Caso Teo Vázquez en Roca: la familia de la víctima demandó al Estado y el acusado accedió a la libertad
El acusado del crimen de Teo Vázquez fue liberado con tobillera electrónica. Mientras tanto, la familia de la joven víctima demandó al Estado por presunta negligencia del Ministerio Público Fiscal de Río Negro.
Tras la audiencia de esta semana, el acusado del crimen de Teo Vázquez recuperó la libertad sujeta a otras medidas cautelares. Foto Prensa Poder Judicial.
El caso de Teo Samuel Vázquez, una joven fallecida en enero de 2024 en Roca, sigue generando fuertes repercusiones judiciales e institucionales. Esta semana, la Justicia concedió la libertad del principal imputado, Lautaro Hernán Lobos, bajo estrictas medidas cautelares, mientras la familia de la víctima presentó una demanda por daños y perjuicios contra el Estado de Río Negro.
La querella sostiene que una cadena de omisiones del Ministerio Público Fiscal derivó en la muerte de la joven, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una vivienda del acusado, rodeada de psicofármacos. El caso, que combina una presunta negligencia del Estado con un proceso penal en marcha, pone en el ojo del debate las posibles graves fallas del sistema judicial.
Medidas cautelares y libertad monitoreada
Tras un pedido de la defensa particular y con la conformidad de la fiscalía y la querella, el juez interviniente resolvió esta semana otorgar la libertad del imputado, con colocación de tobillera electrónica. La medida incluye estrictas restricciones: presentación dos veces por semana en sede fiscal, mantenimiento del domicilio, prohibición de acercamiento a la familia de la víctima y testigos, además de prohibición de salida del país. Estaba detenido preventivamente en el Penal de Viedma.
El sistema de monitoreo por tobillera electrónica establece un radio de circulación limitado al ejido urbano de Roca. Durante la audiencia, el juez advirtió al imputado que el incumplimiento de estas medidas habilitará el pedido de nuevas restricciones más gravosas. La causa continúa bajo la calificación legal de «homicidio» según los artículos 45 y 79 del Código Penal.
La causa podría pasar a la Justicia Federal
Mientras se desarrolla el proceso penal por la muerte de Teo Vázquez, se espera una decisión de la Corte Suprema respecto a la competencia del caso. El máximo tribunal debe resolver si este expediente será tramitado en la justicia federal, en conjunto con otra investigación por «venta de medicamentos sin autorización», que involucra también al imputado Lobos.
Desde la fiscalía destacaron que existe «peligro de fuga» y un «arraigo débil» por parte del imputado (oriundo de una provincia vecina), por lo cual insistieron en mantener las medidas restrictivas, entre ellas el control electrónico. La querella acompañó este pedido, subrayando la necesidad de asegurar los fines del proceso penal.
La denuncia extraviada y las fallas del sistema
Paralelamente, la familia de Teo Vázquez inició una demanda civil contra la Provincia de Río Negro, acusando al Ministerio Público Fiscal de una cadena de omisiones que impidió actuar a tiempo para proteger a la joven. La acción legal, patrocinada por el abogado Omar Jurgeit, alega «irregularidades en el funcionamiento del servicio de acceso a la justicia y atención a la victima de delitos», por parte del Estado provincial.
Según el escrito, el 24 de enero de 2024, la madre de Teo se presentó en la Fiscalía N.º 6 de Roca para denunciar una situación de riesgo extremo. Alertó sobre el estado de salud mental de su hija y los antecedentes de consumo problemático. También señaló al acusado Lobos como alguien que ofrecía a la joven mezclas de psicofármacos y opioides, incluso mencionando la falsificación de recetas.
Una denuncia ignorada por una semana
Ese mismo día, la madre sostuvo que intentó dejar constancia formal, pero el agente fiscal de turno le negó la posibilidad de hacer una denuncia inmediata, indicando que «no era tema de feria» y que debía presentar un escrito. Finalmente, la denuncia fue entregada horas después, sin firma y registrada de forma incompleta. Peor aún: no fue informada a las fiscales a cargo y permaneció extraviada dentro de las oficinas judiciales hasta el 31 de enero.
Cuando finalmente se recuperó la denuncia, ya era demasiado tarde. La joven había sido hallada muerta en la vivienda de Lobos, en avanzado estado de descomposición, con restos de medicamentos y una sustancia blanca cerca del cuerpo. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una congestión y edema pulmonar bilateral compatibles con sobredosis.
Investigaciones internas y sanciones parciales
A raíz de la denuncia por la omisión judicial, se iniciaron investigaciones internas. La demanda detalló que un agente y una fiscal fueron sancionados por irregularidades en la gestión de la denuncia. Sin embargo, las actuaciones contra otra funcionaria -de mayor jerarquía- fueron archivadas, lo que provocó malestar en la familia de la víctima, que considera que se trató de una “cadena institucional de desprotección”.
La querella sostiene que existía información clara, detallada y urgente que no fue procesada en tiempo y forma. Esa omisión, afirman, impidió activar mecanismos de contención y protección que podrían haber evitado el desenlace fatal. En su planteo legal, remarcan que las autoridades tenían el deber de actuar con diligencia y enfoque diferencial ante una víctima vulnerable.
Fundamentos legales de la demanda contra el Estado
La familia de Teo invocó la responsabilidad civil del Estado por violación a normas constitucionales, legales y convencionales. Citan la Ley N.º 27372 de derechos de las víctimas, que impone un deber especial de asistencia y prevención. También mencionan la ley provincial N.º 4199, que establece el deber del Ministerio Público Fiscal de brindar asesoramiento y protección.
Además, la demanda remite a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, que obligan a los sistemas judiciales a ofrecer atención preferencial, eficaz y oportuna ante situaciones de riesgo, especialmente en casos con antecedentes de salud mental, violencia y consumo de sustancias.
Para la familia, la pérdida de Teo representó más que una tragedia personal: es la prueba de un fallo estructural del sistema de justicia y seguridad. Consideran que la frustración de la esperanza de protección y la inacción institucional justifican una reparación integral por daño psicológico, moral y por afectación al proyecto de vida.
El caso de Teo Vázquez sigue abierto, tanto en el fuero penal como en el ámbito civil. Mientras la Justicia evalúa la competencia federal del expediente, la demanda contra el Estado provincial será otro nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por parte de una familia que denuncia haber sido ignorada por el sistema que debía protegerla.
El caso de Teo Samuel Vázquez, una joven fallecida en enero de 2024 en Roca, sigue generando fuertes repercusiones judiciales e institucionales. Esta semana, la Justicia concedió la libertad del principal imputado, Lautaro Hernán Lobos, bajo estrictas medidas cautelares, mientras la familia de la víctima presentó una demanda por daños y perjuicios contra el Estado de Río Negro.
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