Justicia politizada

El destino de la denuncia formulada por Alberto Nisman días antes de su muerte en circunstancias que tal vez nunca sean aclaradas siempre dependió de la ideología de los jueces y fiscales por cuyas manos pasaría; los kirchneristas procurarían bloquearla cuanto antes, los opositores más fervorosos harían lo posible por impulsarla y los neutrales, por llamarlos así, se concentrarían en los detalles legales. Era de prever, pues, que por ser un miembro de la agrupación militante que se llama Justicia Legítima el encargado de decidir si correspondía emprender una investigación exhaustiva de un asunto que involucraba a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, además del canciller Héctor Timerman y algunos militantes oficialistas apenas presentables, optaría por desestimarla, lo que hizo sin perder mucho tiempo. Con todo, si bien se sentirán aliviados la presidenta, Timerman y otros acusados de encubrir a los iraníes que presuntamente fueron los autores intelectuales del atentado contra la sede de la AMIA, el que tanto aquí como en el exterior se dé por descontado que la Justicia argentina está irremediablemente politizada significa que será limitado el impacto de la opinión del fiscal Javier De Luca sobre la gravedad del “plan criminal” denunciado por Nisman. Por lo demás, no sorprendería que información conseguida por el fiscal fallecido sirviera para motivar acusaciones parecidas en cuanto haya cambiado el clima imperante en los ámbitos judiciales del país, mientras que en Estados Unidos, donde por razones comprensibles la colaboración del gobierno kirchnerista con los teócratas iraníes motiva mucha preocupación, el planteo de Nisman seguirá incidiendo de forma negativa en la muy problemática relación bilateral. Ya antes de frenar De Luca la causa iniciada por Nisman, muchos especialistas que no militan en las filas oficialistas habían llegado a la conclusión de que, siempre y cuando no surgiera más información concreta que la contenida en el escrito que había preparado el fiscal fallecido, se trataba de una denuncia más política que jurídica y que, por lamentable que pudiera considerarse la conducta de la presidenta, el canciller y personajes como Fernando Esteche y Luis D’Elía, querer congraciarse con los revolucionarios islámicos iraníes no era un delito. Para probar que los habían “encubierto”, sería necesario mostrar que habían falsificado documentos oficiales o cometido otra infracción claramente dolosa, pero a juzgar por los datos disponibles, Nisman no lo hizo. De todos modos, aun cuando los responsables de confeccionar el polémico memorándum de entendimiento con Irán no participaran de un delito, no cabe duda de que se prestaron a una iniciativa desafortunada que ha contribuido a desprestigiar al país. El argumento ensayado por quienes dicen que sería absurdo acusar a la presidenta y al canciller de delinquir porque los iraníes pronto perdieron interés en el tema, impidiendo así que el “plan criminal” que les fue atribuido tuviera los resultados presuntamente previstos, pone en ridículo a la Cancillería al llamar la atención sobre la ineptitud manifiesta de los diplomáticos nacionales, además de sus auxiliares improvisados, el piquetero proiraní D’Elía y el agitador todoterreno de Quebracho, Esteche. Asimismo, la sospecha de que los kirchneristas, en combinación con sus amigos chavistas, querían hacer un aporte a la lucha contra “el imperio” norteamericano, brindando ayuda nuclear a los islamistas chiitas de Irán, hace temer que no sólo en Estados Unidos sino también en Europa y otras partes del mundo la Argentina se vea incluida en una lista negra informal de países “parias” enemigos del Occidente, al lado de Venezuela y Corea del Norte, un privilegio que por cierto no nos beneficiaría. Aunque es de prever que el gobierno próximo cambie drásticamente la política exterior, alejándose de los “parias” para acercarse nuevamente a nuestros aliados tradicionales, el que los líderes de un movimiento tan importante como el kirchnerista, que es de suponer seguirá contando con el respaldo automático de por lo menos algunos legisladores, hayan podido modificar el rumbo con tanta facilidad no será olvidado por mucho tiempo, realidad ésta que la decisión del fiscal De Luca de cerrar por ahora la causa impulsada por Nisman no cambiará.

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