Defraudación con terrenos en Bariloche: la querella pidió una dura pena contra un operador inmobiliario

Un operador inmobiliario que fue condenado hace cuatro meses por una defraudación con terrenos que causó a los damnificados un perjuicio millonario, podría ser condenado a 9 años de prisión si el tribunal del caso acepta el pedido y los argumentos de los abogados querellantes.

En los alegatos de “cesura” realizados ayer, la fiscalía pidió una pena de 3 años de prisión en suspenso, incluso menor de la que había sugerido en la audiencia de control de acusación.

La diferencia en la severidad expuesta por ambas partes no es usual y siembra incertidumbre sobre la decisión final que adoptará el tribunal integrado por los jueces Marcos Burgos, César Lanfranchi y Martín Arroyo, para lo cual tiene un plazo de cinco días.

Sergio Burgos había resultado condenado el último 27 de octubre por 14 hechos de “desbaratamiento de derechos acordados”, por manejos irregulares con varios inmuebles. Hay otra causa similar que involucró a su socio Gabriel Di Tullio, quien también resultó condenado y espera por la imposición de pena.

Di Tullio en realidad había sido sobreseído en primera instancia y el Tribunal de Impugnación, en diciembre pasado revocó esa sentencia y lo condenó por administración fraudulenta en 11 casos, también por delitos en la administración de lotes.

Hoy debía realizarse la audiencia de cesura también para Di Tullio pero quedó suspendida porque la Oficina Judicial conformó el tribunal con dos jueces de garantías, que no deberían intervenir en esas instancias (se requieren jueces “de juicio”), y uno de ellos se declaró incompetente. La definición de la controversia quedó en manos del STJ.

Para Burgos, el fiscal Inti Isla pidió una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, Señaló que la escala prevista es de un mes a seis años, pero como los hechos fueron cometidos “en concurso real” podría aplicarse una acumulación de penas, hasta un máximo de 50 años.

Admitió que en una audiencia preparatoria del juicio habían adelantado una pretensión de pena superior, que lo hubiera enviado a la cárcel, pero consideró que por el “deber de objetividad” que se le exige al Ministerio Público, hoy considera que la pena condicional “es adecuada”.

Resaltó que fue un delito “de tipo patrimonial”, que no hubo violencia física ni uso de armas, y que las penas deben ser “proporcionales”, con el objetivo de la “resocialización” de la persona condenada, para lo cual “no coadyuva” la pena de prisión. Isla recordó que hubo dos intentos frustrados de conceder a Burgos una suspensión del juicio a prueba y dijo que tres años de prisión condicional eran “suficiente reproche”, sumado a cuatro años de inhabilitación para ejercer el comercio.

La justificación de un pedido de una pena con pocos antecedentes

Los abogados querellantes Magdalena Sanguinetti y Martín Govetto se alejaron por completo de esa evaluación. Sanguinetti criticó a la fiscalía y dijo que era contradictorio pedir ahora una pena en suspenso, luego de propiciar un juicio con tribunal colegiado, con la idea de terminar con una condena de cumplimiento efectivo. Dijo que dada la escala de penas y la acumulación de hechos, los 9 años de prisión y 10 de inhabilitación eran una sanción “que se ajusta a lo escuchado en el juicio”.

Govetto expuso una discrepancia abierta con la fiscalía, dijo que no importaba que no haya existido violencia para mensurar la gravedad del delito. Subrayó que Burgos incurrió en “abuso de confianza” y no en un solo hecho, sino “en 14 hechos autónomos, durante tres años seguidos, de manera premeditada, y con inmuebles valiosos”.

Sostuvo que su rol no era el de un simple empleado sino el de “administrador fiduciario” con responsabilidades específicas previstas en el Código Civil y Comercial.

“El daño patrimonial es altísimo”, dijo Govetto. Lo calculó en una cifra superior al millón de dólares y se preguntó “dónde está el dinero” que cobró el acusado y que dijo ya no tener en su poder. Aseguró que había incurrido en un “vaciamiento patrimonial deliberado para evitar embargos”, lo cual es un “agravante nítido”.

El último en alegar fue el abogado defensor, Sebastián Arrondo, quien se mostró impactado por el pedido de pena de 9 años de cárcel y dijo que le parecía más razonable y justa la posición de la fiscalía.

Acusó a la querella de buscar solo el “castigo” de Burgos y consideró que su alegato respondió a un cúmulo de “conjeturas y subjetividades”. Recordó que su defendido “no tiene antecedentes penales y es un atenuante” y pidió tener en cuenta que hoy las cárceles de la provincia no pueden garantizar “la reforma y la readaptación de los penados”, como está previsto en la ley y en tratados internacionales.

Arrondo insistió en que la querella tenía el derecho de ir por una pena muy severa, pero no lo encontraba “razonable”. Propuso para Burgos una condena de un año de prisión en suspenso.