Juárez no declaró y hoy le toca el turno a «Nina»

El ex caudillo peronista Carlos Juárez se negó a declarar ayer ante el juez federal santiagueño Angel Toledo, en el marco de la causa que investiga unas 30 desapariciones de personas durante su cuarto gobierno provincial. «No tiene ninguna vinculación con las 30 desapariciones de las que se lo acusa, incluida la del concejal peronista (Emilio) Abdala, ocurrida en 1995, por lo que se abstuvo a declarar», dijo José Azar, uno de los representantes legales de Juárez.

El ex caudillo, de 87 años, fue trasladado al juzgado federal santiagueño en una camioneta 4×4 Jeep Cheeroke, y tras negarse a declarar, fue llevado nuevamente a su casa «La Rosadita», en la que cumple arresto domiciliario, junto a su esposa, la ex gobernadora Mercedes «Nina» Aragonés de Juárez.

De esa manera, el ex cinco veces gobernador santiagueño -que lucía un impecable traje y no tenía esposas en sus muñecas- eludió el pliego con 106 preguntas elaboradas por el fiscal Alberto Pravia, por unas 30 muertes y desapariciones durante sus gestiones de gobierno.

También surgió la posibilidad de interrogar a Juárez por los fallecimientos del obispo Gerardo Sueldo y el ex gobernador César Iturre, denunciadas por familiares y abogados que apuntan directamente a Juárez y a la ex gobernadora «Nina» Aragonés como responsables de esos hechos.

Poco antes de ordenarse la intervención federal, el matrimonio Juárez acumuló denuncias de muertes, amenazas y la desaparición de personas, entre ellas la del concejal Emilio Abdala, a mediados de 1975.

Sara Abdala, la hermana del concejal desaparecido en Santiago en 1975, dijo ayer que tiene «esperanza» en el interventor de la provincia Pablo Lanusse y expresó que «por lo menos» quiere saber «dónde han tirado los restos» de su hermano.

En tanto, los abogados Azar y Francisco Cavallotti también representarán legalmente hoy a la ex mandataria provincial, en una indagatoria prevista para horas de la tarde, en el Juzgado Federal de Santiago del Estero.

«Nina» Juárez deberá responder a las acusaciones de la ANSeS por presunta «estafa» en perjuicio del Estado nacional por el cobro de 505 mil pesos de una jubilación incompatible con el ejercicio de la función pública. En otra causa caratulada «robo en poblado y banda», la ex mandataria provincial -de 72 años- está acusada de ser la «autora ideológica» del saqueo de la casa e intento de asesinato del diputado justicialista José Oscar Figueroa.

Con anterioridad, el juez Toledo había citado a la ex mandataria a una indagatoria, pero «Nina» se amparó en sus fueros, no se presentó a declarar y, por su parte, la Legislatura provincial rechazó el pedido de desafuero.

Consultado sobre el estado anímico del matrimonio Juárez, el abogado afirmó que «están completamente tranquilos porque son inocentes, aunque resignados por la situación que deben afrontar y confiados en la justicia». En las próximas horas, el magistrado deberá resolver el pedido de traslado a la Capital Federal de «Nina» y Carlos Juárez, solicitado por la abogada Raquel Llobet, quien indicó que el arresto debe cumplirse en el domicilio real del matrimonio ubicado en Tres de Febrero 1910, segundo piso «A» del porteño barrio de Belgrano.

(DyN/Télam)

 

Entre casas usurpadas y mercadería robada

El interventor en Santiago del Estero, Pablo Lanusse, aseguró ayer que su gabinete está trabajando para resolver la usurpación de viviendas destinadas a sectores pobres de la población y afirmó que «se pudieron recuperar» las mercaderías robadas de depósitos provinciales.

Mientras Lanusse mantenía una serie de actividades en la Casa de Gobierno, continuaba siendo tensa la situación en torno del conflicto por la ocupación de viviendas, ya que en las últimas horas fueron tomadas casas de barrios que aún se encuentran en obras.

Esto provocó airadas protestas de sectores empresarios que construyen los barrios y de sus trabajadores, muchos de los cuales fueron suspendidos porque no pueden seguir adelante las obras debido a que las casas, algunas aún sin techo, están habitadas.

Una radio local informó ayer que en el barrio Juan Díaz de Solís de la capital, ocupado ilegalmente la semana pasada por familias pobres, se habrían producido agresiones entre personas que cuestionan la actitud de algunos de los usurpadores porque ya serían propietarios de otra vivienda.

Tras tomar juramento al nuevo secretario de Educación, Manuel Gómez, Lanusse dijo a los periodistas que recibió tanto a personas que ocuparon viviendas como a representantes de los obreros que las estaban construyendo y precisó que del tema «se está haciendo cargo el secretario de Obras Públicas», Raúl Rodríguez. Además, afirmó que ya «se pidió la renuncia al presidente del IPUV (Instituto Provincial de la Vivienda) y se hizo cargo el mismo secretario de obras públicas».

Además, opinó que el robo de un depósito con mercaderías para barrios pobres, que aparentemente llevaron a cabo personas allegadas al juarismo, fue una «aberración» y «muestras que nuestro diagnóstico no era equivocado». «Apenas lo conocimos (al robo, el jefe de Gabinete Pablo) Fontdevila hizo la denuncia y gracias a la acción de la Justicia con la Policía se pudo recuperar» lo sustraído, sostuvo Lanusse.

(DyN/Télam)