Estafa con planes sociales en Neuquén: por qué siguen presos Soiza, Sánz y Osuna

El próximo 17 la fiscalía pedirá que se extienda el plazo de investigación. El juicio todavía no tiene fecha.

Ricardo Nicolás Soiza, Néstor Pablo Sánz y Marcos Ariel Osuna seguirán con prisión preventiva hasta el 10 de mayo del 2024, según resolvió este viernes la jueza de Garantías Estefanía Sauli. La decisión cumple con el pedido de la fiscalía de Delitos Económicos, que argumentó que con los imputados en libertad se corre el riesgo de entorpecimiento de la investigación de la estafa con planes sociales en Neuquén. Las defensas anticiparon que pedirán la revisión y si en esa instancia también confirman las detenciones, irán al Tribunal de Impugnación.

Sauli, quien se tomó 24 horas para pensar su resolución, tardó apenas media hora en dar los fundamentos. Básicamente, dijo que se mantenían las mismas condiciones en base a las cuales el 10 de julio pasado su colega Cristian Piana impuso cuatro meses de prisión preventiva a los tres imputados, sindicados como líderes de una asociación ilícita junto con el exministro Abel Di Luca y el ex Coordinador Provincial Tomás Siegenthaler, quienes están en libertad.

Uno por uno


La magistrada diferenció la situación de cada uno de los imputados.

El antecedente común es la declaración de tres mujeres y un varón como arrepentidos (en adelante, los 4A) quienes acusaron a Soiza, Sánz y Osuna de liderar la maniobra que permitió la estafa con los planes sociales en el ministerio de Desarrollo Social. Dijeron que se sentían amenazados e intimidados por el trío.

En el caso de Soiza, lo perdió una palabra que pronunció en una reunión con el personal de Desarrollo Social de la que participaron, entre otros, los 4A. En esa ocasión dijo que eran una «familia».

«El término familia no debe pasarse por alto. Significa un grupo de personas unidas por lazos legales», dijo la jueza. «Aquí lazos legales no habría, pero entonces ¿qué significado se le debe dar a ese ‘familia’? Entiendo, por el contexto, que era callar, ocultar, que todos sientan esa pertenencia».

La presunción de entorpecimiento «sigue vigente, por el temor manifestado» por los 4A, «y porque el propio Soiza realizó actos destinados a hacer callar a los otros coimputados».

«No puede descartarse que vuelva a intentar influir» sobre coimputados, «si este legajo llega a instancia de juicio prontamente», añadió Sauli. Señaló que la única manera de impedirlo (de cautelarlo) es manteniendo a Soiza con prisión preventiva por seis meses.

Habrá que ver qué sucede en enero, cuando el exdirector de Planes Sociales cumpla 70 años. Por lo pronto, su defensor Esteban Sampayo pidió la revisión ya mismo.

Osuna y la recolección de celulares


En el caso de Osuna, la jueza confirmó la prisión preventiva porque «junto con el abogado Alfredo Cury recolectó los celulares, domicilio por domicilio» de miembros de la banda, la noche previa al primer allanamiento. Sobre la filtración de información que denunció el defensor Palmieri, dejó en libertad de acción a la fiscalía para que haga lo que crea que corresponde.

Además Osuna «participó en reuniones» en las que se pidió silencio. Los 4A «manifestaron temor porque lo veían a diario, llevaba y traía gente, recibía el dinero, daba órdenes» al igual que Soiza y Sánz.

La situación de Sánz


Sauli dejó para el final la situación de Sánz, el quinto arrepentido y el que aportó más detalles sobre la maniobra y nuevos nombres de presuntos implicados.

En principio, dijo la magistrada que «no me corresponde entrometerme» en si hubo un acuerdo o no entre la fiscalía y la defensa, porque en la audiencia no se presentó nada oficialmente.

Luego señaló que «parte de averiguar la verdad es determinar el perjuicio económico al Estado, que sería por ahora de 153 millones de pesos. No es menor tratar de saber quién recibió ese dinero».

En ese sentido, Sánz «dice que recibió una porción menor de lo que fue acreditado por la fiscalía. Fue una suma mayor a los 250.000 que declaró».

Con este comportamiento, «se coloca él mismo falseando elementos de prueba». Lo encuadró entonces en un inciso del Código Procesal Penal que autoriza a imponer prisión preventiva al imputado que «oculta o falsea» medidas de prueba.

La figura del arrepentido


Sauli remarcó que la figura del arrepentido «no está contemplada en nuestra provincia», pero «la colaboración del imputado puede ser tomado para mensurar la pena a imponer» cuando haya sentencia condenatoria. «No implica morigerar la medida cautelar», aclaró.

En consecuencia, prorrogó por seis meses la detención de los tres imputados.

El próximo viernes 17, la fiscalía de Delitos Económicos pedirá una extensión de la investigación, que cumple un año el 29 de noviembre. La fecha del juicio oral es incierta.


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