Condenaron al exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, a una pena unificada de tres años de prisión en suspenso

El exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso en la causa en la que se investigó la construcción irregular de viviendas durante el final de su gestión. Al unificar las penas con una pena anterior los jueces dispusieron que la condena llegue a tres años de prisión de ejecución condicional.

El punto central que se esperaba se definiera en el juicio era la forma de unificación de esta pena con una condena anterior, tras el pedido del fiscal Gustavo Herrera para que se aplique la suma aritmética de las condenas (incluida en una reforma del Código Penal impulsada por el gobierno de Javier Milei), para lo cual solicitó seis años y medio. Esto último implicaba que el exjefe comunal fuera a la cárcel, ya que así se dispone si la pena es superior tres años de prisión.

Sin embargo, los jueces optaron por utilizar el método compositivo, vigente en el momento del delito, y definieron que Reggioni cumpla tres años de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua para cargos públicos y pautas de conducta por tres años.

El juez Guillermo Merlo leyó la sentencia, que contó con la adhesión de sus pares Alejandra Berenguer y Juan Puntel, en la culminación del juicio de cesura en la que Reggioni fue declarado culpable de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de las administración pública y uso de documento ideológicamente falso.

En su alegato de la semana pasada, el fiscal Herrera recordó la condena anterior de Reggioni en una causa por venta de terrenos sociales -que le impidió ser candidato en 2023 tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia-, y reclamó que se aplique la reforma del artículo 58 del Código Penal, que impulsó el gobierno de Javier Milei.

La modificación implica criterios más severos en la unificación de condenas y en este caso había pedido la suma aritmética de las penas en un total de seis años y seis meses de cárcel, ya que la anterior sentencia contra el exintendente había sido de ejecución condicional a un año y medio de prisión.

El juez Merlo, al leer los argumentos del fallo, adelantó que no compartía el pedido del fiscal en el sentido de la forma de unificación de las condenas, básicamente porque el delito por el que se condenó a Reggioni es anterior a la reforma del Código Penal del año pasado.

El tribunal aplicó el método composicional, que establece que la pena unificada debe situarse entre el mínimo (la mayor de las impuestas) y el máximo (la suma aritmética de ambas). Así, entre los 2 años y 6 meses como base, y los 4 años como tope legal, el tribunal determinó como “punto justo” la pena de 3 años en suspenso. El fallo procuró evitar la eliminación de una de las penas ni su duplicación desproporcionada.

Cómo fue la maniobra por la que fue condenado Reggioni

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La maniobra que motivó la condena se relaciona con la utilización de una declaración jurada adulterada que permitió destrabar el cuarto y último desembolso de un plan nacional de viviendas.

De las doce unidades previstas por el programa, solo seis fueron construidas total o parcialmente. El resto de las personas imputadas —tres presidentes de cooperativas y una intermediaria— fueron absueltas, ya sea por falta de pruebas, por retiro de la acusación o por afectaciones al principio de congruencia procesal.

El veredicto se conoció en mayo, en la causa vinculada al plan de viviendas ACU994, implementado entre 2014 y 2015 en Fernández Oro. El tribunal analizó si existió una maniobra dolosa para obtener fondos nacionales sin respetar las condiciones del convenio firmado entre el municipio y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.

El acuerdo establecía la construcción de doce viviendas en seis meses, con desembolsos escalonados sujetos a certificaciones técnicas. Reggioni gestionó tres de los cuatro desembolsos, equivalentes al setenta y cinco por ciento del financiamiento total.

En una declaración jurada de agosto de 2015 —clave en la maniobra— afirmó haber ejecutado ese mismo porcentaje, lo que implicaría nueve viviendas finalizadas. Sin embargo, durante el juicio se acreditó que solo se habían construido seis viviendas (completas o parciales), es decir, apenas el cincuenta por ciento del total comprometido.

A pesar de ese desfasaje, se presentó una rendición de cuentas que indicaba un avance físico del 75 por ciento, lo que motivó la aprobación del cuarto desembolso. Dicha rendición fue acompañada por una declaración jurada firmada solo por Reggioni, sin la intervención del maestro mayor de obras que había certificado las etapas anteriores. La omisión de esa firma técnica y el porcentaje irreal de avance informado constituyeron el núcleo de la maniobra analizada por el tribunal.

El tribunal pidió que se investigue a Mariano Lavin por supuesto falso testimonio

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Como último punto de la resolución, el tribunal ordenó dar vista al Ministerio Público Fiscal respecto de las responsabilidades que pudieran corresponder a Mariano Lavin en relación con la finalización del convenio ACU994, el cuarto desembolso y la rendición final de cuentas. Lo hizo a tenor del artículo 275 del Código Penal (delito de falso testimonio) ante la advertencia de inconsistencias en su testimonio judicial con relación a lo certificado por la escribana Obregón. 

“Hace 10 años que vengo bajo la guillotina por denuncias políticas”

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“Hace 10 años que vengo bajo la guillotina de la justicia por denuncias políticas y sigo pasando por estos temas”, dijo el exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni (PJ- 2007-2015) al hacer uno de la palabra en la última audiencia del juicio oral, en abril pasado.

En aquel momento señaló a su sucesor Mariano Lavin: «Al lado mío mío falta la silla del señor Lavín», dijo el exintendente sobre el actual titular del IPPV.

Reggioni también está imputado en la megacausa Techo Digno.