Desbaratan búnker de droga en Chos Malal: dos hermanos acusados de vender cocaína

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF) formuló cargos contra dos hermanos, identificados como J. G. H. y L. L. H., de 26 y 32 años, acusados de liderar una red de comercialización de estupefacientes en la ciudad de Chos Malal. La fiscal del caso, Natalia Rivera, junto al fiscal Víctor Salgado, detallaron las maniobras ilícitas que los imputados habrían desplegado desde mediados de marzo en el barrio Uriburu.

La investigación develó logística: pastillas para cortar la cocaína

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La investigación, llevada adelante de forma conjunta por el MPF y la división Antinarcóticos de la Policía provincial, culminó con un allanamiento el pasado 2 de abril a las 00:30 horas. Durante el operativo en la vivienda de la calle Francis Albert, las autoridades confirmaron que los hermanos no solo poseían la droga, sino que contaban con una infraestructura completa para el procesamiento y cobro de las sustancias.

En el interior del domicilio, los efectivos secuestraron 141 gramos de clorhidrato de cocaína, una cantidad que, según la fiscalía, equivale a unas 300 dosis individuales. El hallazgo más significativo se produjo dentro de una mochila gris donde se ocultaban 131 gramos de cocaína compactada, además de varios envoltorios de nylon negro y transparente listos para ser distribuidos al menudeo.

La evidencia del procesamiento de la droga fue contundente: en el living se halló un plato con restos de polvo blanco que dio positivo para cocaína, mientras que en la cocina se incautaron nueve pastillas «Gador». Estas últimas, según precisaron los peritos, eran utilizadas como agentes de corte o «rebaje» para incrementar el volumen de la sustancia antes de su fraccionamiento comercial.

Usaban posnet para cobrar la venta de droga

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Además del estupefaciente, la policía secuestró una balanza de precisión en funcionamiento y una billetera que contenía 170.000 pesos chilenos. Un dato que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de tres terminales de pago electrónico (posnet) de Mercado Pago y Tarjeta Naranja X, lo que sugiere que los acusados habían modernizado sus métodos de cobro para aceptar transferencias virtuales.

La fiscalía argumentó que las ventas se realizaban tanto en el domicilio del barrio Uriburu como bajo la modalidad de «delivery», utilizando un automóvil Volkswagen Bora gris y un Toyota Corolla. Las tareas de vigilancia previas registraron numerosos intercambios de «pasamanos» en la vía pública y movimientos a alta velocidad que coincidían con la distribución de la droga en distintos puntos de la ciudad.

Fiscalía solicitó prisión preventiva, pero el juez no la otorgó

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Bajo estos cargos, el MPF solicitó la prisión preventiva domiciliaria para ambos hermanos por el plazo de un mes, fundamentando la medida en el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Debido a la falta de cupos en las unidades de detención convencionales, los fiscales consideraron que el arresto en el hogar era la alternativa más viable para asegurar el proceso.

Sin embargo, el juez de garantías Lisandro Borgonovo rechazó el pedido de prisión preventiva. En su lugar, el magistrado dispuso que los imputados tienen prohibido salir de la localidad de Chos Malal y deben presentarse diariamente en la comisaría local para acreditar su sujeción a la causa. No obstante, el juez sí hizo lugar al embargo e inhibición general de bienes solicitado por la parte acusadora.

La decisión del juez será revisada mientras ambos seguirán en libertad controlada

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Ante la negativa de la medida privativa de la libertad, los fiscales Rivera y Salgado solicitaron de inmediato la revisión de la decisión judicial. Para el Ministerio Público Fiscal, la gravedad de los hechos y la logística desplegada por los hermanos Hidalgo justifican una cautelar más severa para proteger el avance de la causa durante los próximos meses.

Finalmente, se fijó un plazo de investigación de dos meses para que las partes produzcan las pruebas necesarias. Mientras tanto, los hermanos permanecen en libertad bajo pautas de comportamiento, a la espera de que un tribunal de revisión determine si finalmente deberán cumplir con la detención domiciliaria solicitada por la fiscalía.