Crisis carcelaria: ahora Neuquén propone «exportar» presos a San Luis

Las cárceles siguen hacinadas y el gobierno provincial busca soluciones sorprendentes. Le pagaría a San Luis para que aloje a detenidos de Neuquén y se haría cargo del transporte de sus familiares para las visitas.

La situación en las cárceles de la provincia de Neuquén sigue siendo calamitosa: la superpoblación es del 17%; no se cumple con el programa educativo; ni con los informes de libertad condicional y libertad asistida; tampoco con la atención médica ni con los talleres laborales. En esta crisis carcelaria, la vida de los internos corre peligro por falta de sistemas contra incendios y hay problemas con las cloacas.

Este panorama de crisis carcelaria quedó ratificado en una audiencia este lunes ante la jueza de Ejecución Raquel Gass, quien resolvió mantener cerradas por otros cuatro meses las Unidades 11, 12 y 16 (el cupo es de 265, 40 y 16 personas, respectivamente), todas ubicadas en Neuquén capital. Si no hay egresos, no hay ingresos.

Hace 20 días, su colega del interior Alicia Rodríguez tomó una medida idéntica con las cárceles del resto de la provincia. «Voy a disponer que las cárceles queden cerradas hasta que haya un inicio de obras. Ladrillos. Por ahí presionando de esta manera logremos un resultado mejor», dijo en ese entonces.

Crisis carcelaria en Neuquén: «exportación» a San Luis


La sorpresa de la audiencia del lunes estuvo a cargo de la secretaria de Seguridad, Marianina Domínguez, citada a declarar como testigo. Reveló que el gobierno avanza en la firma de un convenio con la provincia de San Luis para trasladar a 40 personas al complejo penitenciario Pampa de las Salinas inaugurado en 2014, también conocido como La Botija.

Según la funcionaria, esa unidad tiene 236 plazas y estaría ocupada en menos del 50%. La defensora penal de Ejecución, Luciana Petraglia, dijo a Río Negro que según informes del Comité contra la Tortura, el dato no sería correcto.

Domínguez explicó que se trata de una cárcel de mediana y máxima seguridad, con un sector de preegreso. La jueza Gass le preguntó qué perfil de interno requiere el gobierno de San Luis, pero la funcionaria no supo responder. «Piden la historia criminológica y la historia clínica», contestó.

Crisis carcelaria en Neuquén: voluntarios, y con visitas


Lo que sí dijo es que solamente irían detenidos por su propia voluntad, que el gobierno de Neuquén le pagaría una suma de dinero al de San Luis (no dijo cuánto) y que se haría cargo del traslado de dos familiares de cada interno, cada 15 días, para que lo visiten.

El traslado voluntario y la visita familiar son esenciales. En 2019 el Estado Argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la provincia de Neuquén derivó compulsivamente, a través del Servicio Penitenciario Federal, a personas detenidas fuera de su jurisdicción.

La jueza tomó la propuesta con cautela. «No lo descartaría como paliativo. Previamente tendríamos que conocer el lugar. Vamos a esperar que se firme el convenio entre las dos provincias, le pido que nos mande una copia», dijo a la subsecretaria.


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