Jubilados, calculadora en mano

En tandas de 100.000 personas por mes, con prioridad para los mayores de 80 años o que sufran enfermedades terminales, la Anses puso en marcha este mes el vasto operativo para acordar con un universo de 2,4 millones de jubilados y pensionados el pago de las deudas por juicios ganados o pendientes contra el Estado, junto con una mejora fija y diferenciada de sus haberes que abarcará incluso a quienes no entablaron demandas judiciales. En estos últimos casos, a cambio del compromiso expreso de desistir de proseguirlas o iniciarlas.

La idea original era que estos trámites pudieran realizarse vía internet, pero sufrió una demora en la puesta a punto del sistema informático. De ahí que los primeros beneficiarios recibirán la convocatoria por correo electrónico, hasta que en las próximas semanas se resuelva la cuestión técnica o bien concurran a las sedes de la Anses.

Como ya se explicó en esta columna, la ley de Reparación Histórica establece que el reconocimiento de las deudas previsionales se concretará a través de acuerdos judiciales y voluntarios con la Anses. Este esquema prevé el pago retroactivo a unos 400.000 jubilados y pensionados que hace años les ganaron juicios al Estado y no cobraron pese a contar con fallos firmes, así como los que tienen sentencias a favor (que hasta el año pasado eran apeladas por la Anses). En estos casos, podrán acordar el cobro del 50% en efectivo y el resto a lo largo de tres años (en 12 cuotas trimestrales ajustables según el índice de movilidad previsional automática), junto con el nuevo haber mensual recalculado. Otro grupo comprende a los que iniciaron juicios sin haber obtenido sentencia, que podrán percibir la deuda en la misma forma y plazos, pero con un tope retroactivo de 4 años y un ajuste de haberes de 40% promedio, si acuerdan con la Anses dar por cerrado el reclamo. Y finalmente, a quienes no hayan entablado demandas judiciales, que podrán acordar un reajuste del orden de 35% en el haber mensual contra el compromiso expreso de no iniciarlas en el futuro.

Salvando las distancias y los montos, el esquema no difiere demasiado del propuesto meses atrás para poner fin al default parcial de la deuda externa: el gobierno ofrece un acuerdo voluntario –con quitas o topes– para saldar estas deudas internas acumuladas, a cambio de que los acreedores (jubilados y pensionados) renuncien a cualquier futuro reclamo judicial, según la ley 27260 sancionada por el Congreso.

En otras palabras, esto significa que no todos los jubilados que acepten estos acuerdos judiciales con la Anses –y la participación de un abogado– cobrarán toda la deuda y los haberes que les correspondería percibir. Por cierto que esto dependerá de cada caso particular y de la fecha en que hayan pasado a revistar en la clase pasiva. Por lo general, quienes iniciaron (o pensaban entablar) juicios por reajuste de haberes mal liquidados (con relación a sus sueldos en actividad, deteriorados por la inflación) se ubican dentro de la franja medio-alta de la pirámide previsional. Pero como la tramitación judicial demora un promedio de 7 años, la edad acumulada desaconsejaría para muchos esperar hasta obtener la sentencia a favor. De ahí que la ley incluya como incentivo el reajuste inmediato de haberes, adicional de la deuda retroactiva que pudiera corresponder.

Los indecisos tendrán que recurrir a la calculadora, sin dejar de considerar su estado de salud y expectativa de vida. Pero también les convendría tener en cuenta un cuadro de situación para cada categoría elaborado por el especialista en finanzas Mariano Otálora y que el diario “El Cronista Comercial” publicó hace algo más de un mes.

Según ese trabajo, la propuesta establecida por la nueva ley para los jubilados y pensionados del grupo que ya cuenta con sentencia a favor modifica la fórmula de cálculo de actualización de haberes establecida por la Corte Suprema en el “caso Elliff” (Isbic: índice de salarios básicos de la industria y la construcción), al reemplazarla por otra (Ripte: remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estatales). Entre 1995 y 2009, el primer indicador registró una suba acumulada de 436% frente al 177% del segundo. Como consecuencia, un trabajador que se jubiló en el 2006 con un haber que actualmente equivaldría a $ 11.235 mensuales pasaría a cobrar $16.300 (45% más), pero con el criterio de la CSJ le corresponderían $ 26.489 (135,7%). Además, recuerda que la ley impone un tope de $ 36.330 al haber jubilatorio, aun cuando el fallo determine un monto superior.

En cuanto a los jubilados con juicios y sin sentencia, Otálora señala que como el máximo de la deuda retroactiva se limita a 48 meses, constituye un desincentivo para que acepten la propuesta voluntaria aquellos que ya tienen un trámite avanzado (de más de cinco años); sobre todo, con la misma fórmula de actualización de haberes aplicable al grupo anterior.

Por último está el grupo mayoritario de quienes no entablaron juicios (que se estima en torno de 1.700.000 jubilados y pensionados), que percibirán el reajuste de haberes a partir de que ingresen al programa de forma voluntaria y no desde la fecha de jubilación. No obstante, el especialista considera que esta virtual quita se justifica en la posibilidad de evitar el trámite judicial y de cobrar la mejora inmediatamente, en vez de esperar los siete años que, en promedio, demora una sentencia. Pero también repara en que el nuevo régimen no invalida el riesgo de aumentar la litigiosidad judicial, en aquellos casos en que no se acepten los acuerdos judiciales con la Anses.

La nueva ley, en cambio, no incluye a la base de la pirámide previsional, que se ensanchó significativamente en los últimos años con las sucesivas moratorias dispuestas en la era K. En estos casos, casi 3 millones de hombres y mujeres (de más de 65 y 60 años, respectivamente), accedieron a la jubilación mínima con aportes insuficientes –o sin ellos– que actualmente se descuentan a largo plazo de su haber mensual, por lo cual pasaron a ser deudores y no acreedores de la Anses, aunque su poder adquisitivo también se haya reducido frente a la inflación acumulada.

Por lo pronto, el gobierno de Mauricio Macri espera que la mejora de ingresos a los jubilados que entren al nuevo régimen contribuya a estimular el consumo, y –junto con el blanqueo de dólares incluido en la ley– a reactivar la alicaída actividad económica, la recaudación impositiva y/o el financiamiento del Tesoro. Una carambola que, si resulta, será clave para las chances del oficialismo en las elecciones legislativas del 2017.

El gobierno ofrece un acuerdo voluntario –con quitas o topes– para saldar deudas internas acumuladas, a cambio de que los acreedores renuncien a cualquier futuro reclamo judicial.

El grupo mayoritario de quienes no entablaron juicios percibirá el reajuste de haberes a partir de que ingresen al programa de forma voluntaria y no desde la fecha de jubilación.