El STJ reguló el ejercicio de la docencia para jueces y juezas de Río Negro

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Antes del cierre del 2023, el Superior Tribunal de Justicia se metió en un tema espinoso: el ejercicio de la docencia. Por acordada, dictó una serie de reglas que en los hechos implican mayor control a jueces y juezas que trabajan en universidades. En Roca, el tema generó polémica con magistrados que debieron dejar sus cátedras por denuncias de alumnas.

La acordada 30 del STJ se firmó el jueves 28 de diciembre y en ese momento pasó desapercibida. La norma fue dictada dentro de las facultades de gobierno del máximo tribunal judicial: los acuerdos equivalen a sesiones de la legislatura.

Si bien en la norma no se consigna la cantidad de jueces, juezas y funcionarios que ejercen la docencia el número creció desde que se instaló la Universidad Nacional de Río Negro en Viedma. Originalmente, la facultad de derecho de Roca era la cuna catedrática de los encumbrados funcionarios. De hecho el propio juez del STJ Sergio Barotto fue decano de la Universidad del Comahue antes de su pase al Poder Judicial.

La acordada consigna que el artículo 201 de la Constitución Provincial prohíbe a magistrados y funcionarios judiciales “ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia o investigación, según la reglamentación.” Y por eso se reglamenta en consecuencia.

En 2003, el STJ, con otra integración, había hecho un intento de regular el ejercicio de la docencia y en ese momento derogó todas las autorizaciones. Pero en la actualidad no se cuenta con un registro fehaciente del personal que tiene tareas docentes, y tampoco se han establecido las condiciones bajo las cuales se pueden desarrollar -en principio- las tareas que resultan compatibles con la función judicial.

Se advierte en la acordada que la realización de actividades académicas conllevan una carga laboral de tal magnitud que ponen en riesgo la dedicación y el compromiso personal de la magistratura, del funcionario o del empleo judicial para con sus obligaciones y deberes dentro del Poder Judicial.

En buen romance se detectaron situaciones en que los funcionarios le dedican más tiempo a la academia que al ejercicio de su función. Por ello se estableció todo un mecanismo de control, un registro, las prohibiciones y las sanciones por incumplimiento.

El año pasado, los vínculos entre la universidad y la magistratura estuvieron en el ojo de la tormenta por la denuncia contra el juez penal Gastón Martín de Roca. El magistrado había sido docente y su salida de la facultad se produjo en circunstancias poco claras.

Este medio averiguó con autoridades de la universidad pero nadie quiso confirmar los rumores. Otro juez, Daniel Tobares, también acusado por abuso sexual, dejó de ser docente en un contexto rodeado de sospechas por supuestos vínculos con alumnas.