Juegos previsionales

Por Redacción

En Alemania es políticamente ventajoso proclamarse paladín de la rectitud fiscal, pero en nuestro país quienes intentan desempeñar el papel así supuesto suelen verse descalificados como “neoliberales” que se preocupan más por los números que por la gente. Puede entenderse, pues, el malestar que sienten los Kirchner frente a los esfuerzos de casi todos los grupos opositores por obligarlos a aumentar las jubilaciones más magras al 82% del salario mínimo, o sea a 1.235 pesos mensuales. Según el ministro de Economía, Amado Boudou, se trata de un alarde de irresponsabilidad que, lejos de ayudar a los jubilados, sólo serviría para “poner en jaque y destruir lo que hicimos en estos años” por ser cuestión de “propuestas impensables y ridículas” como las que “llevaron el sistema de jubilaciones a la destrucción”. Para el siempre contundente jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, los proyectos confeccionados por una coalición abigarrada de partidos, incluyendo a PRO y el PJ disidente, además de la UCR, Coalición Cívica y Proyecto Sur, son “demenciales” ya que se inspiran en nada más que la voluntad de “salir en los medios”, mientras que otros funcionarios advierten sobre el riesgo de que, de materializarse el aumento exigido, la economía, abrumada por déficits incontrolables, termine hundiéndose. En cambio, los voceros opositores insisten en que hay plata suficiente como para financiar lo que a su juicio sería una mejora modesta, pero que el gobierno se rehúsa a reconocerlo porque quiere impedir que los miles de millones de pesos en juego salgan de su caja política. Otros dicen que lo que molesta a los Kirchner es que la oposición se las haya ingeniado para apropiarse de la causa de los jubilados, privándolos así de la posibilidad de anunciar aumentos importantes poco antes de las elecciones presidenciales próximas. Como ya es tradicional, el debate en torno a las jubilaciones se caracteriza por la mala fe. Tendrán razón los kirchneristas cuando señalan que los distintos dirigentes opositores no se han dado el trabajo de pensar debidamente en los costos que supondría el aumento que están reclamando, sobre todo si lo hicieran retroactivo, pero sucede que el gobierno actual, al igual que muchos antecesores, nunca ha vacilado en echar mano a los fondos previsionales toda vez que ha necesitado dinero para conformar a grupos “sociales” que le son afines, subsidiar a las empresas que brindan servicios públicos en distritos electoralmente claves y así, largamente, por el estilo. En el “modelo” kirchnerista, la Anses funciona como una caja multiuso a la que los Kirchner recurren toda vez que les parece políticamente conveniente. Por lo demás, con la aprobación del grueso de la clase política nacional, la pareja eliminó los fondos previsionales privados sin preocuparse en absoluto por las protestas de quienes se sintieron perjudicados o por el impacto que tendría una medida que en opinión de muchos reflejó el desprecio por la seguridad jurídica de un gobierno que ya se había hecho notorio por su forma arbitraria de actuar. Boudou dice que “con los jubilados no se juega”, pero ocurre que ningún gobierno reciente los ha tratado con respeto, con el resultado de que, luego de décadas de saqueos reiterados por parte de quienes privilegiaron sus propias prioridades, el sistema jubilatorio nacional está en ruinas. A esta altura, reconstruirlo para que quienes dependerán de él puedan enfrentar con dignidad la vejez constituiría una tarea tan ciclópea que es poco probable que un gobierno futuro se anime a emprenderla en serio, ya que, al seguir reduciéndose la cantidad de “activos” en relación a los “pasivos”, las dificultades se harán cada vez mayores. Con todo, aunque no es ningún consuelo saber que en este ámbito la Argentina es un país pionero, ya que en el resto del mundo muchos gobiernos han llegado a la conclusión de que no podrán mantenerse por mucho tiempo más los generosos esquemas que se crearon cuando las circunstancias demográficas eran diferentes, el que también en los países desarrollados sean necesarias reformas profundas incidiría de manera positiva en el debate local si, como consecuencia, nuestros dirigentes políticos se sintieren constreñidos a enfrentar ciertas realidades básicas.


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