Crisis carcelaria: ordenan no ingresar personas condenadas en una comisaría de Bariloche

La jueza de Ejecución Penal de Bariloche, Sandra Ragusa, le ordenó al servicio penitenciario provincial que no ingrese condenados con sentencia firme en la comisaría 42 del barrio 2 de Abril de esta ciudad “hasta tanto se resuelva el planteo” de fondo en un hábeas corpus presentado por la defensa de una persona condenada.

Ragusa dictó esa resolución el jueves último, según informaron fuentes judiciales. La jueza señaló que se había vencido el plazo para presentar el informe requerido a las autoridades del servicio penitenciario de Río Negro, que “no dio respuesta a la oficiatoria”.

Por eso, dispuso convocar al director del servicio penitenciario y al funcionario que el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia designe a una audiencia para el 20 de agosto.

Mientras, resolvió ordenar al servicio penitenciario de la provincia “en carácter de medida cautelar que no ingrese condenados con sentencia firme la comisaría 42 esta tanto se resuelva el planteo aquí impetrado”.

Además, notificó a los jefes del penal 3 de Bariloche que procedan a trasladar a un condenado, que estaba en la comisaría 42, al establecimiento para que acceda a un estudio médico.

Ragusa les recordó que aunque el condenado está alojado en una comisaría “por su pedido, no exime el servicio penitenciario de cumplir con garantizarle el derecho a la salud, que prevé la ley vigente de ejecución de la pena privativa de la libertad.

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La magistrada había dictado una resolución el 24 de junio último en la que admitió un habeas corpus que había presentado la defensora pública Natalia Araya, en representación de un grupo de internos alojados en pésimas condiciones en el calabozo de la comisaría Segunda de Bariloche.

Araya advirtió que había personas condenadas y sujetas a prisión preventiva en ese lugar, en condiciones de hacinamiento y sin servicios básicos. No tenían calefacción ni ventilación y el baño lo tenían que compartir con el personal policial porque el calabozo no tiene. Tampoco tenían la posibilidad de salir a un patio.

“Las unidades de orden público no resultan idóneas para alojar condenados. El personal policial no está capacitado para custodiar personas privadas de la libertad”, sostuvo la jueza.

El 1 de agosto pasado, fue el turno del juez de garantías de Bariloche César Lanfranchi, que admitió un habeas corpus por una persona que cumplía prisión preventiva en el calabozo.

Ordenó a la Unidad Regional III y la comisaría Segunda “la prohibición de ingreso de nuevos detenidos” por más de 2 horas al calabozo e intimó a las autoridades de esa comisaría a “que realice un informe y requerimiento de mejoras de la unidad al Ministerio de Seguridad y Justicia provincial en el plazo de 24 horas”.

Además, intimó a ese Ministerio “para que en el plazo de 10 días indique el estado de las secciones de detención” de esa unidad, la necesidad de reformas o mejoras y el plazo de ejecución.

El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Daniel Jara, estuvo el 18 de julio pasado en Bariloche y Diario RÍO NEGRO le preguntó por la situación de las comisarías, que tienen detenidos con prisión preventiva y hasta condenados y por el penal 3 que está superpoblado de internos. «La palabra crisis no la comparto porque no estamos en una situación de crisis , sino que estamos en una situación que hay que atenderla”, respondió Jara. Y se comprometió a ocuparse del asunto.