Piden cinco años de cárcel para el exintendente Juan Reggioni: la fiscalía reclamó un criterio más severo en su caso
El exintendente de Fernández Oro fue hallado responsable en mayo de fraude a la administración pública, pero ya tenía una condena previa. Ahora, en el juicio de cesura, el fiscal Herrera reclamó que se aplique la reforma del Código Penal que unifica penas mediante la suma aritmética de las condenas: reclamó seis años y medio de cárcel en total.
Reggioni en el anterior juicio en el que fue juzgado y condenado.
El juicio de cesura contra Juan Reggioni, el exintendente de Fernández Oro hallado responsable de administración fraudulenta en perjuicio de las administración pública y uso de documento ideológicamente falso, comenzó este lunes en Cipolletti y en cinco días se sabrá la pena que le corresponde por la construcción irregular de un plan de viviendas cuando era intendente. El fiscal jefe Gustavo Herrera pidió cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargo.
En su argumentación, el fiscal Herrera recordó la condena anterior de Reggioni en una causa por venta de terrenos sociales -que le impidió ser candidato en 2023 tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia-, y reclamó que se aplique la reforma del artículo 58 del Código Penal, que impulsó el gobierno de Javier Milei.
La modificación implica criterios más severos en la unificación de condenas y en este caso se pidió la suma aritmética de las penas en un total de seis años y seis meses de cárcel, ya que la anterior sentencia contra el exintendente había sido de ejecución condicional a un año y medio de prisión.
La defensa de Reggioni pidió la pena mínima de ejecución condicional, que serían dos años más pautas de conductas.
Reggioni, durante la audiencia, insistió en que no cometió ningún delito. «Yo no le falle al pueblo como dice el señor fiscal», afirmó el exjefecomunal.
La audiencia comenzó a las 8:30 de la mañana y la defensa de Reggioni presentó una serie de testigos cercanos al exintendente. Luego hubo un cuarto intermedio y desde las 11 se hicieron los alegatos.
La audiencia fue presidida por los jueces Guillermo Merlo, Alejandra Berenguer y Juan Puntel, que intervinieron en el juicio de responsabilidad.
Por qué delitos fue hallado responsable Reggioni
Los delitos por los que fue hallado responsable Reggioni tienen penas, en el caso de la administración fraudulenta de 2 a 6 años, y en el caso del uso de documento ideológicamente falso la escala es de 1 a 6 años.
Los jueces definieron que fue en concurso real la comisión de los mismos, lo que lleva a Reggioni pueda recibir entre 2 y 12 años de cárcel. Si la pena aplicada es mayor a tres años de prisión, debería ir a prisión.
Reggioni fue hallado culpable en una causa por la construcción de 12 viviendas en su ciudad, en la que participaron tres cooperativas. Los tres titulares de cooperativas y a una exasesora de Reggioni, que oficiaba de nexo entre la intendencia y estas organizaciones.
Durante el proceso, que concluyó el 12 de mayo, el tribunal consideró que no existieron pruebas suficientes para hallar culpable a Reggioni de peculado, un delito más grave.
El tribunal analizó si existió una maniobra para obtener fondos nacionales sin que se cumplieran las condiciones establecidas en el convenio firmado entre el municipio y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.
Los magistrados tuvieron por acreditado que Reggioni utilizó una declaración jurada adulterada para destrabar el último desembolso del plan nacional de viviendas. El proyecto solo alcanzó a construir seis de las doce unidades previstas.
La causa en la que condenaron a Reggioni
El plan de viviendas ACU994, fue implementado en Fernández Oro entre 2014 y 2015. El tribunal analizó si existió una maniobra para obtener fondos nacionales sin que se cumplieran las condiciones establecidas en el convenio firmado entre el municipio y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.
El acuerdo preveía construir doce viviendas en seis meses, con fondos que serían liberados en cuatro etapas contra certificaciones de obra. Reggioni gestionó tres de los cuatro desembolsos, es decir, el 75% del financiamiento total.
Reggioni, en su declaración jurada, afirmó haber ejecutado ese 75% o, lo que equivaldría a haber construido 9 viviendas. Sin embargo, durante el juicio se acreditó que solo se construyeron 6 viviendas, sumando tanto las completadas como las parcialmente ejecutadas. Esto representa apenas el 50% del total comprometido.
A pesar de ello, se presentó una rendición de cuentas que informaba un avance físico del 75%, lo que permitió que Nación aprobara el cuarto y último desembolso. Para ello, se utilizó una declaración jurada suscripta en agosto de 2015 que no contaba con la firma del maestro mayor de obras que había intervenido en las certificaciones anteriores.
Esa omisión, unida al porcentaje irreal de avance informado, constituyó el núcleo de la maniobra observada por el tribunal, según la prueba presentada en el juicio.
Este fue el único punto que justificó la declaración de culpabilidad: se descartó que Reggioni hubiera falsificado documentos materiales o que se hubiera apropiado del dinero en beneficio propio.
La resolución judicial lo encontró responsable del delito de administración fraudulenta agravada contra la administración pública y del uso de documento ideológicamente falso. Determinó que violó los deberes emergentes del convenio, al permitir que se presentara una certificación que no reflejaba el estado real de las obras.
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