Jueces y militantes

Todos los jueces, incluyendo a los integrantes de la Corte Suprema, tienen sus propias opiniones y lealtades políticas; fue en buena medida gracias a ellas que fueron nominados para sus cargos actuales. Así y todo, es legítimo exigirles que guarden cierta distancia tanto de los partidos políticos como del Poder Ejecutivo de turno. Si les resulta irresistible la tentación de intervenir en política, les corresponde renunciar a la condición de jueces para que no queden dudas en cuanto a su independencia de criterio. Pues bien, según diputados de la Coalición Cívica de la candidata presidencial Elisa Carrió, Eugenio Zaffaroni se ha acercado tanto al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que ha violado el principio de división de poderes, razón por la que quieren someterlo a un juicio político. Por supuesto que se trata de una maniobra destinada a perjudicar al gobierno porque a esta altura pocos ignoran que de todos los jueces de la Corte Suprema Zaffaroni es el más kirchnerista. Además de haberse enterado de que Zaffaroni habría asesorado políticamente al ministro de Economía, Amado Boudou, cuando aspiraba a ser el candidato oficialista a la jefatura del gobierno porteño, los diputados dicen que el juez “visita en forma cotidiana” a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Quinta de Olivos. Para más señas, hace algunos días circulaban rumores de que la presidenta se proponía pedirle que la acompañara como candidato a vicepresidente, versión que Zaffaroni desmintió diciendo que “no tiene ningún asidero real”. Es de esperar que así sea: si un juez de la Corte Suprema, nada menos, aceptara ser compañero de fórmula de la presidenta, seguir hablando de la división de poderes propia del sistema republicano carecería de sentido. Por lo demás, la hipotética transformación de Zaffaroni en un operador político no necesariamente ayudaría al gobierno a revalidar sus credenciales progresistas por tratarse de alguien que fue un “juez del Proceso” que, como subrayaron los contrarios a su designación, había jurado por los estatutos de la dictadura militar. Si bien es poco probable que prospere en esta ocasión el planteo de la Coalición Cívica, convendría que Zaffaroni y otros jueces se esforzaran más por mantenerse alejados de las polémicas políticas, sobre todo en un período preelectoral. La impresión difundida de que algunos jueces, en especial los más mediáticos, son militantes disfrazados de magistrados que procuran aprovechar la autoridad que les da su función para ayudar a un movimiento político determinado ha servido para desprestigiar a la Justicia como tal al hacer pensar que en nuestro país los fallos dependen de la voluntad de los dirigentes más poderosos. Por cierto, los intentos ya rutinarios de Zaffaroni de defender en público a Hebe de Bonafini, minimizando la importancia tanto de sus declaraciones más truculentas como de su eventual papel en las irregularidades atribuidas a la empresa constructora de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, significa que de llegar el asunto a la Corte Suprema no habría posibilidad alguna de que lo tratara con imparcialidad. A diferencia de “la corte menemista”, la reformada –de manera más autoritaria que democrática, es verdad– por el presidente Néstor Kirchner se ha granjeado la reputación de ser independiente del poder político. En diversas oportunidades, como las supuestas por el fallo en que ordenó al gobierno limpiar de una vez la cuenca del Riachuelo y aquel en que procuró obligarlo a actualizar las jubilaciones, ha asumido posturas claramente críticas. De este modo, la Corte Suprema ha hecho un aporte muy valioso a la cultura jurídica del país al señalar que los jueces más influyentes se sienten más comprometidos con la ley que con los intereses inmediatos de los representantes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el que un juez de la Corte, Zaffaroni, haya adquirido el hábito de hablar como un militante kirchnerista más, motiva dudas en cuanto a su autonomía que, por su incidencia en la reputación del máximo tribunal, son más graves aún que las que desde hace varios años ocasionan los fallos del juez federal Norberto Oyarbide que, con razón o sin ella, suelen imputarse a las vicisitudes de su relación con el Poder Ejecutivo.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 860.988 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Miércoles 22 de junio de 2011