Crisis carcelaria en Neuquén: plazo judicial hasta febrero para dar soluciones
El pabellón 7 debe estar listo para el segundo mes del próximo año, y también el sistema contra incendios. Fueron dos de las órdenes que impartió la jueza de Ejecución Penal de Neuquén. Cuál es el panorama en la principal cárcel de la provincia.
La secretaria Marianina Domínguez y el comisario mayor Ricardo Caro. Rendición de cuentas. (Matías Subat)
Apenas asuma el gobierno, Rolando Figueroa deberá dedicar presupuesto y mano de obra con el objetivo de desactivar uno de los potenciales focos de conflicto que le deja la administración que se va: la superpoblación carcelaria. «No hemos tenido un colapso peor, con pérdidas de vidas, por el trabajo incansable para evitar desbordes», dijo la jueza de Ejecución Penal de Neuquén, Raquel Gass.
En una audiencia realizada el miércoles, Gass ordenó que el gobierno que asume el domingo deberá finalizar como máximo en febrero del 2024 las obras que permitan la habilitación del pabellón 7 de la Unidad 11, que está clausurado.
Las personas que deberían estar alojadas en ese pabellón fueron distribuidas en otros dos, que ahora tienen una superpoblación extraordinaria: hay 50 personas en un espacio pensado para 24.
Rendición de cuentas
La jueza Gass impartió esa y otras órdenes urgentes en una audiencia en la que tuvieron que rendir cuentas de su gestión la saliente secretaria de Seguridad, Marianina Domínguez; el jefe de Unidades de Detención, comisario mayor Ricardo Caro; el director provincial de Política Penitenciaria, Miguel Garretón; la directora provincial de Población Judicializada, Natalia Vallejos; y Adrian Ciancio, director general de Modalidad en Contexto de Privación de la Libertad.
Las preguntas estuvieron a cargo principalmente de la defensora de Ejecución Penal, Luciana Petraglia. También interrogó la fiscal Natalia Lacoste. La audiencia fue seguida por integrantes del Comité Provincial contra la Tortura.
En noviembre del 2022, Gass ordenó el cierre de las cárceles: no hay ingresos a menos que haya egresos. (La situación se replica en todas las unidades de la provincia, por disposición de otra magistrada). Un año después, «el panorama es desolador y preocupante». La frase de Petraglia resume la tierra arrasada que dejan diez años de desinversión y malas decisiones, por la inexistencia de una política penitenciaria y el desinterés manifiesto de los gobiernos de Jorge Sapag y Omar Gutiérrez por el tema carcelario.
Las causas de la sobrepoblación
La superpoblación, sobre la que diario RÍO NEGRO publicó varios informes, reconoce abundantes nutrientes. Uno de ellos es el Código Procesal Penal que empezó a regir en 2014 y que permite más condenas y más rápidas. Cuando se implemente de lleno la reciente reforma al juicio directo el problema crecerá de manera vertiginosa. La conflictividad crece, las sentencias también, pero las celdas disponibles son las mismas. En realidad menos.
Porque la otra gran vertiente que alimenta la crisis es el cierre de la Unidad 9 y el traspaso al ámbito federal de la cárcel de Senillosa. Los operadores judiciales advirtieron que era una decisión equivocada, pero primaron los intereses político y económico, tal como dijo la defensora Petraglia.
Un testimonio polémico
La secretaria Domínguez declaró en la audiencia como testigo, bajo juramento de decir verdad. Sin embargo, aportó información que se demostró falsa.
Por ejemplo, dijo que está firmado el convenio con la Nación para que el módulo 4 de la cárcel de Senillosa sea traspasada a la provincia. El alojamiento de condenados en ese sector aliviaría la presión sobre el sistema carcelario. A cambio del módulo 4, Neuquén debe realizar mejoras que hasta ahora no concretó por razones presupuestarias.
Pero no es cierto. Domínguez tuvo que admitir, ante preguntas de la defensora Petraglia, que en ninguna parte del convenio la Nación se compromete a entregar el módulo 4. La secretaria de Seguridad reconoció que sólo tenía la palabra del ministro de Justicia, Martín Soria, otro que se va de su cargo el 10 de diciembre.
Tampoco dijo la verdad respecto de que el juez federal penal de Neuquén, Gustavo Villanueva, y el defensor federal Pablo Matkovic están de acuerdo con la entrega del módulo 4. «A mí me dijeron exactamente lo contrario, se oponen», la corrigió la jueza Gass.
Los colchones ignífugos: «yo los vi»
Marianina Domínguez también faltó a la verdad respecto de la compra de colchones ignífugos para la Unidad 11. «Yo los ví», aseguró.
La defensora pública le replicó: «no quiero ser grosera, pero nunca ví un colchón ignífugo en la Unidad 11». Entonces la secretaria retocó su versión: «yo los ví, no sé si fueron a la Unidad 11».
Fue el comisario mayor Ricardo Caro, director de Unidades de Detención de la Policía, quien reveló la verdad. «Desde que estoy yo, año 2020, nunca se compraron. Hay viejos, en desuso, pueden estar guardados en algún lugar«, declaró.
Explicó que los colchones ignífugos se dejaron de comprar «por falta de proveedores, por los costos, y porque no cumplen las necesidades para las personas con dolencias físicas al momento del uso».
