre 2011 y 2015 por el IPVU-ADUS para la realización de millonarias obras, como planes de vivienda y pavimento. Si bien aún no hay un cálculo del monto que implican, se sabe que la mayoría de los fondos fueron nacionales.

La maniobra que se analiza parte del uso de un mecanismo que si bien es legal llama la atención: se habrían divido las obras en múltiples contratos con el tope de 2.000.000 de pesos en cada caso, monto que permite eludir los llamados a licitación.

Con ese mecanismo se realizaron más de 100 contratos de los cuales 37 recayeron en manos de solo tres empresas: Cotrac SA, Texico SA y Constructora Limay SA. Esas tres firmas son el centro de la investigación pues no solo se trata de firmas ignotas en la región hasta que obtuvieron el primer contrato, sino que incluso una de ellas se habría constituido legalmente en Buenos Aires apenas tres días antes de ganar ese primer contrato.

“Vamos a remitir toda la información al gabinete contable (del Poder Judicial) para analizar si corresponde y a quienes imputar y de ser necesario luego pediremos que se declare la causa como compleja”, explicó el fiscal Azar, y detalló que precisamente las más de diez personas que por ahora son investigadas son los titulares de esas empresas y los funcionarios involucrados en los contratos.

Entre las sospechas que se buscan dilucidar con las pericias se encuentran definir si se abonó más de una vez por la misma obra y si las obras que fueron adjudicadas y pagadas efectivamente se realizaron.

De hecho trascendió que se realizarán estudios de ingeniería para determinar además si en el caso de las obras que sí se realizaron las mismas respetan los parámetros de los contratos o si, como se sospecha, se utilizaron materiales de menor calidad o en menor cantidad.

“No es lo mejor avanzar ahora después de haber planteado los datos que teníamos en su contra, pero lo intentaremos”.

Andrés Azar, fiscal de Delitos Especiales de

la Justicia neuquina.

Una de las maniobras que se habrían utilizado fue dividir las obras a realizar para eludir la obligación de llamar a licitación, a través de varios contratos.