Ley de Glaciares: el gobernador de La Pampa va a la Justicia para frenar la reforma

La reforma del régimen de protección de glaciares, sancionada recientemente por el Congreso, ya enfrenta su primer obstáculo legal. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, encabezó una ofensiva judicial al presentar una acción de amparo colectivo que busca declarar la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la flamante ley, junto con una medida cautelar para frenar su aplicación inmediata.

Según consigna información de La Nación, la demanda fue radicada ante la Justicia Federal de Santa Rosa con el respaldo de la Universidad Nacional de La Pampa y diversas organizaciones ambientalistas. El eje del reclamo sostiene que la nueva legislación introduce cambios «regresivos» que vulneran el derecho constitucional a un ambiente sano y ponen en riesgo el acceso al agua de las provincias que dependen de los deshielos cordilleranos.

El riesgo para las cuencas hídricas

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Aunque La Pampa no posee glaciares en su territorio, el planteo judicial subraya la dependencia directa de la provincia respecto a los procesos hidrológicos de la Cordillera. Los demandantes advierten que la reforma habilita actividades que podrían alterar ecosistemas críticos que alimentan, entre otros, a la cuenca del río Colorado.

Hasta ahora, la ley sancionada en 2010 otorgaba una protección total sobre el ambiente glaciar y periglacial. Sin embargo, el nuevo marco establece que dicha protección regirá solo «hasta tanto» las provincias realicen estudios técnicos para determinar qué áreas cumplen una función hídrica. Aquellas zonas que queden fuera de ese nuevo inventario podrían ser habilitadas para proyectos productivos, como la minería a gran escala, que hasta ayer estaban terminantemente prohibidos.

Violación de presupuestos mínimos

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El escrito judicial hace hincapié en que la Nación tiene la obligación de garantizar un «piso uniforme de tutela» ambiental que no puede quedar librado a decisiones fragmentadas de cada jurisdicción. Para Ziliotto, la reforma rompe el estándar de protección uniforme previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Asimismo, el amparo critica duramente el proceso legislativo, denunciando que se violaron los estándares de participación pública del Acuerdo de Escazú. Según la presentación, las audiencias públicas en el Congreso fueron «instancias meramente formales» que no permitieron una incidencia real de la ciudadanía, pese a la masiva inscripción de participantes interesados en defender el ecosistema cordillerano.