Intento de femicidio en Regina: la Justicia ratificó que el imputado continuará bajo arresto hasta diciembre
La Justicia confirmó la extensión de la prisión preventiva contra un imputado por tentativa de femicidio y amenazas agravadas. El juez priorizó la protección de la víctima, quien fue rescatada en abril mientras era estrangulada por el presunto agresor.
Un hombre de 55 años continuará detenido bajo prisión preventiva. Así lo ratificó la Justicia tras desestimar un pedido de la defensa para otorgarle la libertad con medidas alternativas, manteniendo la vigencia de la medida cautelar hasta el próximo 9 de diciembre. El presunto atacante se encuentra imputado por los delitos de amenazas coactivas agravadas por el uso de arma, en concurso real con tentativa de femicidio en Regina.
El hecho que originó la causa ocurrió el pasado 9 de abril en Regina. Según la acusación, el imputado encerró a su pareja y comenzó a agredirla físicamente. La situación alcanzó su punto de máxima gravedad cuando el imputado habría intentado quitarle la vida mediante un estrangulamiento manual, acción que solo fue interrumpida por la rápida intervención de efectivos de la comisaría Quinta.
Un rescate en flagrancia
La fiscalía había detallado que el ataque fue detectado gracias a los gritos de auxilio de la víctima que alertaron a los vecinos. Al llegar al lugar, el personal policial se encontró con una escena de violencia extrema: el agresor persistía en la compresión del cuello de la mujer incluso ante la presencia de los uniformados. «Gracias a la rápida intervención policial y por razones ajenas a la voluntad del imputado, el resultado no se concretó», sostuvo el Ministerio Público Fiscal durante las audiencias pasadas.
Tras el episodio, se activaron de inmediato los protocolos de protección integral. La víctima recibió asistencia médica y contención psicológica, y debido al riesgo persistente, se vio obligada a modificar radicalmente su vida. Al respecto, la fiscalía remarcó: «Tenemos que tener presente que, a raíz de estos hechos, la víctima tuvo que cambiar de centro de vida y se debe coordinar con ella y los especialistas».
El rechazo a la libertad con tobillera
Durante la audiencia de revisión, la defensa ejercida por Javier Razzeto, solicitó el cese de la prisión preventiva proponiendo medidas alternativas como el uso de una tobillera electrónica, presentaciones diarias ante la fiscalía y la prohibición de acercamiento. El defensor argumentó que el riesgo de entorpecimiento había disminuido y que la víctima reside actualmente a 400 kilómetros de distancia, en la localidad de Las Grutas.
Sin embargo, el planteo fue rechazado por el juez de Garantías Gastón Pierroni y posteriormente confirmado en la instancia de revisión. La Justicia consideró que el riesgo procesal permanece «latente» debido a la gravedad del hecho y la necesidad de resguardar a los testigos y a la propia víctima antes del juicio.
Pruebas pendientes y protección integral
La decisión de mantener al imputado tras las rejas también se fundamenta en las diligencias que aún restan realizar, entre ellas una pericia social forense y una evaluación psicológica detallada. La fiscalía subrayó que estas medidas son fundamentales para avanzar hacia un eventual juicio por jurados, dada la calificación legal del caso.
El magistrado interviniente enfatizó que, en contextos de violencia de género, el Estado tiene el deber de actuar con «debida diligencia reforzada». De esta manera, se ratificó que la prisión preventiva es la medida necesaria para garantizar que la investigación llegue a término sin interferencias del acusado, quien permanecerá detenido mientras se completa la etapa preparatoria.
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