Barones de la Fruta: los imputados declararían en la próxima audiencia por lavado de activos

El juicio contra Juan Lescano, Karina Neyroud, Silvia Weisser, Alejandro Lescano, Karol López y el contador Gustavo Buceta transita su etapa final. La causa surgió tras una investigación de RÍO NEGRO.

La causa denominada «Los Barones de la Fruta», en la cual se investiga el lavado de dinero por parte de referentes y familiares de dirigentes del Sindicato de la Fruta de Río Negro y Neuquén y de la obra social del mismo gremio, entra en su etapa final. El lunes 22 de agosto será el turno de los últimos testigos y se estima que buena parte de los imputados estaría en condiciones de hablar frente al juez federal Alejandro Silva.

Ayer lunes, se realizó una nueva audiencia en el edificio de tribunales federales de Roca, en calle España y San Martín. Sólo dos testigos declararon; un camionero que se encontraba en el norte del país y un vecino de Cipolletti, jubilado.

El camionero apoyó la teoría del imputado Juan Lescano, quien aseguró que se ganaba la vida vendiendo fruta. El segundo testigo -recién operado- brindó detalles de la venta de un automóvil Audi A4 a quien por entonces, era uno de los referentes de la obra social.

Los abogados Vila, Fernández y Segovia reconocieron que sus clientes podrían declarar en la audiencia del 22 de agosto. (foto: Luis Leiva)

El juez Alejandro Silva pidió ordenar la agenda para realizar una de las últimas audiencias. Esta será el 22 de agosto donde se estima que culminará la primera etapa del juicio. Para ese día se espera que las defensas terminen de presentar a sus testigos para luego dar paso a los alegatos de clausura, cuando el Ministerio Público Fiscal solicitará las penas.

Según explicaron los abogados defensores, es muy probable que -previo a los alegatos- los principales imputados declaren ante el juez Silva (tribunal unipersonal). Y allí podrán explicar cómo lograron hacerse de esa cantidad de activos que, para el fiscal de la causa Matías Zanona, son de dudosa procedencia.

El fiscal Matías Zanona en una etapa de la audiencia de ayer en el Juzgado Federal. A su izquierda, el juez Alejandro Silva sigue el testimonio a través de un monitor de uno de los testigos que declaró vía zoom. (foto: Luis Leiva)

El 22 de agosto es la fecha establecida por el magistrado para cerrar esta etapa del proceso y es por eso que, además de los testigos, los imputados tendrán la posibilidad de hablar sobre la causa.

El defensor Rubens Vila adelantó que su clienta Silvia Weisser (57) -expareja del fallecido dirigente de la Fruta Rubén López- podría declarar ese día. Deberá explicar el origen de las 20 propiedades que, según la fiscalía, tiene a su nombre. En esa misma línea se mostraron los abogados Carlos Fernández (defensor de Juan Lescano, Karina Neyroud y Alejandro Lescano) y Martín Segovia, abogado del contador Gustavo Buceta.

La investigación


Durante tres años el ahora exfiscal Alejandro Moldes -ahora jubilado-, analizó los movimientos de los activos de los involucrados y llegó a la conclusión de que tanto López como Lescano, manejaron “de manera fraudulenta” los fondos del Sindicato de la Fruta y de la Obra Social de los trabajadores.

Las maniobras consistían -según la Fiscalía- en transferencias de cifras millonarias desde esas entidades, para comprar vehículos y generar un movimiento inmobiliario que después regresaba en forma de donación a los allegados del sindicalista, a través de firmas fantasmas.

La investigación que llevó adelante Moldes incluyó los informes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y lavado de Activos de la Procuración General de la Nación (Procelac). Allí se determinó que desde el año 2006, López y Lescano realizaron en forma “organizada” distintas operaciones al haber puesto bienes en el mercado a partir de distintos hechos ilícitos.

Los dirigentes manejaron de manera irregular los fondos de las dos instituciones con las cuales se lograron beneficios económicos millonarios, según la fiscalía. Para ello, se valieron de las firmas JLK S.R.L. Ohana S.A, y KAV Servicios S.R.L. y del salón de eventos La Ponderosa, para lavar esos fondos. También se hicieron de bienes muebles e inmuebles que luego fueron transferidos en forma de “donación” a los activos de los familiares de López y Lescano según la fiscalía.

¿Quiénes son los acusados?


Juan Lescano: 57 años. Fue empleado de la empresa Moño Azul y en 1992 comenzó con licencia gremial. Tiene siete hijos y actualmente cobra un sueldo del sindicato y de la obra social. Tiene antecedentes penales en una causa por encubrimiento (1 año y medio) y otra por administración fraudulenta (1 año). Dijo que alquila una vivienda y no tiene ninguna propiedad. La defensa está en manos del abogado Carlos Fernández.

Karina Neyroud: 43 años, soltera, ama de casa y desempeña tareas en la Obra Social del Sindicato de la Fruta desde 2012. Tiene dos hijos, uno de ellos con Juan Lescano quien es su actual pareja. Cobra un sueldo de 90 mil pesos y alquila una vivienda. (defensa Carlos Fernández)

Alejandro Lescano: Tiene 34 años, es hijo de Juan. Trabaja en la Obra social del Sindicato de la Fruta y percibe un haber de 84 mil pesos. Tiene tres hijos. (defensa Carlos Fernández)

Silvina Weisser: 57 años. Fue pareja de Rubén López. Trabaja por su cuenta liquidando sueldos. Tiene dos hijos y reside en Allen. Estuvo involucrada en el juicio por administración fraudulenta y accedió al beneficio de una suspensión de juicio a prueba. Su defensor particular es Rubens Vila.

Carol Daiana López: 31 años. Es hija de Weisser y López. Se recibió laboratorista pero no ejerce. Actualmente se encuentra sin trabajo y tiene un hijo de 10 años. (defensor Rubens Vila)

Gustavo Daniel Bucetta: 63 años, casado y con tres hijos. Es contador Público. La defensa está a cargo del abogado Martín Segovia.

El grupo de fiscales (parte acusadora) está representada por Rafael Vehils, Matías Zanona y Juan Manuel García Barresse.

A todos los imputados se les atribuye el delito de “lavado de activos, agravado por ser realizado por una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, previstos en los arts. 303 inc. 1 y 2 “a” del C.P”, que prevé una condena que va desde los tres a los 10 años de prisión.


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