Dos muertes en la cárcel
El 30 de agosto del 2022, Maximiliano Andrés Mérgola (22) y Víctor Alfonso Herrera (30) murieron como consecuencia de una quema de colchones y ropa. Ese gravísimo incidente, para la fiscalía no tiene responsables. La defensora Petraglia lo ve desde otra óptica: «debió ser un cimbronazo para autoridades políticas, para advertir que se está gestionando de manera inadecuada o por lo menos muy lejana a los compromisos internacionales asumidos por Argentina», dijo en la audiencia.
La jueza Gass afirmó por su parte: «es evidente que es un tema urgentísimo. Es increíble escuchar que todavía no está la red contra incendios».
La subsecretaria Domínguez dijo que la obra se licitó dos veces: la primera fracasó, y la segunda la tomó una empresa que luego se retiró, y ahora está en juicio con la provincia.
Mientras tanto, lo único que hay para evitar un incendio en una Unidad donde están encerradas 264 personas (con espacio para 233), son simples matafuegos. «Cuando el orden deja de primar, los Bomberos nos dan apoyo», fue la elíptica frase del comisario mayor Caro.
El pabellón cerrado
Respecto del pabellón 7, la funcionaria provincial informó que la reparación «está avanzada en un 50%». Para la jueza Gass «es como que me diga 10%. No puede medirse en avance de obra. Lo concreto es que no se puede usar, y lo que falta no se puede construir, o sea que el avance es cero. El pabellón está cerrado por la imprevisión».
Domínguez explicó que «nos falta comprar el hierro, son alrededor de 5 millones de pesos. El proveedor nos mantiene la oferta por un día, y por la ley de transición no podemos comprometer recursos de la próxima gestión».
La jueza Gass impartió la orden al nuevo gobierno de que el pabellón 7 tiene que estar terminado en febrero.
Los internos que deberían estar en el 7 fueron reubicados en el 8 y 9, donde conviven el doble de personas respecto de su capacidad.
Compromisos informales
Algo parecido sucede con el pabellón de máxima seguridad que se construye junto a la cárcel provincial. Tendrá capacidad para 24 personas. «Estará desbordado desde su inauguración», observó la jueza.
La subsecretaria Domínguez informó que tienen «el compromiso informal» de la empresa de terminarlo para fines del 2024. Por ahora el avance de obra es del 31%. Nada firmado, puro voluntarismo, promesas a funcionarios que se van.
Respecto del posible traslado de personas detenidas a la cárcel de San Luis, la funcionaria dijo que el convenio se cayó porque «allá y acá perdieron las elecciones los gobiernos provinciales» que estaban en tratativas. Pero tuvo una falla temporal: Domínguez reveló las conversaciones con San Luis en mayo; para entonces el MPN ya había perdido (el 16 de abril).
Libertad condicional y educación
Tema aparte son el atraso en los informes del gabinete criminológico, y la falta de espacio para dictar clases.
En la Unidad 11 hay 21 personas esperando su libertad condicional, y no acceden a ese derecho por falta de informes. También hay 80 personas que quieren hacer talleres, y están sin clases. La progresividad de la pena y la resocialización son utopías.
Más detenidos, menos espacio
En su alegato de clausura, la defensora Petraglia aportó cifras imposibles de refutar. Desde que se implementó el Código Procesal Penal en 2014, la población carcelaria aumentó 114%. En paralelo, la disponibilidad de alojamientos cayó 33%: de 736 a 498, producto del traspaso a Nación de la cárcel de Senillosa, construida por la provincia.
«La entrega de Senillosa fue enérgicamente resistida por operadores judiciales», recordó Petraglia. «Visto en perspectiva no creo que hubiéramos podido pararla, fue una decisión política que debe haber traído a la provincia beneficios económicos y políticos», opinó.
«Se ha verificado desdén por las personas privadas de su libertad, nos prometieron soluciones que nunca llegaron», dijo Petraglia. Señaló que «el gobierno saliente ha tenido responsabilidad, sería un acto de sensatez política declarar la emergencia carcelaria antes de irse».
La superpoblación de las cárceles derrama hacia las comisarías, donde por primera vez hay condenados. Son 25, según el comisario mayor Caro, o 27, según la secretaria Domínguez.
«No hay política penitenciaria»
En su resolución, la jueza Gass dijo que «no tenemos diseño de política penitenciaria» y es «una gran deuda la creación del Servicio Penitenciario Provincial». (El comisario mayor Caro había informado antes que «no hay interés de ingresar al escalafón penitenciario. En 2023 hubo 50 ingresos y 48 egresos»).
«Hay cuestiones macro en las que ni siquiera pensamos -lamentó la magistrada-. Pensar en la prevención previo a tenerlos detenidos, ni pensar en el fortalecimiento del sistema post penitenciario, porque si no, los largamos desamparados una vez que transitan la condena. Son cuestiones aspiracionales. Estamos hablando de cuestiones básicas y elementales como la calefacción, los residuos cloacales, un pabellón que debe ser inmediatamente terminado».
Sobra diálogo, faltan respuestas
Dispuso que «a febrero, el pabellón 7 y el sistema contra incendios tienen que estar habilitados. Espero que los actuales funcionarios transmitan a los nuevos que hay una orden judicial».
Gass dijo también que en este tiempo «nos ha sobrado diálogo y nos han faltado respuestas concretas». Citó como ejemplo que la situación de los internos con padecimientos mentales «es gravísima» y sin embargo «la gente del Ministerio de Salud no dio ninguna solución y después dejó de venir. Ahora ni atienden el teléfono».
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