La Justicia en Bariloche pone freno a los descuentos por préstamos en el salario de estatales

El apremio que enfrentan los trabajadores del Estado provincial cuando se endeudan en exceso y sufren quitas salariales que llegan al 90% solo encontró respuesta hasta ahora en la instancia judicial, que suele emitir fallos en favor de los demandantes, con la imposición de que esos descuentos no superen el 20% de los haberes.

En la última semana la Cámara Laboral I de Bariloche dictó sentencia definitiva en el caso de una docente y otorgó una medida cautelar en favor de otra, hasta resolver la cuestión de fondo, con resoluciones de contenido similar. En ambas situaciones aplicó el techo del 20% para preservar sus salarios.

En el primer fallo los camaristas Alejandra Autelitano, Juan Frattini y Juan Lagomarsino atendieron el reclamo de una educadora que pidió “que se suspendan o subsidiariamente que se limiten al máximo del 20%” las deducciones sobre sus haberes” por créditos contraídos con las mutuales Mutregsur, Amser, Mepuc y Credit Amvi, luego de “situaciones familiares y personales” que la impulsaron a endeudarse.

Relató las gestiones realizadas en el área de liquidación de sueldos del ministerio de Educación para que apliquen algún tope a los descuentos, sin resultado alguno.

El salario tiene «carácter alimentario»

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La Cámara Laboral ya había otorgado una medida cautelar en ese expediente el último 4 de julio y ahora falló en forma definitiva. Según los jueces, “parece claramente desacertado que en sede administrativa se permita efectuar descuentos sobre los haberes del trabajador que ocupen una parte sustancial, sino total, del salario mensual”.

Recordaron que el salario tiene “carácter alimentario”, que está tutelado por la Constitución y también por el convenio 95 de la OIT, según el cual la contraprestación económica por el trabajo “deberá estar protegida contra su embargo o cesión en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y su familia”.

Observaron como un contrasentido que “una simple deducción administrativa” por un crédito particular pueda impactar más sobre el salario que un embargo judicial, sometidos por regla a un estricto control y “supervisión jurisdiccional”.

Según el análisis efectuado por el tribunal, en Río Negro regía el decreto 1.485/18, según el cual los descuentos por devolución de préstamos “no podían exceder el 50% del monto del haber neto”. Pero otro decreto en 2020 “dispuso la suspensión” de esa cláusula, y lo dejó liberado.

Señalaron que esa medida continúa vigente varios años después y “frente a la ausencia actual de regulación específica provincial corresponde aplicar analógicamente la limitación establecida en el decreto ley 6754/43 ratificado por la ley 13.894”, que establece el 20%.

En otra decisión de la misma fecha la Cámara Laboral I otorgó una medida cautelar en el mismo sentido a otra docente y limitó las retenciones sobre sus salarios a un máximo del 20%.

Los denunciantes llegan ante una situación «desesperante»

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La abogada que patrocinó el primer caso, Fernanda Clavero, dijo que ya realizó varias presentaciones similares. Señaló que las trabajadoras que terminan por recurrir a la Justicia lo hacen en situación “desesperante”, al recibir recibos salariales con un “cero” en el casillero del neto a cobrar. Otras, si tienen hijos a cargo, solo perciben el salario familiar, porque ese adicional no puede ser afectado.

Dijo que las condiciones de los créditos son abusivas y los intereses aplicados altísimos, por lo cual tiene planteadas otras demandas enmarcadas en el derecho del consumidor, pero “esas van a la Justicia Civil y demoran mucho más”.

También señaló que por lógica el Estado, como empleador, debería desalentar la toma de nuevos créditos por parte de sus empleados cuando ya acumulan muchas deudas, pero no lo hace. Señaló que hay allí también un interés económico porque las mutuales pagan un 1,5% a la provincia por la gestión de cobro.

La toma de préstamos «un problemón», dicen desde Unter

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La secretaria general de Unter Bariloche, Adriana Lizaso, admitió que la toma de préstamos que se pagan con descuentos regulares del salario se transformó en “un problemón”, que “ha crecido mucho”, y que los perjudicados acuden al gremio cuando la situación ya es crítica.

Allí les brindan asistencia jurídica para que demanden en busca de un límite en las retenciones, que el propio Ejecutivo provincial no tiene interés en aplicar.

Lizaso dijo que “por lo general las personas que acuden a este tipo de auxilios financieros lo hacen en situaciones desesperantes, por un problema de salud, por una renovación de alquiler o tal vez por un problema mecánico inesperado que los deja sin auto” y que les demanda sumas de dinero que no pueden conseguir de otro modo.

Señaló que “todo está armado” para ofrecerles esa clase de operatorias. Dijo que “las mutuales son varias pero funcionan como una sola, son un circuito”, al punto de que “en un solo local hay varios escritorios, cada entidad tiene el suyo, y el trabajador puede ir de uno a otro tomando distintos créditos”.

Señaló que desde el gremio realizan un “seguimiento permanente de la problemática” pero no pueden más que brindar asesoramiento legal a los endeudados. Y también les interesa “investigar qué hay detrás” de la falta de controles por parte del Estado y del beneficio económico que percibiría la administración.

Una nota reciente de este medio reveló que en la provincia hay casi 19.000 empleados que acumulan deudas contraídas con entidades autorizadas para aplicar deducciones sobre los salarios. Y la mitad son docentes. El volumen de préstamos a julio pasado era de 7.900 millones de pesos. El sector más gravemente afectado son los porteros, para los cuales la retención salarial promedio llega al 67%.