Confirman procesamiento a dirigentes del FOL por coacción y extorsión, y se encaminan a juicio en Roca
Los cuatro dirigente de la organización fueron procesados tras las denuncias de vecinas que se encontraban en situación de vulnerabilidad económica.
Los dirigentes del FOL se encaminan a juicio tras confirmarse el procesamiento del Juez Federal, Hugo Greca.
La Cámara Federal de Roca confirmó el procesamiento contra cuatro dirigentes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) por los delitos de coacción y extorsión en una causa que comenzó a investigarse en el año 2020 tras la denuncia de beneficiarios de un plan social.
De esta manera, los referentes de la organización identificados como Nancy Ester Cofré, Alan David Rocha Varsanyi, Lidia Beatriz Núñez y Melani Luzmila Cisterna se encaminan a juicio por estos delitos.
Según el auto de procesamiento del juez Hugo Greca, los imputados que eran referentes de esa organización habían desplegado estrategias frente a personas que se encontraban en situación de extrema vulneración económica, pertenecientes al ámbito de la economía popular en el barrio Alta Barda, en la zona oeste de Roca.
«Fue en ese ámbito en el que las personas imputadas se aprovecharon de esa situación de poder (mediadores de los beneficios de la política social de entonces de la Nación) exigiendo y apropiándose de las herramientas de trabajo, del dinero y los alimentos provistos por el Ministerio de Desarrollo Social (Nación), requiriendo además conductas de participación política», había indicado el magistrado de primera instancia.
La situación llamativa es que los beneficiarios, apenas recibían esas herramientas provistas por el Estado, debían entregárselas a la organización para ser compartida en un modo de «propiedad comunitaria» bajo la amenaza de ser separados si no lo aceptaban.
También dedicó un capítulo a lo que denominó “aportes”, en tanto afirmó que otra de las metodologías habría sido el cobro de diversas sumas de dinero y la exigencia de ciertos comportamientos a quienes integraban la organización. La entrega de alimentos -según el juez Greca- se condicionaba a la realización de un aporte dinerario y a la intensidad de la participación en marchas y piquetes, todo bajo la amenaza de perder lo obtenido y de dejar de ser parte de FOL.
«Les exigían a las distintas personas convocadas e integradas a ese grupo, sumas de dinero mensuales que variaban según cada situación, por caso, si percibían un plan social debían abonar entre $200 y $250, si recibían mercadería debían abonar $10 y, si recibían maquinarias las mismas quedaban bajo la órbita de la organización sin posibilidad de uso y, de manera simultánea, les exigían a todos los miembros incorporados en la FOL que, como contraprestación de los beneficios percibidos o como condición para gestionarles una ayuda o subsidio, que debían asistir y participar en distintos y diferentes hechos en su mayoría de naturaleza delictiva», indicó el juez Greca al referirse a piquetes y tomas de edificios.
La instrucción se inició en virtud de tres denuncias presentadas ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación hacia septiembre de 2017, y desde allí se comenzó con la toma de declaraciones a las víctimas, en su mayoría mujeres, quienes habían recibido esos equipamientos para realizar microemprendimientos y de esa manera afrontar la difícil situación económica que atravesaban.
Los defensores de Rocha Varsanyi y Cofré apelaron la decisión del juez Greca pero los integrantes de la Cámara Federal entendieron que no cumplieron con una cuestión técnica. «…se les notificó a las partes que el informe previsto por el art.454 del CPP debía ser evacuado exclusivamente por escrito en formato digital a través del IEJ (Identificación Electrónica Judicial), dentro del plazo de cinco días -y bajo
apercibimiento de tener por desistida de la apelación a la parte que no cumplimentase en término dicha carga (art. 454, segundo párrafo del CPP)», indicaron los magistrados.
«…no presentó dicho informe en los términos y en el plazo establecido, lo que impone tener por desistido el recurso», indicó el magistrado.
El primer voto de la resolución firmada a fines de diciembre estuvo a cargo del juez Richar Gallego quien junto a Mariano Lozano terminaron por desestimar la apelación y de esta manera la causa se encamina a juicio que se realizaría a mediados de este año.
Comentarios