Juntas vecinales, la opción que se impone en Bariloche

El desencanto con los partidos políticos creció, los límites de la ciudad se hicieron cada vez más lejanos y el mapa muestra hoy que una gran mayoría participa en 112 organizaciones barriales.

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Mientras se advierte un escaso interés de los ciudadanos por ser parte de un partido político, se acrecentó en los últimos años la participación en las organizaciones de bien público no gubernamentales, y en especial en las barriales y comunitarias de Bariloche.

Entre estos organismos, democráticos y deliberativos, se destacan las juntas vecinales o consorcios del IPPV, integradas al municipio por la Constitución provincial «para promover el progreso y desarrollo de las condiciones de vida de los habitantes y sus vecindarios».

En el extenso ejido de Bariloche existen problemas comunitarios y una diversidad social importante que muchas veces escapan al conocimiento de los concejales y funcionarios. Por esa razón, para los vecinos es más importante la Junta Vecinal de su barrio que la comuna porque en la primera pueden exponer sus inquietudes y plantear necesidades para que sean trasmitidas a las autoridades locales.

Por las características de la ciudad, con una extensión de casi 30 kilómetros de largo por 3 o 4 de ancho, es fuerte la tendencia y el reclamo a la descentralización municipal, aumentando sus actuales delegaciones o delegando en las juntas vecinales la distribución equitativa y eficiente de la prestación de servicios, conforme a las necesidades de cada una.

Para la gestión de funcionamiento, asesoramiento, atención y seguimiento de las 98 juntas vecinales, 12 consorcios y 2 cooperativas barriales registradas en Bariloche, existe una Dirección General que actúa como una prolongación del Ejecutivo municipal en los barrios. Pero a las juntas vecinales no llegan sólo los problemas entre vecinos, de asfalto, cloacas, anegamiento de calles y viviendas o provisión de agua potable. En cada Junta relevan la existencia de madres solteras, a los chicos y abuelos en situación de riesgo y a los desocupados o subocupados, y de esa manera conforman instrumentos de información válidos a la hora de distribuir planes de asistencia social o de empleo.

La DGJV aspira a contar con información precisa sobre los casos de desamparo más críticos, y a conformar un listado único de personas en riesgo, con la participación de los asistentes sociales del municipio. También colabora difundiendo las novedades sobre los proyectos y planes de empleo, y en la búsqueda de un registro único de beneficiarios. Estas 112 organizaciones vecinales pueden funcionar como pequeños municipios, administrando recursos propios y cumpliendo misiones y funciones delegadas, o como caja de resonancia de la realidad barrial, en materia de seguridad, obra pública o desocupación.

Son muy distintas las realidades que se plantean en un barrio nuevo residencial y en otro marginal, y también en los barrios antiguos y humildes, donde los predios unifamiliares fueron ocupados con construcciones precarias que albergan a hijos o nietos, disimulando la pobreza y escapando a los alquileres de los departamentos.

El ejercicio de la participación

Laura Alves es la actual directora de Juntas Vecinales y una de las pocas que sobrevivió al naufragio de la intendencia de Atilio Feudal. Su militancia en el Foro de Mujeres Políticas le abrió el camino a la función pública y es de las que recomienda al vecino que «antes de quejarse tiene que participar».

La funcionaria reconoce a las juntas vecinales como «las organizaciones de base más importantes» y explicó que las autoridades trabajan ad honorem y no todas son satisfacciones.

«Las comisiones las forman unos 15 vecinos, pero después terminan haciendo el trabajo dos o tres. También hay cuestionamientos a los presidentes, pero en algunos casos tienen el consenso general». Este último es el caso del barrio Lera, uno de los más antiguos de la ciudad, ubicado al Este y junto a la Barda del Ñireco, donde su titular, Héctor Ojeda, fue proclamado ayer presidente por segunda vez consecutiva, por ausencia de una lista opositora.

Algunas juntas funcionan con una cuota social que oscila entre 1 y 10 pesos, pero en otros barrios no se cobra cuota o el aporte es voluntario. Con esos recursos encaran planes de ahorro para determinadas obras y mejoran la calidad de vida de los vecinos. (AB)


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